Ciudad de México.- “La inclusión de las mujeres en la toma de decisiones no es una concesión, sino un derecho, por lo que la paridad debe ser entendida como una garantía constitucional y luchar por que forme parte de los principios rectores del Estado”, así enfatizó la diputada Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en su participación durante la novena Cumbre de Presidencias Parlamentarias del G20 (P20), realizada el 13 y 14 de octubre en Nueva Delhi, India,
Guerra Castillo indicó que las mujeres son pieza fundamental para construir sociedades incluyentes, pues cuando se apoderan de la agenda y los países logran alcanzar la paridad, se está cumpliendo con los objetivos trazados en la Agenda 2030.
Al tener la paridad como principio constitucional, se segura que las mujeres ocupen los cargos de más alto nivel y participen en la toma de decisiones más relevantes. Y señaló algunos ejemplos: en el Poder Legislativo hay una composición paritaria en sus dos cámaras, las que, además, son presididas por mujeres.
“En el caso del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se conforma por 11 integrantes, de las cuales, 4 son mujeres y una de ellas preside dicho poder. En el Poder Ejecutivo, de los 19 Ministerios o Secretarías de Estado, 9 son dirigidos por mujeres y de las 32 entidades federativas que conforman nuestro país, 9 entidades tienen una gobernadora”, explicó
Por otra parte, las presidencias de los órganos constitucionales autónomos, como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), también son presididos por mujeres.
La Cumbre de presidentes de Parlamentos del G20 (Cumbre P20) reúne a las y los líderes de los Legislativos del G20 y de países invitados quienes comparten alternativas que promueven la gobernanza global y el mejor abordaje de los problemas con soluciones eficaces desde las normas parlamentarias.
El evento titulado “Parlamentos por una tierra, una familia, un futuro”, se desarrolló en cuatro sesiones: Transformación de los derechos de los pueblos, Plataformas digitales públicas, Transición energética sostenible y Desarrollo liderado por mujeres para acelerar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A dicho evento asistieron las presidentas del Senado y de la Cámara de Diputados, Ana Lilia Rivera Rivera y Marcela Guerra Castillo.
El antecedente
Actualmente se discute en Comisiones Unidas de Prerrogativas y de Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral (INE), el acuerdo por el que se busca garantizar que al menos haya cinco postulaciones de mujeres por parte de los partidos políticos para la elección de gubernaturas en los comicios de 2024, no obstante las consejerías locales de partidos como Movimiento Ciudadano, Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) han mostrado resistencia a ejercer este principio.
A raíz de la reforma constitucional de 2019, en 2021, año en que se renovaron 15 gubernaturas, el INE emitió un acuerdo para obligar a los partidos políticos a postular mujeres en al menos siete entidades. Este proceso electoral dejó a seis gobernadoras al frente de: Baja California (Marina del Pilar Ávila Olmeda), Campeche (Layda Sansores San Román), Colima (Indira Vizcaíno Silva), Chihuahua (María Eugenia Campos Galván), Guerrero (Evelyn Salgado) y Tlaxcala (Lorena Cuellar Cisneros).
Para 2022 el Consejo General del INE aprobó criterios con la finalidad de que los partidos políticos nacionales realizaran modificaciones a sus documentos básicos para garantizar la paridad sustantiva a través del criterio de competitividad en las postulaciones a las gubernaturas. Asimismo, estableció que deberían postular al menos a una mujer en las candidaturas de gubernaturas para las elecciones de Coahuila y Estado de México a realizarse en 2023.
Ese mismo año el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la decisión del INE determinó que este órgano solo tendría competencia en las entidades cuando había una omisión legislativa”.
En 2024 nueve entidades elegirán gubernatura y jefatura de Gobierno: Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, además de la Ciudad de México.
En ese sentido, en una entrevista previa con la consejera Dania Ravel explicó que para este proceso electoral, hay dos entidades donde sí hay legislación relacionada a garantizar paridad, estas son Jalisco y Yucatán.
Pero en ambos estados “la legislación es muy amplia”, explicó la consejera. “Jalisco dice que se garantiza principio de paridad en términos que determinen las autoridades electorales, en realidad eso no es nada y nos está dejando la competencia a nosotros”.
Mientras que “Yucatán dice que se va a garantizar el principio de paridad, pero además habla de alternancia, pero esta tendría que ocurrir considerando lo que pase en las elecciones”, añadió.
“Por lo que, aunque tengamos dos entidades con legislación, pero ausencia en otras y además los términos en que están regulado Jalisco y Yucatán, me parece que sí tenemos competencia para emitir un acuerdo para que exista paridad en las gubernaturas”.
