Ciudad de México.- El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) solicitó al Estado Mexicano que se otorguen las medidas de protección en favor de la defensora Pascuala López López, debido a los hechos de violencia que continúan poniendo en riesgo su vida e integridad física así como la de su núcleo familiar y de la comunidad. La solicitud núm. 210/2023 fue emitida el 2 de octubre de 2023.
Pascuala López es una defensora comunitaria de derechos humanos. Originaria del Ejido El Pinar, Cuxtitalli, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Su labor ha sido puesta en riesgo por el actuar de un grupo armado que opera en su localidad. Las agresiones y amenazas se han desarrollado en distintas ocasiones, están ligadas a su labor de búsqueda de justicia y verdad para su hijo asesinado. Entre estos hechos resaltamos un intento de feminicidio y la quema de su casa durante 2022 y 2023, respectivamente.
A principios de febrero de 2023 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó que se ejecutarán medidas cautelares en su favor. El Estado mexicano ha sido omiso y no ha proporcionado medidas efectivas de protección con perspectiva de género, interseccionalidad y de interculturalidad.
Así mismo el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), hasta el momento ha dictaminado un nivel de riesgo medio, sin considerar las diversas manifestaciones de hechos violentos, agresiones, amenazas, hostigamiento e intento de homicidio.
Desde la CEDAW manifestaron su preocupación por las violaciones de Derechos Humanos cometidas en agravio de Pascuala López, que vulneran su derecho a la no discriminación en contra de las mujeres, a la falta de prevención y protección, al derecho a investigar y sancionar la discriminación, por lo que instaron al Estado mexicano a :
- Emitir las medidas de protección con enfoque de género, interseccionalidad e interculturalidad necesarias, con el fin de proteger y salvaguardar la vida e integridad física de Pascuala López López y su núcleo familiar acorde a lo solicitado por la CIDH y la CEDAW.
- Se ponga fin a todo acto de violencia y se brinden garantías para restituir la paz y la tranquilidad en la comunidad Ejido el Pinar Cuxtitali en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
- Se brinden garantías para el desarrollo de la asamblea en su comunidad y se lleve a cabo el nombramiento de las autoridades ejidales como una de las acciones en ruta para garantizar la construcción de procesos de paz.
- Se garantice el debido proceso, seguridad jurídica, derecho de audiencia de las diversas denuncias penales interpuestas para evitar todo acto de impunidad en agravio de Pascuala López.
- Tomar las medidas necesarias para garantizar la protección de Pascuala López López, en particular durante su audiencia como testigo el 6 de octubre de 2023 y durante las próximas elecciones en su comunidad.
- Se investigue el intento de feminicidio en contra de Pascuala López.
El antecedente
El 1 de febrero de 2023 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por medio de la resolución 3/2023 otorgó medidas cautelares en favor de Pascuala López y su núcleo familiar debido a la situación de riesgo ante las amenazas, hostigamiento y hechos de violencia que han sufrido por parte de un grupo armado que opera en el Ejido el Pinar, Municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, con la aquiescencia del Estado mexicano.
Pascuala López es defensora de la tierra y territorio en su ejido quien tras el asesinato de su hijo comenzó una lucha en búsqueda de justicia y reparación. A raíz de estos acontecimientos ha sido amenazada por grupos delincuenciales, de lo cual tienen información servidores públicos, sufriendo un intento de homicidio con el fin de silenciar su voz. La defensora comunitaria se ha pronunciado ante la violencia, impunidad y el escenario de macrocriminalidad que impera en la región.
La CIDH documentó que el gobierno federal y estatal tienen conocimiento del caso y decretó que el Estado mexicano tenía y tiene que adoptar medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de Pascuala López y sus familiares, así como prevenir actos de violencia en su contra e investigar a los agresores, dado que esta situación se agravaba por la falta de avances sustantivos en la sanción de los responsables de los eventos de riesgo.
Manifestaron que durante el proceso, el Estado Mexicano se ha mostrado omiso e insuficiente para atender la situación de vulnerabilidad. En 2022 fue rechazada la solicitud de incorporación al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas operado por la Secretaría de Gobernación. No obstante, la CIDH consideró que se trata de un caso grave y urgente “toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable”.
Por tanto, se dijo que ante la nueva solicitud de incorporación al Mecanismo de Protección, las autoridades mexicanas tenían y tienen la oportunidad de evaluar el caso con un enfoque de interculturalidad, género y pueblos indígenas, para garantizar la vida, integridad física y otorgar la protección necesaria.
En lo que va del 2023, es la tercera resolución que emite la CIDH en contra del Estado Mexicano en favor de defensoras y defensores de los derechos humanos. En ellas reconoce la situación de violencia e impunidad en el país. El 22 de enero del presente concedió las medidas cautelares 1/23 en favor de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz ordenando su localización y paradero, quienes se encuentran desaparecidos desde el 15 de enero en el estado de Michoacán; y la 2/23 a favor de once integrantes de la Comunidad Jesuita de Cerocahui en la Sierra Tarahumara, Chihuahua en donde el año pasado fueron asesinados dos sacerdotes, por lo que se ordenó la protección de 11 personas que integran la comunidad jesuita de Cerocahui, Tarahumara, municipio de Urique, Chihuahua.
Ante los hechos desde la Secretaría Ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) exigieron al Estado mexicano acatar la resolución de la CIDH en favor de la defensora Pascuala y su familia para protegerlas con el fin de que tengan acceso a una vida libre de violencia y justicia, así como el cumplimiento de las recientes medidas cautelares a favor de las personas defensoras de derechos humanos en México.
