El pasado 3 de noviembre, Maritza, una adolescente de 17 años de edad, originaria de Guatemala, fue expulsada de México por instrucciones de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Coahuila.
Maritza salió de su país de origen huyendo de la pobreza, la inseguridad, el crimen organizado, y con el sueño de alcanzar a sus hermanos en Estados Unidos.
Permaneció “albergada” en Acuña, aproximadamente 15 días, de donde no podía salir libremente -estos albergues trabajan a puertas cerradas como las estaciones migratorias-. Maritza pensó que, si no podía alcanzar a sus hermanos, tenía una tía en México que la podía recibir, pero su suerte ya estaba decidida por las autoridades migratorias, aunque en papel fue por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, “mañana pasamos por ti porque la Procuraduría ya decidió”.
Desde 2020, con la armonización de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Migración, donde se prohíbe la detención migratoria de niñez, adolescencia y sus familias, son las Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes las que deben trazar la Ruta de Protección Integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, siempre bajo el interés superior de la niñez, en la práctica, eso está lejos de suceder y las niñas, niños y adolescentes son devueltos a contextos violentos donde su vida corre peligro.
Conocimos a Maritza porque su tía nos pidió ayuda, nadie le daba información y solamente pudo hablar con su sobrina algunas ocasiones, pero jamás le dijeron que ella podía hacerse cargo de la adolescente para que se pudiera quedar en México -la Ley de Migración prevé la emisión de documentos migratorios provisionales de estancia por razones humanitarias para aquellas niñas, niños y adolescentes que viajan solos.
Las abogadas del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) la pudieron contactar y le dieron las opciones que existen en la Ley para ella; en realidad puede calificar para ser reconocida como refugiada en México, pero nadie analizó esa posibilidad. Pedimos a las autoridades del albergue apoyo para que la adolescente tuviera contacto con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) pero dijeron que eso no era posible porque la Procuraduría ya había tomado una decisión en el caso.
A partir de que el agente migratorio de México le dio la noticia de que sería enviada a su país, no volvimos a tener comunicación con Maritza, por lo que tuvimos que ejercer acción legal. IMUMI promovió un amparo, una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y avisó a la COMAR, pero nada impidió que el Instituto Nacional de Migración (INM) se saliera con la suya.
Como Maritza, durante el 2023 fueron devueltos a sus países de origen 113 mil 660 menores de edad, según datos de la Unidad de Política Migratoria; 6 mil 660 viajaban solos y 606 eran menores de 11 años de edad. 52 mil 376 de la niñez y la adolescencia cruzando una frontera, eran niñas y adolescentes mujeres.
La niñez que sale de sus países, lo hace buscando reunirse con su madre o padre, porque fallece su cuidadora en el país de origen, o porque tienen que salir de los peligros que implica quedarse en la tierra donde nacieron.
Esas devoluciones que para la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y el INM son rutinarias, para esas niñas y niños significa la oportunidad perdida de volver a empezar y tener una vida libre de violencia, con acceso a estudios, a jugar, a tener sencillamente, un nuevo inicio.
La deshumanización de la política migratoria en México ha caído en el extremo de retornar a la niñez porque “no hay mejores opciones aquí para ellas”.
