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Necesaria una política de Estado en el tema de desapariciones

Por Lourdes Godínez Leal

Ciudad de México.- En México, el tema de la desaparición de personas no es nuevo, data de finales de la década de los 60 y 70 cuando eran cometidas por el Estado como un método de represión para eliminar a opositores políticos, disidentes; y aunque a la fecha continúan las desapariciones forzadas cometidas por autoridades, policías municipales, estatales o de investigación, un gran porcentaje es cometida por particulares, principalmente por grupos criminales, y lo que vivimos ahora es una de las mayores manifestaciones de la violencia que existe y se vive en el país, consideró el defensor de derechos humanos Edgar Cortez.

Entrevistado por Cimacnoticias a propósito de las manifestaciones de las madres buscadoras y el incremento en el número de desapariciones en el país, el defensor consideró que llegamos a esta crisis de derechos humanos por 3 factores: el primero por el incremento de los grupos delincuenciales en el país y el control que han ido ganando en todo el territorio que además, ha diversificado su mercado ilegal; en segundo lugar porque el Estado no ha logrado construir una estrategia de seguridad de largo plazo que haga frente a esto y ha sido incapaz de garantizarle justicia a las víctimas en general, y en particular a las víctimas y familiares de desaparición que ya suman miles; y en tercer lugar pero no menos importante, la impunidad.

“Esta realidad de impunidad que prevalece en el país pues creo que es un espacio propicio para que quienes han cometido o pretenden cometer desapariciones, pues no tengan conciencia de que si lo hacen, las probabilidades de que eso tenga consecuencias son mínimas y yo creo que por eso el Comité de Desaparición de Naciones Unidas después de la visita a México dijo que en nuestro país la desaparición era el crimen perfecto, porque las probabilidades de ser investigado, detenido y castigado por estos hechos, pues son prácticamente cero”.

2006: el año del despunte en desapariciones

En su opinión, el 2006 que marcó el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico que emprendió Felipe Calderón y de la estrategia que pretendía eliminar a las cabezas de los cárteles que había en ese momento, sí fue un factor determinante para el incremento en las desapariciones de personas.

Explicó que la fragmentación y subdivisión de los grupos delincuenciales con otros tomaron tal relevancia que empezaron a aprovecharse de los mercados ilegales y del tema de la droga pasaron a la trata y tráfico de personas, con los migrantes o  al huachicol y fue esa misma fragmentación la que llevó en muchos casos a disputas por el territorio, por el control del mercado y es ahí donde se dan las posibilidades de recurrir a la desaparición como una forma de eliminar a los enemigos y de castigar a aquellos que no cumplieran las órdenes dentro de un grupo delincuencial.

Ello y la complicidad, ya sea mediante la corrupción o amenazas de muerte hacia integrantes del Ejército, la Marina, las policías judiciales en los estados, las policías estatales o municipales, para que actuaran con estos grupos, fueron factores para tener el panorama de desapariciones tan escandaloso que hoy tenemos, señaló el defensor.

Criminalización hacia las buscadoras

Cuestionado sobre las declaraciones hechas en la mañanera de ayer por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, respecto a que investigan quién financió a las madres buscadoras de Jalisco para llegar a la manifestación en la Ciudad de México, Cortez lamentó que se hagan estas declaraciones que sólo levantan sospechas sin fundamento, lo cual es muy grave, porque además de criminalizarlas las expone a algún tipo de acciones de violencia en su contra.

“Hay un número importante, más de 30 mujeres buscadoras asesinadas en los últimos años y tiene que ver con eso, al construir una imagen de descrédito y de cuestionamiento, pues creo que también se crea un ambiente de riesgo. Claro, ellas podrían decir: ‘no es nuestra intención’. Sí, pero no estamos hablando de la intención o no, sino de las consecuencias que tiene un discurso de esta naturaleza en un espacio con tanto alcance como es la mañanera”.

Estrategias fallidas

El también ex director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez señaló que la “estrategia” del gobierno para “atender” el problema de las desapariciones es convocar a reuniones regionales a las que asiste funcionariado de diversas dependencias con las integrantes de los colectivos, pero son sólo eso, espacios para aparentar que las escuchan.

“Dividieron al país en cinco regiones y convocan a reuniones regionales donde está la Secretaría de Gobernación o al menos el Secretario de Derechos Humanos, va la Fiscal, va la Comisionada de Búsqueda, va la Comisionada de Atención a Víctimas y otros funcionarios, pero son reuniones, yo diría y lo digo porque así lo dijeron en una comunicación, como de escucha”.

“Son reuniones en las que se habla de todo, desde un colectivo que dice que tiene un problema, desde una persona que tiene un desaparecido y dice que su caso no avanza, el reclamo porque no hay suficiente presupuesto, todas las quejas que te puedas imaginar, pero sin que haya una agenda, una claridad de qué vamos a tratar, a qué compromisos vamos a llegar y cómo le vamos a dar seguimiento.

Entonces, yo diría que también es una manera de aparentar que están escuchando a los colectivos, porque les abren un espacio, porque les dan tiempo, pero eso no tiene ninguna efectividad en términos de construir soluciones, de diagnosticar con claridad los problemas y cuáles son las alternativas”.

El problema de fondo continúa, señaló Cortez, como las búsquedas que no son suficientemente coordinadas ni efectivas en número ni en resultados, cuerpos sin vida que se acumulan y no se están identificando, falta de investigación penal en la mayoría de los casos para saber qué pasó, quiénes son los responsables, la falta de una propuesta clara de reparación para estas miles de víctimas.

“Y entonces estos espacios, pues yo digo, son de escucha, pero de una escucha que sólo me parece que sirve para administrar y luego para justificar que se están haciendo cosas, aunque no haya resultados”.

Una reunión con Sheinbaum

Cuestionado sobre la petición de las madres buscadoras para ser recibidas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y si ello cambiaría algo, el defensor consideró que sería un signo de interés y de preocupación por el tema de parte de la mandataria, pero no de una solución real.

“El problema es tan grande que no basta la buena voluntad de una persona. Lo que necesitas es un trabajo de organización del Estado. Y eso significa cosas que a la fecha, según la ley tenían que existir y no hay. No hay un plan nacional de búsqueda, es decir, que organice las búsquedas, cómo las hacemos efectivas y entonces lo que haces son búsquedas aleatorias, las que te presionan los colectivos para que vayas y tus reaccionas y dices, ah, sí, voy allá y voy allá, pero no hay un plan”.

Entre las deficiencias del Estado para la búsqueda de personas destacó la falta de capacidad para la identificación de restos, pues las buscadoras continúan encontrando pero se van acumulando, en muchos casos se pierden, se contaminan. Otro tema es el Banco Nacional de Datos Forenses.

“Se supone que tendríamos que tener ya un Banco Nacional de Datos Forenses, tendríamos que tener un Centro Nacional de Identificación Humana que no existe. El Centro Nacional hoy no existe. El banco está a medio hacer. Entonces, el problema, yo diría que sí es de voluntad de querer hacerlo, pero también es de capacidad, de planeación. Y entonces, ¿por qué digo que no cambiaría nada? Porque el anterior gobierno y es este han hecho cosas, hacen muchas búsquedas pero no tenemos resultados y yo digo, eso no va a cambiar si hablan con la presidenta”.

“Aunque el gobierno federal diga que va a resolver este problema, si no hay una estrategia y un trabajo muy coordinado que suceda en los estados, no va a pasar. Y eso es lo que me parece que a veces no entendemos, seguirle demandando a la presidenta como si tuviera una varita mágica. No, no tiene una varita mágica. Tiene la posibilidad de construir una política de Estado en materia de desaparición, sí, pero no la están haciendo. Y yo digo que no la están haciendo porque no le ven ganancia política”.

Escenarios

Edgar Cortez consideró que unas señales de cambio podrían ser que la presidenta recibiera a las madres buscadoras como un gesto político de atención y de preocupación y que realmente hubiera una estrategia que explique qué se está haciendo, en qué van.

Mientras el gobierno continúe haciendo cosas desarticuladas, más desde la reacción que desde la planeación, con una lógica de desarrollo, seguiremos viendo mucho esfuerzo, trabajo y dinero gastado que sigue sin traducirse en respuesta para las familias, aseveró.

También es importante, en su opinión, empezar a trabajar más desde lo local, involucrar más a los estados, a los municipios, para que participen en las búsquedas porque ellos tienen más capacidad de despliegue y de reacción inmediata, que cada estado tenga su plan de búsqueda como ya lo hicieron Coahuila, Oaxaca y Zacatecas.

“Creo que hay que empezar a trabajar de lo local hacia lo nacional, es decir, empezar a construir algunas de estas soluciones en lo local. Empiezan a suceder cosas en lo local que creo que apuntan en el rumbo correcto, pero todavía son hechos aislados que requerirían de mayor cuidado, atención y mayor réplica para que vayan sumando mejores condiciones”.

De otra forma, dijo, seguiremos viendo un incremento en el número total de personas desaparecidas, la inconformidad y el enojo de las familias por falta de respuestas y de resultados, sobre todo, porque quieren saber qué pasó con sus hijas e hijos, la identificación de los restos, posibilidades del acceso a la justicia, posibilidades de reparación. Mientras todo esto no empiece a aparecer, pues lo que va a haber es un enojo, una molestia, un reclamo permanente, concluyó.

De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO) a inicios de este año la cifra de personas desaparecidas se ubicó en 133 mil 485, mientas que el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre desapariciones en México publicado en febrero de 2026, documentó que la mayor cantidad de personas desaparecidas se concentran en Jalisco (15.330), Estado de México (14.048) y Tamaulipas (13.471). De este total, 76.83 por ciento de las personas desaparecidas son hombres y 23 por ciento mujeres cuyo rango de edad oscila entre los 15 y los 19 años de edad.


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