Ciudad de México.- Reporteros Sin Fronteras (RSF) informó en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, que por primera vez en 25 años de monitoreo, el mundo se encuentra en su puntuación media más baja, ya que más de la mitad de los países viven una situación «difícil o grave».
«En 2002, el 20 % de la población mundial vivía en un país donde la situación de la prensa se percibía como “buena”. Veinticinco años después, menos del 1 % de la población mundial disfruta de esta situación favorable».
Detallaron que en los 25 años de historia del ránking, la puntuación media del conjunto de los países analizados nunca ha sido tan baja.
En más del 80% de los países analizados, los mecanismos de protección se perciben como inexistentes o ineficaces. Y aunque el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA) garantiza en la UE la independencia y la sostenibilidad de los medios –en particular de los públicos–, éste se ve regularmente vulnerado por iniciativas legislativas nacionales, como ha sucedido en Hungría (puesto 74) bajo el gobierno saliente de Viktor Orbán, pero también en países mejor clasificados como Eslovaquia (37), Lituania (15) y la República Checa (11).
Recordemos que el Programa de Libertad de Expresión y Género (PLEG) de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) documentó que tan solo en México ya suman mil 189 casos de agresiones contra mujeres periodistas en el Sexenio de Andrés Manuel López Obrador y 338 agresiones con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Su último informe «Entre el discurso y la desprotección» destaca entre los tipos de agresiones persisten las amenazas (14.79%), descrédito de su labor y estigmatización (13.91%), intimidación (10.36%), hostigamiento (9.47%) y campaña de desprestigio (8.88%). En los casos donde existen graves violaciones a los derechos humanos se encuentra la privación ilegal de la libertad, detención arbitraria, agresión sexual, feminicidio y atentado.
Para CIMAC, la violencia contra las mujeres periodistas también responde a la calidad democrática en el país, pues intentar silenciar a una periodista mediante amenazas, estigmatización o violencia basada en el género vulnera los derechos individuales y limita el derecho de la sociedad a estar informada.
¿Qué encontró Reporteros Sin Fronteras este 2026?
Determinaron que hay legislaciones cada vez más restrictivas, que se escudan casi siempre en las políticas de seguridad nacional, las cuales erosionan desde 2001 el derecho a la información, incluso en las democracias.
En este análisis de Reporteros Sin Fronteras, el indicador legal es el que más ha bajado este año, evidenciando una creciente criminalización del periodismo. A nivel regional, las Américas experimentan un cambio significativo a peor, con el descenso de siete puestos de Estados Unidos, y el desplome de varios países latinoamericanos, sumidos en una espiral de violencia y represión.
¿Hasta cuándo vamos a tolerar la asfixia del periodismo, la obstaculización sistemática de las y los periodistas y la erosión continua de la libertad de prensa? Porque, mientras los ataques contra el derecho a la información se diversifican y se vuelven más sofisticados, sus autores ya no se ocultan: los Estados autoritarios, los poderes políticos cómplices o ineficaces, los actores económicos depredadores y las plataformas que se han vuelto incontrolables tienen una responsabilidad directa y abrumadora. Ante esto, la pasividad se convierte en una forma de complicidad. Ya no basta con reafirmar principios: son indispensables políticas de protección activa, y éstas deben ser impulsoras. Para empezar, hay que poner fin a la criminalización del periodismo: el uso indebido de las leyes de seguridad nacional, las acciones judiciales abusivas, las trabas sistemáticas a quienes investigan, revelan y denuncian. Los mecanismos de protección siguen siendo demasiado débiles, el derecho internacional se desmorona y la impunidad prospera. Se necesitan garantías firmes y sanciones reales. La pelota está en el tejado de las democracias y de sus ciudadanos. Les corresponde a ellos plantar cara a quienes imponen el silencio. Porque el contagio autoritario no es una fatalidad. Anne Bocandé, directora editorial de RSF.
Es de resaltar que Noruega es el país mejor calificado porque de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, ahí la libertad de prensa goza de un marco jurídico sólido. El mercado de los medios es dinámico, gracias a un servicio público de radiodifusión muy asentado y a un sector privado diversificado y compuesto por empresas que garantizan la independencia editorial.
La puntuación media más baja en un cuarto de siglo
En los 25 años que RSF lleva publicando la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, detallan que la libertad de información se ha ido deteriorando y el panorama, ensombreciendo paulatinamente.
RSF indica que las y los periodistas siguen siendo asesinados o encarcelados por su trabajo, pero las tácticas de ataque a la libertad de prensa están cambiando: el periodismo sucumbe, asfixiado por un discurso político hostil hacia las y los reporteros, debilitado por una economía de los medios en declive y presionado por la instrumentalización de leyes contra la prensa.
Guerras y restricciones de acceso a la información
En algunos países, este retroceso se explica por el estallido habitual de conflictos armados, como en Irak (puesto 162), en Sudán (161) o en Yemen (164). Las guerras actualmente en curso tienen un claro impacto este año, como la que libra el Gobierno de Benjamín Netanyahu (Israel cae 4 puestos) contra Palestina (156), y que se ha saldado desde octubre de 2023 con más de 220 periodistas asesinados en Gaza a manos del Ejército israelí, de los cuales al menos 70 en el ejercicio de su labor. También Sudán (-5) o Sudán del Sur (118; -9) se ven afectados por sus conflictos.
En otros casos, la situación se mantiene, lamentablemente, inmutable debido a los regímenes dictatoriales. Es el caso de China (puesto 178), de Corea del Norte (179) o de Eritrea (180), donde el periodista Dawit Isaak lleva 25 años encarcelado sin juicio.
Europa del Este y Oriente Medio siguen siendo, como desde hace un cuarto de siglo, las dos regiones más peligrosas para las y los periodistas. Así lo confirma la posición de Rusia (172), bajo el mandato de Vladimir Putin, que prosigue su guerra de agresión contra Ucrania y se mantiene entre los peores países en materia de libertad de prensa. La represión del régimen y la guerra que libran Estados Unidos e Israel en su territorio siguen situando a Irán (puesto 177; -1) en las últimas posiciones de la Clasificación.
Algunos países han visto cómo se ha reducido su espacio informativo a lo largo de estos 25 años, como consecuencia de cambios o endurecimientos de regímenes políticos. Es el caso de Hong Kong(140), que se ha desplomado 122 puestos desde que el Gobierno central chino asumió el control del territorio; de El Salvador (143), que ha caído 105 puestos desde 2014 y el inicio de la guerra contra las maras, o de Georgia (135), que ha vivido un recrudecimiento de la represión en los últimos años y ha perdido 75 puestos desde 2020.
La mayor caída de 2026 (-37) se registra en Níger (puesto 120), fiel reflejo del deterioro de la libertad de prensa que sufre el Sahel desde hace varios años, atrapado entre los ataques de grupos armados y de juntas militares en el poder que reprimen el derecho a una información plural.
En Oriente Medio, Arabia Saudí (-14 puestos) paga el precio de sus reiteradas violencias contra las y los periodistas en 2025, con un hecho único en el mundo: la ejecución del reportero Turki al Jasser.
En el extremo opuesto, la caída del régimen dictatorial de Bashar al Assad en diciembre de 2024 impulsa a una Siria en transición política desde el puesto 177 al 141, después de años situándose entre los diez peores países del mundo para la prensa.
La criminalización del periodismo alcanza su punto álgido
De los cinco indicadores analizados en la Clasificación, el legal es el que más ha bajado este año: entre 2025 y 2026, se ha deteriorado en más del 60% de los países, es decir, en 110 de los 180.
Es el caso, entre otros, de India (puesto 157), de Egipto (169), de Israel (116) o de Georgia (135). La criminalización del periodismo mediante la vulneración del derecho de prensa y el uso indebido de leyes de excepción o de derecho común, se afianza como un fenómeno mundial.
El abuso de leyes de seguridad nacional desploma el indicador legal en 2026
Entre los regímenes cerrados a la prensa, la Rusia (172) de Vladimir Putin se ha convertido en especialista del uso de leyes contra el terrorismo, el separatismo o el extremismo con el fin de restringir la libertad de información.
En abril de 2026, 48 periodistas se encontraban detenidos en el país, y quienes han querido continuar con su labor se han visto obligados al exilio, lo cual no les ha librado de una represión judicial que traspasa las fronteras rusas.
Estas técnicas de instrumentalización de las medidas de seguridad nacional se observan también en la vecina Bielorrusia (puesto 165), en Birmania (166), en Nicaragua (168) o en Egipto (169). En la región de los Grandes Lagos africanos, Sandra Muhoza era, hasta el 13 de abril, la única mujer periodista detenida, procesada en Burundi (119) por “atentado contra la integridad del territorio nacional”, una acusación que se utiliza habitualmente en esta región del mundo. Cuatro periodistas llevan tres años encarcelados en Etiopía (148), condenados por presuntos cargos de terrorismo.
En los países democráticos, la presión legislativa también tiende a ceñirse sobre la prensa, por ejemplo, encontraron en Japón(62), el mantenimiento de leyes sobre el secreto de Estado que debilita la labor de las los periodistas, a los que priva de la debida protección para la confidencialidad de las fuentes y la independencia editorial.
En Filipinas (114), un país democrático sólo sobre el papel, las acusaciones de terrorismo han servido de pretexto para silenciar a reporteras y reporteros independientes, entre ellos a la periodista Frenchie Mae Cumpio, condenada a pesar de la falta de pruebas, tal y como reveló una investigación de RSF. En Hong Kong (140), una draconiana ley de seguridad nacional ha permitido a las autoridades encarcelar al editor de medios Jimmy Lai, recientemente condenado a 20 años de prisión, la pena más severa jamás impuesta a un periodista en el territorio.
En Turquía (puesto 163), las maniobras van más allá de las leyes antiterroristas. En el país de Recep Tayyip Erdogan, las acusaciones de “desinformación”,“insultos al presidente” o “denigración de las instituciones del Estado” se instrumentalizan habitualmente para reprimir el periodismo y encarcelar a profesionales de la información.
En el norte de África, Túnez (137) no se libra de esta tendencia mundial del lawfare o “guerra judicial”. Mientras que el decreto-ley 54 sobre “información falsa” es una auténtica herramienta de criminalización del periodismo crítico, las suspensiones de medios y los reiterados procesos judiciales reflejan una creciente instrumentalización de la justicia contra los profesionales de la información.
Presiones sobre los medios públicos y demandas intimidatorias
El deterioro del indicador legal se explica también por el uso abusivo de las legislaciones vigentes para llevar a periodistas ante los tribunales, como ilustra el recrudecimiento de las demandas intimidatorias en Bulgaria (71) o en Guatemala (128), con el caso emblemático del fundador de el Periódico, José Rubén Zamora.
En Indonesia (129), en Singapur (123) y en Tailandia (92), las élites políticas o económicas también se aprovechan de un marco jurídico poco garante con la prensa. Estas maniobras jurídicas también se dan en países relativamente bien clasificados, como Francia (25).
Ante el conjunto de riesgos de distinta índole a los que se enfrentan las y los periodistas, ya sean jurídicos o contra su propia seguridad, las políticas públicas se muestran incapaces de proponer una solución estructural.
El continente americano, azotado por la violencia política y la inseguridad
Los Estados Unidos de Donald Trump se desfondan
Desde 2022, el descenso en la Clasificación de los 28 países americanos (-14 puntos) es similar al observado en las dos zonas más peligrosas del mundo para los periodistas: Europa del Este y Asia Central (EEAC), y Oriente Medio y Norte de África (MENA).
A pesar de algunos avances en los últimos años, como el protagonizado por Brasil (52), la historia reciente de la libertad de prensa en el continente se inscribe en dos tendencias: el aumento de la violencia perpetrada por el crimen organizado y por las fuerzas políticas.
El presidente de Estados Unidos (64), Donald Trump, ha convertido los ataques contra la prensa y los periodistas en una práctica sistemática, lo que ha relegado al país al puesto 64, siete menos que el año pasado.
Los drásticos recortes de plantilla de la Agencia estadounidense de Medios Globales (USAGM) han tenido repercusiones a nivel internacional con la desaparición, la suspensión o la reducción de personal de medios como Voice of America (VOA), Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) o Radio Free Asia (RFA) en países donde, en ocasiones, constituían las últimas fuentes de información fiable.
Los fervientes defensores de Donald Trump en América Latina, Javier Milei y Nayib Bukele, reproducen el manual del inquilino de la Casa Blanca contra los medios de comunicación y, como era de esperar, siguen la misma línea en el ránking. Argentina (98; -11) y El Salvador (143; -8) registran un retroceso significativo, debido, entre otros factores, al declive de los indicadores del clima político y social, confirmando el aumento de la hostilidad y de las presiones gubernamentales hacia la prensa.
América Latina se hunde
Es el caso de Ecuador (125), pierde 31 puestos tras los asesinatos de Darwin Baque y Patricio Aguilar. También en Perú (144; -14) se recrudece la violencia y se han registrado cuatro asesinatos de periodistas en 2025.
Venezuela (159) sigue sumida en una gran incertidumbre en cuanto a las garantías de la libertad de información, a pesar de la liberación, a principios de año, de periodistas encarcelados. Mientras que Cuba (160) atraviesa una profunda crisis que obliga a las y los escasos periodistas independientes a operar cada vez más en la clandestinidad, en Nicaragua (168) el panorama mediático está sencillamente «en ruinas», víctima de una represión sistemática y un deterioro permanente de las condiciones de ejercicio de la profesión.
Ante este panorama, la organización señaló que las políticas públicas son «incapaces» de proponer una solución estructura, ya que al menos el 80% de los países que RSF monitoreó, los mecanismos de protección son «insuficientes o ineficaces», incluso contando con herramientas internacionales, éstas se vulneran ante iniciativas legislativas nacionales.
