Ciudad de México.- La fecha para garantizar libertad a Kenia Hernández Montalván no está cerca, al menos así lo han dejado ver las autoridades mexicanas, quienes no han frenado la persecución judicial, criminalización y una serie de diversas violaciones a los derechos humanos de la defensora, detenida hace tres años y que al día de hoy permanece en prisión siendo protestar su único “delito”.
Precisamente a tres años de su detención, la nueva gobernadora del estado de México, Delfina Gómez Álvarez, podría ser pieza clave para la libertad de Kenia, quien hasta la fecha enfrenta nueve causas penales y dos sentencias, ambas dictadas por el Poder Judicial mexiquense.
Aunque existe una división de poderes y Gómez Álvarez dirige el ejecutivo estatal y no tiene facultades de liberación, podría colaborar con recursos suficientes para la visibilización del caso y aportar recursos para su defensa.
Kenia Hernández Montalván, integrante del Colectivo “Zapata Vive” y defensora de los derechos de mujeres y pueblos indígenas, ha pasado más de mil días en prisión, lo anterior como parte de una persecución en su contra iniciada por autoridades del estado de México en el año 2020.
La defensora fue detenida, sin orden de aprehensión, el 6 de junio de 2020 junto a tres menores de edad en la caseta de cobro denominada La Hortaliza, en la carretera Toluca-Valle de Bravo, Estado de México, por elementos de la policía de la entidad, mientras se retiraba del lugar después de una protesta pacífica por la libertad de presos del Movimiento por la liberación de presos políticos de Guerrero.
Kenia estuvo en prisión preventiva en la cárcel de Chiconautla en Ecatepec hasta el 11 de junio de 2020. En ese momento la Fiscalía del estado de México inició investigación en su contra por el supuesto delito de robo con violencia cometido con arma de fuego, en agravio de dos particulares que habría sucedido meses atrás.
Debido a lo anterior Kenia Hernández fue vinculada a proceso judicial, mientras que la fiscalía solicitó la prisión preventiva oficiosa; sin embargo, se le impuso la presentación periódica ante el juez, como medida cautelar para garantizar su comparecencia a juicio.
Pero la persecución no se detuvo ahí. El 19 de octubre del mismo año Kenia fue interceptada por elementos de seguridad pública a la altura de la caseta de Amozoc, entre Puebla y Ciudad de México, lo anterior luego de una actividad realizada en una comunidad en Puebla que se mantenía en riesgo de ser despojada de sus tierras.
El vehículo en el que viajaba Kenia, junto a nueve personas más, fue interceptado por al menos 30 policías sin uniforme que se identificaron como elementos de la Guardia Nacional y que agredieron física y verbalmente a la defensora.
Subieron a Kenia a una patrulla y por varias horas no se tuvo conocimiento de su paradero. Cerca de las 2:00 am la defensora se comunicó con su familia para indicarles que la habían presentado al penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez en el Estado de México, por el delito de “robo con violencia”.
La defensora fue formalmente vinculada a proceso por el delito de robo con violencia moral, esta vez en perjuicio de la empresa Autovías Concesionadas Mexiquenses S.A. de C.V. El 24 de octubre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, nuevamente solicitó prisión preventiva oficiosa, la cual fue negada por el juez de control del estado de México.
En su lugar, se impuso la exhibición de una garantía económica y la colocación de localizadores electrónicos, con lo cual obtendría su libertad.
Sin embargo, a las 2:49 horas del 25 de octubre de 2020 se le hizo efectiva una nueva orden de aprehensión y fue trasladada al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, por ataques a las vías de comunicación cometidos en la caseta “la venta”, en la autopista Chilpancingo-Acapulco, denunciado por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal.
Tras estos hechos, el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca dictó sentencia condenatoria de 10 años y 6 meses el 19 de febrero de 2021 bajo los cargos de “robo con violencia”. Por otro lado, el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Ecatepec dictó sentencia condenatoria de 11 años y 3 meses el pasado 10 de marzo de 2022 bajo los mismos cargos. En total Kenia estaría enfrentando 21 años y 9 meses de prisión.
A lo anterior se suman nueve causas penales abiertas en su contra en cuatro diferentes entidades de México incluyendo Morelos, Guerrero, Guanajuato y el Estado de México. Kenia enfrenta los procesos y el acoso judicial mientras se encuentra detenida en la prisión de máxima seguridad Centro Federal de Readaptación Social Femenil (CEFERESO) No. 16, en el municipio de Coatlán, estado de Morelos.
Desde entonces hasta ahora, las violaciónes de los derechos humanos de Kenia Hernández han sido múltiples, recuerda la Federación Internacional por los Derechos Humanos, entre ellas se encuentran:
El derecho a comunicarse periódicamente con sus familiares y amigos; derecho a mantener la vinculación con el exterior; derecho a la salud, de acceso a la información, a la duración de jornada laboral adecuada; derecho al agua potable, a la alimentación de buena calidad, a estar presente en su juicio; al ejercicio físico y al deporte. Además de los derechos al depósito de objetos pertenecientes a las reclusas, a comunicarse con su defensor en forma confidencial, sin interferencia o censura; derecho de petición y a la no discriminación.
Colectivas exigen la liberación de Kenia
El 2 de octubre se dio por concluida la Huelga de Hambre realizada por mujeres que integran el colectivo “Haz Valer mi Libertad” en el Estado de México. Estos actos de protesta fueron realizados con el objetivo de que Delfina Gómez Álvarez mire a las personas que se encuentran presas de forma arbitraria, entre ellas Kenia Hernández.
Luego de varios días de huelga, las mujeres señalaron que fueron escuchadas por representantes del gobierno de Delfina Gómez, lo que les brinda un horizonte “esperanzador en la lucha por la justicia y libertad”.
Y a Kenia, le abriría la posibilidad de que su caso sea analizado desde una perspectiva de género y de derechos humanos. Tal como ocurrió en la Ciudad de México con Karime, quien en 2011 fue detenida con violencia, una tortura que derivó que ella se declarara culpable por el delito de robo a casa habitación. Desde ese año se encontraba en prisión, enfrentando un proceso plagado de irregularidades y lejos de su familia, su hijo e hija, junto a quien fue detenida hace 12 años.
La noche del pasado 4 de octubre Karime finalmente fue liberada. Lo anterior gracias a un beneficio preliberacional promovido por las autoridades de la Ciudad de México.
Se debe garantizar trato digno a Kenia Hernández
En el marco de la visita del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias a México hace un par de semanas, la diputada Evangelina Moreno Guerra (Morena) informó a los especialistas, quienes documentan y emiten recomendaciones relacionadas con detenciones arbitrarias, sobre el caso de Kenia Hernández Montalván.
Además, la diputada recordó que, en la conferencia matutina del 30 de diciembre de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, sería quien atenderá el caso de la activista amuzga Kenia Hernández.
Derivado de ello hizo llegar a Rosa Icela Rodríguez un oficio solicitando lo siguiente:
1.- Garantizar un trato digno a Kenia Hernández en el reclusorio federal en que se encuentra.
2.- Coadyuvar y coordinarnos tanto la SSPC, así como la red de legisladores con la defensa jurídica de Kenia Hernández y valorar la posibilidad de un traslado a otro penal que no sea de máxima seguridad.
3.- Gestionar una reunión de trabajo con la parte acusadora, es decir Caminos y Puentes Federales (Capufe), para intentar negociar un acuerdo reparatorio.
Y es que cabe recordar que la propuesta de un acuerdo reparatorio, que podría ayudar a la liberación de Kenia, ha sido negado en más de una ocasión por Capufe, por lo que su equipo legal continúa en la exigencia que le permita a la defensora ser exonerada de los cargos que enfrenta por el ejercicio de su labor.
