La incongruencia de un gobierno que sigue afirmando “primero los pobres” y mantiene prioridades de política pública que poco tienen que ver con el discurso del “bienestar” y la “justicia social” se comprueba una vez más, por desgracia, en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de las Federación 2024 (PPEF) que el congreso habrá de revisar y debería modificar en las próximas semanas.
Este proyecto, en efecto, reincide en disminuciones y aumentos ridículos a instancias encargadas de garantizar el derecho humano de todas las personas a la salud y a la cultura, entre otras, y el derecho de las mujeres a una vida sin violencia y en igualdad, instancias que por tanto no podrán cumplir su cometido.
En contraste, como ha sucedido desde 2019, se comen gran parte del presupuesto de egresos el proyecto militarista, cada día más evidente y voraz, y el proyecto populista-electoral, basado en subsidios individuales directos (pensiones y becas). Si tomamos en cuenta que, de mantenerse este PPEF2024, aumentará el déficit fiscal y la deuda pública alcanzará el 48.8 por ciento del PIB, según datos de Fundar, debemos preguntarnos y preguntarle al Congreso para qué nos vamos a seguir endeudando?
¿Se justifica este déficit con tal de no hacer una reforma fiscal que grave a los más ricos o que regule los beneficios fiscales a las grandes empresas, como sugiere Fundar en su reciente análisis del PPEF2024? ¿Se justifica seguir gastando cientos de miles de millones de pesos en militarizar al país y seguir empoderando a las fuerzas armadas, en imponer proyectos necolocoloniales como el Tren Anti-Maya y el corredor transístmico, en mantener el pozo sin fondo de PEMEX?
En contraste, no hay suficiente dinero para fortalecer el sistema de salud – minado además por una pésima administración-, ni para prevenir y sancionar la violencia o investigar las desapariciones aun cuando se agudizan los daños de la violencia machista que no da tregua, se multiplican las personas desaparecidas. Tampoco hay dinero, dicen, para garantizar el derecho a la cultura, al grado que se recortan los recursos para bibliotecas y la promoción del cine, cuando en estas épocas obscuras el acceso a la cultura es fundamental.
Como plantea Fundar, “Sin recursos no hay derechos” ¿Cómo va a mejorar el sector salud en general si solo recibe el 2.8 por ciento del PIB en vez del 6 por ciento que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) y si persisten los malos manejos y la opacidad en el uso de recursos? ¿Qué derecho a la salud pueden ejercer los millones de personas sin seguridad social, atrapadas entre el caos de la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y la construcción desordenada del IMSS-Bienestar, cuando no se asignan recursos suficientes a las instancias que deben atenderlas?
¿Cuándo pondrá un alto el Congreso “de la paridad” a la manipulación del Anexo 13, donde deben concentrarse los presupuestos etiquetados para programas que promuevan la igualdad de género? Como ya es costumbre, la mayoría de los recursos del Anexo (ahora el 89 por ciento) se concentran en programas sociales prioritarios para el gobierno, sin perspectiva de género ni impacto alguno en las desigualdades de género.
En cambio, de nuevo se reducen los fondos o se otorgan aumentos ridículos a programas que sí benefician a mujeres y niñas:
- +0.24 por ciento al PROIGUALDAD
- 0.02 por ciento a Refugios
- 1.4 por ciento a prevención de violencia, todos con menos de 500 millones de pesos
- -0.3 al programa de apoyo a hijos/as de madres trabajadoras
- -3.4 por ciento a salud materna en este anexo
Recordemos además que ni las guarderías ni las estancias de tiempo completo forman ya parte de la agenda gubernamental. Se incluye “La escuela es nuestra” que nada tiene que ver con la igualdad de género puesto que corresponde a la obligación gubernamental de mantener las escuelas (y utópicamente, mejorarlas).
A la negación de derechos fundamentales como el derecho a la salud y a la igualdad, se añade el desdén gubernamental por la crisis humanitaria que significan las más de cien mil desapariciones y la falta de compromiso del gobierno con la búsqueda y la protección de buscadoras y defensoras, también patente en la falta de presupuesto, como señala Fundar.
Además de cumplir con una obligación, si el Estado otorgara suficientes recursos financieros y humanos para estos fines, contribuiría a reparar el daño a miles de familias y cientos de colectivas de buscadoras.
Además de otros derechos minados u obstaculizados, como el derecho a una educación de calidad que se ha deteriorado con base en la improvisación y arbitrariedad, hay que subrayar por último el desmantelamiento del sistema cultural a manos de una administración que privilegia caprichos o financia proyectos a modo en vez de planear a largo plazo.
El tema es tan amplio que solo basta recordar que México invierte menos del 1 por ciento del PIB en cultura. Para 2024 se prevé el 0.39 por ciento. Esto incluye todavía mil millones para terminar el malhadado proyecto Chapultepec y un aumento colosal al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), no para mantenimiento de sitios y aumento de sueldos a su personal, maltratado por esta administración, sino para adquirir terrenos arqueológicos en Yucatán, presuntamente en torno al #Trendepredador.
La ironía es terrible: se han destruido cavernas y cenotes con restos arqueológicos, se ha castigado el salario de trabajadores y hay sitios sin vigilancia (según diversas denuncias); en otros estados, hay sitios patrimoniales dañados por los sismos de 2017 que no se han restaurado y ahora se comprarán más zonas arqueológicas en Yucatán, sin el dinero necesario para cuidar el patrimonio en todo el país.
Asfixiar con una falsa austeridad a la sociedad al negar el ejercicio de derechos sociales básicos a millones de personas atenta contra el bienestar que tanto pregona el Ejecutivo. El Congreso tiene la obligación de mirar fuera de la burburja gubernamental y responder a las necesidades de quienes habitamos este país.
Referencias: Fundar. Sin recursos no hay derechos. https://fundar.org.mx/publicaciones/sin-recursos-no-hay-derechos-analisis-del-paquete-economico-2024/
Quinto Elemento Lab. Patrimonio en ruinas a seis años de los terremotos de 2017. https://quintoelab.org/project/patrimonio-ruinas-terremoto-septiembre
