Ciudad de México.-Reporteros Sin Fronteras (RSF) documentó en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa que por primera vez en 25 años de monitoreo el mundo se encuentra en su puntuación media más baja, ya que más de la mitad de los países viven una situación «difícil o grave» y consideró que:
«Año tras año, México se mantiene como uno de los países más peligrosos y mortíferos del mundo para las y los periodistas».
De acuerdo con la ficha informativa de esta clasificación, México es considerado «uno de los países con mayor concentración mediática del mundo»; una situación que pone muy difícil a los medios pequeños para abrirse paso o, incluso, existir.
Esta información coincide con el último informe de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) «Entre el discurso y la desprotección» presentado el pasado 3 de marzo en la Ciudad de México donde se dio a conocer que entre enero a diciembre de 2025, tiempo del primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, acontecieron 338 agresiones contra mujeres periodistas, lo cual representa un aumento en comparativa con el sexenio de su antecesor Andrés Manuel López Obrador en el que se registraron 154 casos.
Los hallazgos de CIMAC indican que el año 2025 se posicionó como el año más violento para las mujeres periodistas, por lo que consideran que las directrices gubernamentales no se han modificado de fondo, es decir, no se han tocado las estructuras que sostienen esa violencia, por eso la organización manifestó que:
Aunque el contexto político actual se presenta como un “tiempo de mujeres”, los datos recabados en esta investigación evidencian que la presencia de mujeres en los más altos cargos de poder político no se ha traducido en condiciones reales de libertad de expresión, seguridad, protección, acceso a la justicia, ni garantía de derechos humanos para las periodistas.
Recordemos que la libertad de prensa en México está garantizada por la Constitución mexicana y amparada por la ley de prensa de 1917. En la práctica, no hay ninguna ley que obstaculice la libertad de informar. Sin embargo, la censura se ejerce mediante amenazas o ataques directos contra los periodistas, y varios medios han sido intimidados con acciones judiciales que han desembocado en detenciones temporales, e incluso en sentencias condenatorias.
Reporteros Sin Fronteras, detalló que en este país el sector de la radio y televisión está dominado por los grupos Televisa y TV Azteca, mientras que el de la prensa escrita está controlado por el grupo Organización Editorial Mexicana (OEM) que posee 32 periódicos, 24 emisoras de radio y 45 webs informativas, lo que «limita el pluralismo y la información que llega al público» y hace que cada vez más periodistas independientes publiquen contenidos propios en las redes sociales.
Informaron que durante la campaña presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, se comprometió con RSF a adoptar una serie de medidas destinadas a reforzar las garantías para el libre ejercicio del periodismo en el país y a combatir la violencia contra los profesionales de los medios y aunque ha adoptado un discurso menos agresivo hacia la prensa, no ha dudado en criticar la cobertura de los medios.
Ante la falta de un marco jurídico para la sostenibilidad de los medios, las y los periodistas tienen que buscar fuentes alternativas de ingresos. La ausencia de una ley de publicidad que garantice un reparto equitativo y transparente de los recursos publicitarios del Gobierno afecta especialmente a periodistas propietarios de sus pequeñas empresas de medios.
La confianza de los más de 132 millones de ciudadanos mexicanos en los medios de comunicación ha disminuido considerablemente, situándose en torno al 36%, según el Instituto Reuters.
Existe una clara preferencia por informarse a través de las redes sociales en lugar de los medios tradicionales, debido en particular a las críticas de la prensa hacia el Gobierno, a la percepción de que los medios responden a intereses económicos y a la práctica de la autocensura por parte de las y los periodistas. Si bien existe pluralismo, especialmente en los medios públicos, aún queda mucho camino por recorrer.
La connivencia entre las autoridades locales y el crimen organizado constituye una grave amenaza contra las y los periodistas y se hace sentir en cada eslabón del sistema judicial, advirtió Reporteros Sin Fronteras.
Las y los profesionales que cubren temas sensibles relativos a la política o al crimen, especialmente a nivel local, padecen advertencias y amenazas, cuando no son simple y llanamente asesinados. Otros son secuestrados y no aparecen nunca más, u optan, para salvar la vida desplazándose fuera de sus zonas de origen o bien por huir al extranjero.
Desde el año 2000, más de 150 periodistas han sido asesinados y 28 han desaparecido en México.
Informe CIMAC
CIMAC también identificó en el informe «Entre el discurso y la desprotección» que el acoso judicial es una práctica empleada para restringir la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, ya que durante 2025 se documentaron 16 casos contra mujeres periodistas. En dichos casos predomina la violencia económica ya que son demandadas por provocar daños morales y patrimoniales. A esto se suma la violencia psicológica que se manifiesta por las medidas impuestas por las sentencias.
En algunos casos las obligan a eliminar sus publicaciones y ofrecer disculpas lo cual desacredita su trabajo ante la sociedad y su propio gremio. La organización señala que el efecto del acoso judicial es castigar a las periodistas que cuestionan el poder político, indagan sobre los recursos públicos, denuncian actos de corrupción o nepotismo, visibilizan redes macrociminales o exponen casos de violación a derechos humanos.
De esta manera, las periodistas quedan en situación de vulnerabilidad y expuestas a un sistema que no juzga los casos con perspectiva de género convirtiéndose así en un mecanismo de intimidación. Generalmente son denunciadas por daños patrimoniales, morales, económicos y en el último año por violencia política de género, una figura creada para proteger a las mujeres en el espacio político, pero que está siendo instrumentalizada contra las periodistas.
De acuerdo con los datos del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, 494 personas han sido registradas y 447 han sido sancionadas, de las cuales, 84 personas son periodistas, o entran dentro de alguna otra categoría referente a medios de comunicación; de estas, 11 son mujeres.
CIMAC señaló que los fallos y las penas impartidas por incurrir en Violencia Política de Género y su relación con la libertad de expresión y la protección de los derechos políticos-electorales deben abordarse con criterios proporcionados, es decir, considerar si existe un componente de crítica política y descalificaciones fundamentadas en el género: «Por ello, las resoluciones judiciales deberían considerar tanto la intención comunicativa como el impacto real de los mensajes difundidos, evitando sancionar expresiones cuyo objetivo principal sea informar o inspeccionar el poder público», advierte la organización.
Puedes consultar el informe completo en el siguiente enlace.
