Ciudad de México.- De acuerdo con datos de la organización Impunidad Cero, de cada 100 delitos cometidos, 14 se resuelven y solo se denuncian 6, es decir, que de un delito que pudiera darse, la probabilidad de que se resuelva es de un 0.9 por ciento, una probabilidad nula, casi inexistente, de que se resuelva.
Más de 20 organizaciones sociales, colectivos, grupos de víctimas, activistas y academia, presentaron hoy, 17 de octubre, el colectivo #LaJusticiaQueQueremos, con la finalidad de transformar el sistema de justicia en México, en particular el desempeño de las fiscalías, tanto la federal como las locales, en aspectos tan básicos como sus capacidades (de investigación, presupuestales, persecución penal, transparencia, entre otras), la independencia de sus titulares, actos de corrupción, impunidad de fuerzas armadas ante violaciones de derechos humanos y el análisis de iniciativas de reformas que pueden implicar retrocesos e la procuración de justicia.
“En los últimos años ha habido un retroceso en la fiscalía general respecto a la ley orgánica y un cierre de los espacios de interlocución con el fiscal general; no sabemos donde está, ni de lo que se está ocupando. A eso se suma la falta de transparencia y rendición de cuentas en las fiscalías locales, ya que no es fácil obtener información y la falta de autonomía, seguimos viendo que las fiscalías son utilizadas como un espacio más de poder político para callar a las personas que les son incómodas y para proteger a las personas que quieren proteger”, señaló durante la presentación, Ana Lorena Delgadillo Directora de la Fundación para la Justicia y el Estado de Democrático de Derecho (FJEDD).
Otro de los objetivos importantes de este colectivo es que “la justicia tenga un piso parejo para todas las personas, ya que ésta no debe tener dos caras. De pronto, las fiscalías son el cuello de botella para poder acceder a una justicia pronta, para acceder a un juez o a una reparación integral”, comentó Lucía Chávez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Mexicana (CMDPDH).
Con el deseo de que la impunidad deje de ser costumbre en el país y bajo el lema “La justicia que tenemos no es la justicia que queremos”, las y los integrantes del colectivo señalan que el país está en un nivel de impunidad generalizada que supera el 90 por ciento y también supera el 90 por ciento de la cifra negra de gente que no quiere acercarse a las fiscalías.
“No es una opción para las víctimas acercarse a las fiscalías denunciar, si lo pueden evitar, prefieren hacerlo porque saben que de hacerlo serán víctimizadas”, comentó Delgadillo.
Situación confirmada por Raymundo Sandoval, de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, quien comentó que el pasado 7 de octubre se realizó la Séptima Reunión de la Unión Regional de Búsqueda del Bajío, en San Luis Potosí. En dicho evento, las familias de personas desaparecidas señalaron las tres principales preocupaciones que tienen ante las fiscalías y que son: la revictimización, la impunidad que es prácticamente absoluta y la falta de independencia de los poderes fácticos. Además, acusaron que la Fiscalía General de la República (FGR) no atrae casos locales, mientras que los fiscales locales inventan pruebas, como en el caso de Guanajuato, donde incluso las autoridades llegan a catalogar los homicidios dolosos como suicidios.
Los participantes de este movimiento de occidente, que aglutina a 18 entidades federativas (Guanajuato, Aguascalientes, Michoacán, Zacatecas, Jalisco, SLP, Querétaro y Nayarit, entre otras) coincidieron en que, en todos los casos, los fiscales locales se niegan a cumplir sentencias del poder judicial que obligan a reabrir los casos e investigarlos.
Para Grace Hernández, del Colectivo Búscame, quien lleva casi 15 años buscando a su hermano, la incapacidad de las fiscalías para la investigar los delitos se ve reflejada en la baja judicialización “la FGR tiene poco más de 1,800 carpetas en la fiscalía especializada en la desaparición de personas y de esas, únicamente tienen ocho judicializaciones. Además, de los más de 110 mil desaparecidos, solo hay 36 sentencias”, denunció la activista.
“Otro fenómeno que vemos es que las autoridades dejan la responsabilidad de hacer investigación y búsqueda a las víctimas ‘Si usted no me trae información, ¿qué quiere que yo trabaje?’, nos dicen. Y lo hemos hecho, pero aún así no hay investigación. Eso es parte de lo que necesitamos ayudar a transformar”, concluyó.
En este sentido, para Ana Lorena Delgadillo “las fiscalías deberían ocuparse de lo que más nos está doliendo en el país que son la criminalidad, las despariciones, los homicidios, la corrupción, de esto no hemos visto ningun resultado”.
Para Leopoldo Maldonado, de Artículo 19, a pesar de los esfuerzos de crear fiscalías especializadas de dotarlas de herramientas legales y técnicas para mejorar sus investigaciones, lo que se ha visto es que han ejercido facultades de atracción de manera discrecional con un criterio puramente político y también en algunos casos donde se trastocan ciertos intereses, los avances no son los que se esperan.
Un largo camino para encontrar justicia
El colectivo #LaJusticiaQueQueremos, deriva de varias acciones del pasado y de la experiencia de cada organización participante. Una experiencia previa fue la iniciativa Fiscalía que Sirva, que después, durante la pandemia se transformó en el Colectivo contra la Infodemia. Ahora, reagrupados para promover la justicia en el país, trabajarán en lo inmediato en cuatro puntos:
- Identificar y visibilizar las causas que impiden el acceso a la justicia plena en México
- Sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de que las autoridades respeten y garanticen la autonomía de las fiscalías y la independencia judicial y promover el acercamiento y conocimiento de estos dos pilares de la cemocracia y del Estado de Derecho.
- Promover el equilibrio de poderes para salvaguardar la independencia judicual y la autonomía de las fiscalías
- Fortalecer las capacidades de las instituciones de procuración y administración de justicia, para prevenir violaciones a derechos humanos.
En total son 27 organizaciones nacionales, tres internacionales y varios colectivos y personas activistas en derechos humanos quienes integran el colectivo. Organizaciones: Fundación para la Justicia (FJEDD); México Evalúa; México Unido contra la Delincuencia; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Mexicana; Observatorio de Designaciones Públicas; Artículo 19; Colectivo Búscame – Buscando Desaparecidos México; Magistrada Ya; Instituto de Justicia Procesal Penal, AC; Sin Fronteras IAP; Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato; Impunidad Cero; Mexico A.C.; BORDE; Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL); Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano (DLM); Centro de Investigación de Crímenes Atroces (CICA). Colectivo de buscadoras : Justicia Pro Persona A.C.; Colectivo de Buscadoras de Guanajuato; Colectivo Justicia y Esperanza; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León; Justicia Transicional en México (JTMX); Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ (ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara); Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC). Así como tres organizaciones internacionales: Fundación para el Debido Proceso; Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y Cyrus R. Vance Center for International Justice.
