Ciudad de México.- En breve, el Parlamento Europeo conocerá el cúmulo de violaciones a los derechos humanos que suceden en el país, tal es el caso de la criminalización de personas defensoras de derechos humanos o la militarización de los territorios y sus impactos en estados como Morelos y Chiapas.
Así lo indicaron las y los integrantes de la Plataforma por la Paz en los Derechos Humanos México-Unión Europea, una alianza de 15 redes y organizaciones de derechos humanos en México y Europa, que desde hace dos años trabajan conjuntamente para dialogar, identificar casos, procesos, denunciar e incidir en el ámbito político europeo, para tener el acompañamiento institucional y presionar para que el gobierno mexicano implemente los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
“Estamos aquí acompañando y reconociendo que la promoción y la defensa de los derechos humanos son un compromiso y una responsabilidad internacional, de todas y todos en todas partes. Tanto en México como en Europa existe en acciones que vulneran y colocan el riesgo a los defensores de derechos humanos”, señaló en conferencia de prensa, Diana Riba, eurodiputada del Grupo de los Verdes/Alianza Libre de Europa.
La Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos en México, que llegó al país a finales del mes pasado (del 24 al 30 de noviembre), estuvo acompañada por representantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, quienes junto con representantes políticas, integrantes de instituciones públicas, academia, periodistas y activistas de la sociedad civil europea y mexicana, comprobaron y documentaron las violaciones a los derecho humanos, principalmente en la zona centro y sureste del país; visitaron la Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Chiapas.
El amplio grupo de expertos en derechos humanos, documentó las violaciones a los derechos humanos que enfrentan mujeres defensoras, comunidades indígenas, víctimas de desaparición forzada y desplazamiento, personas en situación de movilidad y periodistas. Además, se abordaron las consecuencias de la militarización del país y las violaciones vinculadas con la implementación de megaproyectos.
En su recorrido, reconocieron los desafíos globales que enfrenta el país respecto a la protección y la urgencia de colaboración y solidaridad internacional entre los pueblos para detener las violaciones a derechos humanos y llamaron a realizar acciones coordinadas.
Dentro de los principales hallazgos de la Misión se encuentran:
Criminalización de personas defensoras de derechos humanos. La Misión constató que la criminalización persiste para las y los defensores de derechos humanos. Conocieron el caso de Kenia Hernández, defensora indígena que sufre los impactos devastadores de la impunidad y la violación a sus derechos, al permanecer en condiciones inhumanas durante tres años en el penal de máxima seguridad Centro Federal de Readaptación Social femenino (Cefereso) número 16, ubicado en Morelos. Pese a las solicitudes previas enviadas al penal, a la Misión le fue negado el acceso para visitarla, comprobando así, en carne propia, la constante violación a los derechos de Kenia.
En Chiapas se observó la situación de los activistas tseltales Manuel Sántiz Cruz, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Domínguez sentenciados a 25 años de prisión, detenidos arbitrariamente y víctimas de fabricación de delitos por parte de la Fiscalía de Justicia Indígena, por oponerse a la imposición de proyectos de infraestructura en sus pueblos y comunidades, como fue su oposición a la instalación de un cuartel de la Guardia Nacional porque justo estaba ocupando territorios comunales, así como contra la militarización. La Guardia Nacional se ha ido apropiando del territorios de poblaciones originarias.
“Vimos que los penales están llenos de personas inocentes por las faltas en el debido proceso, como bien dicen los compañeros del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, los centros de detencion son entornos torturantes”.
“Vamos a mantener el diálogo y a seguir avanzando en el reconocimiento de que los problemas que hay en México de violencia, de guerra, de vulneraciones graves a los derechos humanos no pueden enfrentarse solamente desde aquí. Las personas defensoras de derechos humanos en México, nos han enseñado que las estrategias para defenderse deben de tener al menos tres vías: la jurídica, la social y la política y, en la parte política en algunas ocasiones es muy importante el respaldo internacional”, concluyó Pablo Ramírez de la organización catalana Taula per Méxic.
Militarización de los territorios y obstáculos para la autonomía. En Morelos y Chiapas se constataron los impactos negativos de empresas mineras y megaproyectos. Se observaron casos como el del Pueblo Creyente de Chicomuselo y el del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (Morelos, Puebla, Tlaxcala, FPDTA-MPT) en donde existen procesos de militarización vinculados a la imposición industrial. Además no se ha esclarecido el asesinato del defensor y comunicador Samir Flores, ocurrido el 20 de febrero del 2019.
“Algunos de los casos que hemos conocido han sido por protestar ante infraestructuras que están siendo construidas por empresas europeas. En este sentido, Europa tiene una responsabilidad muy grande en estas acciones y es importante, a nivel legislativo, que el documento que estamos redactando a partir de esta diligencia salga adelante. Además, se han identificado varios patrones de agresiones, criminalización y estigmatización, que no solo no han parado, sino que se han estado intensificando en el último año”, comentó la eurodiputada.
Los efectos negativos de la militarización también se observaron en el sureste, en los trayectos de la ruta migratoria en Tapachula: la población en movilidad humana afronta una vulnerabilidad constante y las personas defensoras que les acompañan viven riesgos y agresiones propiciadas e implementadas por las Fuerzas Armadas. El ingreso a la Estación Migratoria Siglo XXI fue negado, lo que representó un obstáculo.
Otro caso documentado fue el de Pascuala López, defensora de derechos humanos en riesgo, quien busca verdad y justicia tras el asesinato de su hijo y a pesar de contar con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las autoridades no han brindado la protección adecuada.
Llamado urgente
Como resultado de esta visita, las organizaciones que integran la Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos en México realizan un urgente llamado a las instancias gubernamentales a:
- Adoptar acciones coordinadas a nivel estatal y federal para garantizar el Derecho a Defender Derechos Humanos, fortaleciendo una labor conforme a derecho de instituciones clave como fiscalías, Mecanismos de Protección y Comisiones de Derechos Humanos.
- Garantizar el debido proceso y el Derecho a Defender Derechos Humanos de las personas defensoras que han sido privadas de su libertad, evitando cualquier forma de trato cruel e inhumano, propiciando su justa liberación y reparación.
- Implementar los estándares internacionales en materia de derechos humanos, fortaleciendo el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y diseñando una política pública integral para garantizar este derecho fundamental.
- Cesar el hostigamiento judicial contra la defensora indígena Kenia Inés Hernández Montalván. Solicitan su liberación inmediata y su traslado a otro centro penitenciario en la Ciudad de México o el Estado de México. Además, de una reunión entre la Lic. Rosa Icela Rodríguez, el equipo legal de la defensora, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y CAPUFE para buscar un acuerdo reparatorio.
La Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos en México tuvo el respaldo de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras, Red de Defensoras de Derechos Humanos, Grupo de Trabajo de Política Migratoria, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, el Espacio OSC, la Red por los Derechos de la Infancia; la Red EULat, la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), PBI México, Sipaz, SweFOR, ACAT Francia y Taula per Mèxic, integrantes de la “Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos México – Unión Europea.
