¿Apoyaría usted a una organización cuyos objetivos públicos son proteger a las poblaciones más vulnerables, en particular a niños, niñas y adolescentes (NNA), acabar con la pobreza extrema, combatir el trabajo infantil, el trabajo forzado y mejorar las condiciones laborales en el campo, y que, además, busca también acabar con la trata, la violencia y la explotación de NNA?
Estos objetivos admirables se centran en problemas urgentes que dañan efectivamente a la infancia y la juventud, sobre todo en países como México, en América Latina y África.
¿Qué pensaría usted si resulta que ésta es una organización internacional, fundada y basada en Estados Unidos, con mucho dinero, entre otros fondos de USAID, la agencia de desarrollo internacional de EU, y del Departamento del Trabajo? ¿Y si el capítulo mexicano de esa organización internacional incluye entre sus vías de acción “incidir en las políticas públicas”? ¿Y si ya trabaja en 14 países de Latinoamérica y en 26 estados del país y ha hecho convenios con numerosos gobiernos estatales y sobre todo municipales porque los considera la mejor vía de incidencia?
¿Y si, por último, se trata de una organización cristiana cuya misión, según su página oficial, es trabajar “para promover la transformación humana, buscar la justicia y dar testimonio de las buenas noticias del reino de dios”: difundir los valores cristianos? Y si, además, se declara “provida”, es decir, antiderechos, aunque dice promover el espaciamiento de los embarazos?
La pregunta central aquí es no solo si esta organización evangélica, World Vision (Visión Mundial), puede promover valores cristianos a través de programas de “protección de la niñez” más vulnerable, sino, sobre todo, si en nuestra “República democrática, laica, representativa y federal” es legal y aceptable que gobiernos estatales y municipales firmen convenios de colaboración con una organización religiosa a la que permiten incidir en su política pública mediante programas de capacitación para el trabajo (Oaxaca), convenios contra el trabajo infantil y forzado (Jalisco), contra la trata (Cancún, Tlalpan), contra el trabajo infantil en el campo (BC y BCS, CHIH. con el programa “Cosecha Justa”).
¿Por qué y bajo qué criterio legal las representaciones locales y nacional de SIPINNA avalan con su presencia estos acuerdos? ¿Por qué la Secretaría de Salud y el DIF Nacional firmaron en 2021 un convenio con World Vision México para proteger los derechos de la niñez que incluye entre sus ejes temáticos “el diseño de políticas públicas” enfocadas en prevenir la violencia contra la infancia y demás objetivos ya señalados? ¿Por qué se alía SECTUR con WV para prevenir la trata en zonas turísticas? (30.VII.2023). ¿Por qué se ha permitido que WV “capacite” a funcionariado local acerca de violencia contra NNA con contenidos falaces que reproducen estereotipos de género y promueven la familia tradicional?
Sabemos que desde el Ejecutivo se han filtrado en la política inclinaciones religiosas que transgreden el espíritu y la letra de la Constitución. Sabemos que grupos y ONGs de derecha se han apropiado del discurso de los DDHH para promover políticas reaccionarias.
Ahora podemos observar que no importa el color del partido, desde municipios, estados y gobierno federal se ha abierto la puerta a una nueva evangelización desde el diseño de políticas públicas, campañas informativas, capacitación y, desde luego, trabajo en las comunidades.
¿Optan estas autoridades por semejante alianza por la “austeridad”? ¡Recibe recursos o suponen que pueden “subcontratar” a organizaciones financiadas desde el extranjero? ¿Acaso no hay especialistas y ONG’s sin “misiones” religiosas? ¿Por qué no han tomado en cuenta otras propuestas para combatir la pobreza extrema o prevenir la violencia, diseñadas en instituciones académicas y ONGs laicas en México?
Permitir o facilitar el trabajo de una ONG internacional y religiosa es muy distinto que sentarla a la mesa a diseñar o incidir en las políticas públicas ¿Acaso no son estados y municipios, SIPINNA, DIF, SECTUR responsables de diseñar esas políticas? ¿Podemos suponer que tal vez desde la propia SEGOB, en épocas de Adán Augusto López, se promovió la “cooperación” con World Vision?
Muchos convenios se firmaron entre 2021 y 2023, aunque hubo otros antes. Y si no, ¿dónde está SEGOB? ¿Podemos suponer que las direcciones de SIPINNA y el DIF Nacional están de acuerdo con la promoción de “métodos naturales” (como las cuentas de ciclo- “cycle beads”, es decir el añejo “rirtmo”) como método anticonceptivo? ¿Les parece correcto que se promuevan esterotipos de género que contrarian la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia?¿Acaso ignoran que existe una red internacional antiderechos que promueve no solo la penalización del aborto sino la restricción de anticonceptivos? ¿Dónde están CONAPO, INMUJERES y la propia SEGOB?
Mucho nos ha costado a las feministas y movimientos de mujeres defender nuestros derechos e ir accediendo hacia la igualdad, para que ahora desde gobiernos municipales y estatales se abra la puerta de atrás a una organización cristiana conservadora que manipula la religión para “transformar las mentes” en nombre del “reino de dios”.
Quizá haya que recordarles a las autoridades de todos los niveles y colores la experiencia del Instituto Lingüístico de Verano en Chiapas, que dejó un lastre de conflictos religiosos. O recomendarles que consulten en internet qué es World Vision y cómo grupos derechistas de Estados Unidos, inciden en el mundo a través de organizaciones con “buenas intenciones” y valores religiosos. Y enviarles un ejemplar de la Constitución con el artículo 40 subrayado:
“Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.
