Ciudad de México.- Tras denunciar que comunidades indígenas de la región Montaña Baja del estado de Guerrero pertenecientes a la organización del Concejo Indígena y Popular De Guerrero (CIPOG-EZ) se encuentran bajo ataque armado, organizaciones promotoras de derechos humanos como la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes» (Red TDT) exigieron medias urgentes para contener la situación y denunciaron «la ausencia total de una intervención efectiva por parte de autoridades estatales y federales» en la zona.
La Red TDT expuso que alrededor de 800 personas fueron desplazadas de las comunidades de Tula, Acahuehuetlán y Xicotlán, además, durante los últimos días un grupo armado asesinó a por lo menos 5 personas de las comunidades, quemó viviendas, asesinó animales y sembró terror en la región.
A esta declaratoria se sumó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, Tlachinollan, quien publicó el texto El horror de la violencia, en donde detalló que estos hechos iniciaron el pasado 2 de mayo cuando asesinaron a dos personas de la comunidad de Alcozacán.
Tlachinollan explicó que para el miércoles 6 continuaron los ataques contra las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, pertenecientes al Concejo Indígena y Popular De Guerrero (Cipog-EZ) donde fueron asesinados Isaías Morales Lucas, Bernardino Hilario Ocotlán, Ernesto Hilario Ocotlán e Isacar Villalba Rosario, originarios de la comunidad de Tula.
El 8 de mayo una mujer de la comunidad de Xicotlán fue herida de bala.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero añadió que a las 7:30 de la mañana del 9 de mayo irrumpieron los delincuentes con drones artillados que sobrevolaron en la comunidad de Tula. Dijeron que ingresaron armados con equipo táctico destruyendo todo a su paso.
En ese mismo texto, Tlachinollan reclamó que a pesar del panorama violento contra la población indígena de la zona, algunos elementos del Ejército sólo fueron espectadores, mientras las personas corrían. Denunciaron que no se movilizaron para enfrentarlos o detener a los agresores. La Guardia Nacional, la Policía Estatal y el Ejército estuvieron en las comunidades solo para documentar.
En un comunicado urgente, la Red TDTA compartió esta misma versión al señalar que, aunque había algunos elementos del Ejército en las comunidades, estos no actuaron para proteger a la población civil, sino que se limitaron a tomar fotos.
«Pese a la gravedad de los hechos y a más de cinco días continuos de ataques, no han llegado elementos suficientes del Ejército Mexicano ni de la Guardia Nacional para garantizar la protección de las comunidades», compartió la Red TDTA.
Cabe señalar que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su Mañanera de hoy, señaló que las fuerzas federales estarán en las zonas de desplazamiento con fines de pacificación. Indicó que hasta el momento tienen registro de 96 personas desplazadas e identificaron al grupo delincuencial de «los ardillos», responsables de los hechos violentos.
No podemos perder de vista que, en contextos de crisis humanitaria y desplazamiento forzado, el riesgo de sufrir violencia de género (VG) se eleva significativamente, y afecta de manera desproporcionada a mujeres y adolescentes, según establece el estudio Nuestro derechos a la seguridad, realizado por la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR.
ACNUR advierte en su informe que las mujeres desplazadas por la fuerza a menudo experimentan la pobreza extrema, falta de redes de apoyo, la xenofobia, el impacto del desarraigo en la salud mental y las barreras para acceder al sistema de asilo u otros procedimientos de regularización. Estos factores, junto con la hipersexualización y cosificación de los cuerpos de las mujeres, aumentan su exposición a la VG.
Como recuento de hechos violentos, Tlachinollan informó que en 11 años documentó por lo menos 76 asesinatos y 25 desapariciones en la zona.
Es por eso que en conjunto, la Red TDT, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Misión Civil de Observación – Sexta, hicieron un llamado urgente al Gobierno Federal, al gobierno de Guerrero, organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, medios de comunicación y organizaciones sociales para que se implemente de forma inmediata un operativo de protección y seguridad en las comunidades atacadas.
Además pidieron detener los ataques armados y el uso de drones explosivos; así como garantizar la vida e integridad de las personas desplazadas; realizar acciones urgentes de búsqueda y protección de personas desaparecidas o retenidas. Investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de los ataques y garantizar condiciones de retorno seguro para las familias desplazadas.
Antecedente
El 14 de noviembre del 2023, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 171/202 al gobierno de Guerrero y a los municipios de Leonardo Bravo y Zitlala por violaciones a derechos humanos de 171 personas víctimas de desplazamiento forzado interno.
Esto debido a que durante el mes de abril de 2021, habitantes de ambas comunidades presentaron ante CNDH escritos de queja en los que, fundamentalmente, señalaron que los días 2 y 11 de noviembre de 2018 fueron obligados, mediante amenazas y violencia física, a dejar sus comunidades por grupos de “autodefensa”, además de que sufrieron el despojo de sus pertenencias y patrimonio, sin que autoridades estatales y municipales les brindaran apoyo.
La CNDH acreditó que desde el año 2015 existía un riesgo previsible que comprometía la seguridad de dichas personas ante la irrupción de grupos armados en la zona, sin que se hubieran tomado las medidas adecuadas para evitar la consumación de las violaciones a los derechos humanos.
El mismo organismo determinó que el desplazamiento forzado interno es considerado un delito en el ámbito internacional y clasificado como “crimen de guerra y delito de lesa humanidad», de acuerdo con la Corte Penal Internacional.
