Ciudad de México.- El actual pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales dio vista a su Órgano Interno de Control (OIC) para que iniciara una investigación contra Óscar Guerra Ford por el presunto uso de una tarjeta institucional en un table dance, cuando él era comisionado del INAI en el 2014 y que lo llevó a renunciar a su cargo como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, pero desde entonces dicha información fue ocultada hasta ahora que se hace de dominio público.
De esta forma, el INAI afirmó que actuará con todos los recursos administrativos y de fiscalización disponibles, a fin de aclarar este y cualquier acto que pudiera considerarse contrario a la legislación y normatividad mexicanas, especificó el Instituto en un comunicado.
La investigación de los gastos del excomisionado Óscar Guerra revela que pagó con su tarjeta corporativa poco más de 18 mil pesos en un establecimiento para adultos, conocido como table dance, el cual opera en la Ciudad de México, pero en este caso también hay otro implicado que es secretario del INAI, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, quien también presentó su renuncia al cargo que desempeñaba, a fin de facilitar las investigaciones, señalaron las autoridades del Instituto.
En medios de comunicación circuló la información de que en 2014, el INAI determinó ocultar los gastos que realizaba Guerra Ford de carácter personal, quien ocupaba el cargo de secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, estos pagos los hizo con una tarjeta corporativa del Instituto, recursos que forman parte del erario público, y que el excomisionado utilizó en un table dance en al menos tres ocasiones.
En los estados de cuenta de la tarjeta corporativa American Express quedaron asentados cargos en el local que se conoce como Curazao, ubicado en Insurgentes Sur, en la alcaldía Álvaro Obregón.
El 22 de agosto de 2014 se realizó un cobro a la tarjeta del INAI usada por Guerra Ford por dos mil 350 pesos y al día siguiente se efectuaron dos cargos más, uno por 14 mil 523 pesos y otro por tres mil 538, dichos pagos da un total de en este establecimiento fue de 18 mil 61 pesos.
En septiembre de 2018, la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) realizó un operativo para catear el Curazao, ya que había presuntas denuncias de trata de personas y explotación sexual.
De acuerdo como una investigación, Óscar Guerra Ford hizo de 94 gastos con la tarjeta institucional del INAI, pero el pleno decidió no dar a conocer esta información, presumiblemente a cambio de que liquidara después los gastos, por eso se ocultó esa información por 10 años, y los comisionados en ese momento: Areli Cano, Francisco Javier Acuña, Joel Salas, Patricia Kurczyn, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Ximena Puente la declararon información reservada.
El Instituto de Transparencia dio como argumento para catalogar la información como confidencial que los movimientos bancarios “permiten identificar conceptos de gastos que fueron solventados con el patrimonio de una persona física, lo que daría cuenta de su patrimonio y su capacidad económica”.
Ante esa situación, el nuevo pleno del INAI decidió iniciar el proceso para revisar esos hechos y se declararon en espera de que el OIC haga las investigaciones necesarias para actuar conforme a lo que señale el estado de derecho.
Destacaron que ni las comisionadas ni el comisionado que actualmente conforman del INAI fueron parte del pleno que, hace más de siete años, conoció y resolvió sobre el caso, como una forma de deslindarse de cualquiera que sea el criterio por ocultar información; además, invitaron a quienes conforman el Consejo Consultivo del INAI a una reunión de trabajo para que conozcan información clara y precisa sobre el caso.
¿Quién es Óscar Guerra Ford?
El periodo de Óscar Guerra Ford como comisionado concluyó en marzo de 2022, pero el pleno del Instituto lo reubicó como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia.
En su trayectoria académica fue Maestro en Ciencias Económicas por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Se desempeñó también como profesor de tiempo completo definitivo, con licencia, sin goce de sueldo, en la Facultad de Economía de la UNAM, en la cual tiene una experiencia de más 34 años, fue distinguido en el año 2000 con el Premio Universidad Nacional a Jóvenes Académicos.
En otros cargos públicos del INAI estuvo como: Comisionado Ciudadano Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) de marzo de 2006 a mayo de 2014, también fue comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en mayo de 2014
Actualmente, se desempeña como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, tras concluir su periodo en marzo de 2022 como comisionado.
Cifra de mujeres víctimas de trata incrementa
Con información de Berenice Chavarría Tenorio
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la cifra de mujeres víctimas de trata de personas ha ido en incremento durante los últimos cinco años.
En 2018 a nivel nacional se registraron 369 casos de mujeres víctimas de trata de personas, en 2019 la cifra se incrementó a 406; para 2020 hubieron un total de 458 casos. En 2021 el registró marcó 509 casos, mientras que en 2022 la cifra creció a 589.
Dicho delito tiene una estrecha relación con el de desaparición; sin embargo, en la región de América Latina y el Caribe no se cuenta con datos estadísticos integrados y contextualizados sobre ambos delitos lo que ha provocado que el desarrollo de políticas públicas para atender dichas problemáticas no sean una prioridad, destaca el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI).
En su Diagnóstico regional sobre datos de desapariciones y trata de mujeres. Recomendaciones de política pública, el Mecanismo destaca que existen pocos datos estadísticos disponibles sobre estos delitos. Dicha información no integra los fenómenos y les otorga un tratamiento de delitos autónomos, aún cuando existe entre ellos una conexión y un contexto.
“El femicidio/feminicidio, la trata y desapariciones de mujeres y niñas constituyen expresiones extremas de la violencia de género contra las mujeres y las niñas y graves violaciones a sus derechos humanos, por lo que deben ser abordadas desde las relaciones y conexiones que surgen de los múltiples contextos en los que se expresan, la centralidad de los derechos de las víctimas, las estrategias y mecanismos de manifestación de los fenómenos, sean estos fruto de la acción de particulares o del Estado o de su omisión”, señala el diagnóstico.
MESECVI destaca que las instituciones de los Estados parte se resisten a incluir un enfoque de género en el análisis de delitos como desaparición y trata de personas, por lo tanto no se comprende la magnitud del problema provocando que las estadísticas y las investigaciones penales “no den cuenta de sus vínculos”, tampoco demuestren los factores de vulnerabilidad y los riesgos asociados a la violencia de género.
Por ello, MESECVI resalta la necesidad de que se fortalezcan los marcos normativos relacionados con la creación y sostenimiento de sistemas de información, registros administrativos y producción estadística de género que muestren el nexo entre ambos delitos.
“La obligación de producir información cualitativa y cuantitativa sobre las causas e impactos de la trata y desaparición de mujeres y niñas como formas extremas de la violencia de género y la unicidad de un discurso legislativo basado en derechos humanos que contribuya a develar las problemáticas y su raíz en las discriminaciones y desigualdades de género. La consolidación de los sistemas estadísticos nacionales y las estadísticas de género tiene una base importante en la normativa legal”.
Lo anterior permitirá promover la adopción de políticas públicas de prevención de la desaparición y la trata de mujeres y niñas como una prioridad de los Estados. También se podrán esclarecer los contextos de mayor preocupación por la presencia de crimen organizado, conflictos armados, zonas de desregulación o de débil cohesión social, zonas de frontera o de extractivismo intensivo y extensivo.
RMT/LOA
