Ciudad de México.- Este día se dio a conocer que con 5 votos en contra, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó atraer el caso de la saxofonista y defensora oaxaqueña María Elena Ríos quien hace siete años vivió un feminicidio en grado de tentativa con violencia ácida.
La violencia ácida se ha feminizado porque la mayoría de las víctimas son mujeres y niñas y los agresores suelen ser hombres cercanos a sus círculos sociales. Fundación Carmen Sánchez encontró que el 85% de los casos registrados, el autor intelectual fue la pareja o expareja sentimental de la víctima y en el 30% de las agresiones participaron dos o más personas, siendo autores materiales.
Hay que precisar que horas antes de este fallo, la activista esperaba que el Máximo Tribunal enviara un mensaje a la sociedad mexicana para señalar que los ataques con ácido son crímenes de odio, pero tras darse a conocer la decisión apuntó:
«El día de hoy yo no perdí, perdió el sistema de justicia en México»
El caso de María Elena Ríos es uno de los más emblemáticos en México, pues a partir de su denuncia comenzó a visibilizarse el tema de violencia ácida. Fue el 19 de septiembre de 2019, cuando Ruben N. ingresó al domicilio de la saxofonista para agredirla químicamente dejando quemaduras en el 80% de su cuerpo. Sin embargo, como autor material también participó Rubiciel N., mientras que el político Juan António N., y su hijo Juan N, éste último prófugo de la justicia, son señalados como autores intelectuales.
«Amanecí con una pizca de esperanza, pensando probablemente de manera ingenua que por fin tendría justicia», respondió María Elena Ríos a través de sus redes sociales.
Esta mañana, María Elena Ríos apuntó que, si la SCJN atraía su caso, se daría por entendido que se necesita una respuesta judicial con perspectiva de género, integral y sin privilegios para atender los casos de violencia ácida, consolidando así la «Ley Malena» como un estándar de protección irrenunciable en la Constitución, dicha normativa nació a partir del caso de la activista en 2019 y su lucha por obtener justicia.
«La decisión de la Corte puede marcar un antes y un después para miles de mujeres sobrevivientes de violencia extrema en México. Confío en los y las Ministras para poder acceder a la justicia y mandar una señal clara de que en México el máximo tribunal sí protege a las mujeres» -María Elena Ríos, activista y feminista.
Ley Camila, Ley Monzón y Ley Sabina, leyes que resignifican ser víctima de violencia en México
Por su parte, el pasado 6 de mayo, Edgar López, abogado defensor de Juan Antonio N. solicitó a la SCJN en un acto público, particularmente al presidente ministro Hugo Aguilar Ortiz, la posibilidad de regresar el caso a Oaxaca y no atraerlo, también acusó que el político permanece privado de su libertad por su «ideología política».
Fue el 14 de abril cuando la Fiscalía del estado de Oaxaca presentó una petición como autoridad facultada para solicitar el retiro de los amparos de Juan António N. y que la SCJN pueda atraer el caso. No obstante, solo las ministras Loretta Ortiz, Yazmín Esquivel y el ministro Hugo Aguilar, votaron a favor, esto significa que el caso se remitió al estado de Oaxaca.
Por medio de un comunicado difundido antes de la discusión de la SCJN, María Elena Ríos apuntó que la discusión representaba una oportunidad histórica, pues el Máximo Tribunal podría establecer un procedimiento nacional sobre la violencia ácida en México y reconocer que estos ataques son una forma de extrema de violencia feminicida.
De acuerdo con el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), en 2025 se registraron al menos 336 amenazas y ataques de violencia ácida.
La Fundación Carmen Sánchez reporta que, en México, hasta 2024 se registraron 28 mujeres atacadas con ácido, de las cuales solo 22 sobrevivieron. El Acid Survivors Trust International (ASTT) documentó que cada año se registran más de 2 mil 400 casos donde se utilizó ácido u otras sustancias corrosivas.
Elisa Xolalpa y Elena Ríos, casos de violencia ácida en impunidad – cimacnoticias.com.mx
Casi siete años de impunidad y un agresor desaparecido
A casi siete años desde la agresión con ácido, María Elena Ríos denunció la violencia institucional que vive, desde un proceso que califica como «desgastante, dilatado y tortuoso», intentos de desmeritar pruebas sobre el delito, y que no existe una sentencia condenatoria para Juan Antonio N. cuando el caso ya pasó por diez jueces. A esto se suma que el imputado lleva un año y cuatro meses sin volver al Centro Penitenciario Varonil de Tanivet donde estaba privado de su libertad.
«Vera Carrizal ha usado sus influencias para salir de la cárcel fingiendo enfermedades» señaló María Elena Ríos.
Desde diciembre de 2024 lleva denunciando que el traslado del político del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet al Hospital Reforma en Oaxaca para asistir a una visita médica, no le fue notificado por ninguna autoridad, sino que «terceras personas» le informaron y, más tarde, la Fiscalía General de Justicia del estado lo confirmó.
El traslado ocurrió el 2 de diciembre de 2024, pero hasta este 13 de mayo de 2026, Juan Antonio N. continúa internado en hospitales privados. La activista tuvo que viajar hasta el Hospital Reforma y observó que no se encontraba ningún policía estatal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que vigilara al político imputado.
El último hospital donde se reportó su estadía fue el de Santa Anita donde se notificó que Juan Antonio N. tiene al menos 8 enfermedades. No obstante, aunque María Elena Ríos intentó que un perito del Ministerio Público (MP), acreditara su estado de salud, la familia del político se negó a llevar a cabo el procedimiento.
En septiembre de 2025, la activista compartió con Cimacnoticias que hasta ese momento no tuvo acceso al expediente médico para verificar que el político presentara las enfermedades que reportó y que justifique su salida temporal del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet.
Además, mientras que la Fiscalía de Oaxaca le notificó que el expediente estaba en manos del Hospital Santa Anita, ésta instancia la refirió con el penal para poder consultarlo.
La activista declaró que la agresión con ácido no solo le cambió la vida, sino dejó secuelas físicas, emocionales y psicológicas que transformaron su cuerpo, identidad y su forma de habitar el mundo. De acuerdo con la Fundación Carmen Sánchez, las zonas en donde víctimas reciben esta sustancia química son el rostro, cuello, tronco y extremidades, abarcando del 30% al 85% de la superficie corporal. Además, la Ciudad de México, Puebla y el estado de México concentraron el mayor número de casos, y las víctimas suelen tener entre 20 a 30 años.
