Ciudad de México.- Ya transcurrieron 12 meses desde que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió el fallo histórico por el feminicidio de Fátima Varinia Quintana Gutiérrez en 2015, donde reconoció a su mamá y papá como víctimas indirectas; sin embargo, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) denunció que el estado de México sigue sin acatar las medidas de reparación y no repetición que fueron ordenadas.
El feminicidio de Fátima Quintana aconteció el 5 de febrero de 2015 cuando tenía niñ 12 años y residía en Lerma, estado de México. Fue uno de los casos que marcó al país. Desde entonces, Lorena Gutiérrez y el señor Jesús Quintana emprendieron una lucha para encontrar verdad y justicia, aunque el caso se ha mantenido en impunidad a lo largo de estos 11 años.
Fue el 14 de mayo de 2026 cuando la Primera Sala de la SCJN aprobó por unanimidad la sentencia de Amparo Directo en Revisión ADR 5363/2023, un proyecto propuesto por la entonces ministra Margarita Ríos Farjat que ordenaba al tribunal colegiado el reconocimiento de familiares de víctimas de feminicidio para asignarles la calidad de víctimas, sin que estos deban exigir formalidades adicionales sobre todo cuando se habla de feminicidio infantil.
El amparo se formuló a través del caso de Fátima Varinia, pues el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito se negó a reconocer a Lorena Gutiérrez y Jesús Quintana como víctimas indirectas del feminicidio de su hija impidiendo que pudieran acceder a la reparación del daño ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
La sentencia de la SCJN también ordenó medidas de reparación integral como la colocación de una escultura para fijar un memorial en su nombre; la capacitación a las autoridades locales no solo de la perspectiva de género, sino la perspectiva de niñas, niños y adolescentes; acciones para prevenir violencia en la comunidad; y, para la familia, atención psicológica integral en cada integrante.
Hoy, el OCNF denuncia que las medidas que continúan sin cumplirse son las comunitarias: pavimentación de caminos inseguros; la vigilancia policial, botones de auxilio y cámaras de seguridad, medidas que se enmarcan en la ya establecida Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres en el estado de México, la cual se emitió en 2015; la implementación del transporte público accesible y seguro para niñas y niños; así como charlas comunitarias sobre prevención de la violencia de género.
Estas medidas toman relevancia en el contexto en que ocurrió el feminicidio de Fátima Varinia que comenzó con su desaparición debido a que tres de sus vecinos en la comunidad Lupita Casas Viejas, la secuestraron y ejercieron violencia sexual y física extrema que culminó en su muerte. Sus feminicidas, quienes más tarde fueron detenidos, son los hermanos Misael y Luis Ángel Atayde, junto a José Juan Hernández Tecruceño.
Asimismo, el estado de México es la segunda entidad del país donde más ocurren los casos de feminicidio, esto debido a la escalada de violencia en Sinaloa que terminó por desplazar a al estado cuyo lugar históricamente fue el primero. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señalan que durante 2025 ocurrieron 56 muertes violentas de mujeres por violencia feminicida, y en 2024 se reportaron 73 casos.
El OCNF, que desde hace ocho años acompaña a la familia en su lucha, explicó que durante el 2025 se tuvieron reuniones con la gobernadora del estado de México, Delfina Gómez Álvarez, junto a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de la entidad.
Aunque las autoridades asumieron el compromiso de cumplir con las medidas de reparación, la organización atajó que «no existen resultados concretos ni avances verificables».
«A un año del fallo, el incumplimiento institucional prolonga el daño a la familia y envía un mensaje de impunidad frente a la violencia feminicida.» -Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
Por ello, exigieron al gobierno del estado de México implementar cada una de las medidas ordenadas por la SCJN de forma inmediata y verificable. También solicitaron que se deje de postergar su cumplimiento y presentar resultados concretos, acciones inmediatas y garantías reales, ya que acatar la sentencia es una obligación constitucional e indispensable para garantizar verdad, justicia y garantías de no repetición, según apuntó el OCNF.
En 2025, la SCJN reconoció también el impacto generado debido al desplazamiento forzado interno que vivió la familia tras el feminicidio de Fátima Quintana, así como las consecuencias derivadas de la falta de protección institucional ante la muerte de Daniel Quintana, otro de los hijos de Lorena Gutiérrez y Jesús Quintana, ocurrido en Nuevo León en noviembre de 2020, debido a la negligencia de las autoridades.
Es decir, que su muerte se suscitó por la falta de atención y de servicios de salud que deberían haberse garantizado desde las propias autoridades al tener como medida de protección a toda una familia. Además, hubo una serie de omisiones y negligencia en cinco hospitales de Nuevo León en donde fue atendido.
El OCNF informó que el próximo 25 de mayo se realizará una audiencia intermedia en Nuevo León contra tres médicos de dos hospitales señalados por omisión en la atención que recibió Daniel Quintana. Ante esto, exigieron al Poder Judicial del estado garantizar que la audiencia se lleve a cabo sin retrasos o actos de revictimización para que se pueda iniciar el juicio.
«La negligencia institucional alrededor del caso de Daniel no puede permanecer en la impunidad» -Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
