Ciudad de México.- El 21 de abril, Amnistía Internacional (AI) publicó su nuevo informe «La situación de los derechos humanos en el mundo», en el cual alertó que durante 2025 se cometieron crímenes al derecho internacional, de lesa humanidad, intensificación de prácticas autoritarias, discriminación, retrocesos en la regulación de la inteligencia artificial y una situación generalizada de violencia de género, así como la restricción de los derechos de las mujeres.
De acuerdo con su informe, las mujeres y niñas en el mundo están enfrentando violencia de género y obstáculos para recibir protección, justicia y reparación ante factores como la condición migratoria, casta, trabajo, clase y religión. En países como Afganistán, los talibanes les negaron el acceso a la educación, trabajo y libertad de circulación, mientras se fomenta la violencia de género y el matrimonio infantil.
Desde Nepal se reportó que no se investigan los casos de violencia de género contra mujeres dalit; mientras que en Siria se violentaron a familias alauies que denunciaron los secuestros de mujeres y niñas por hombres armados. En el continente americano, la organización encontró que las mujeres viven «niveles alarmantes de violencia» particularmente feminicidios.
Pese a que en Argentina ocurre un feminicidio cada 35 horas, el gobierno eliminó que programas de prevención y respuesta ante violencia de género. En Georgia se documentaron abusos y violencia de género contra mujeres que participaron en protestas como amenazas de agresión sexual.
Respecto al tema de aborto, en 2025 Amnistía Internacional encontró avances en la ampliación de este derecho, por ejemplo, en Dinamarca, Islas Feroe y Noruega se aprobó una legislación que buscaba mejorar este procedimiento y en Luxemburgo, quedó descrito como una libertad garantizada en la Constitución. Desde Malawi, se ordenó que el aborto fuera un derecho para las niñas sobrevivientes de la violencia sexual. Sin embargo, en República Dominicana se impulsó la prohibición total de este derecho y en muchas partes del mundo existieron obstáculos para que las mujeres accedan al aborto y a servicios de atención.
En América, ocurrieron continúa la violencia feminicida en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Uruguay, por lo que la organización advirtió que las estadísticas en este tipo de delito no eran adecuadas ni confiables. En Cuba, el feminicidio no es considerado un delito autónomo; mientras que en Puerto Rico un tribunal declaró inconstitucional un artículo del Código Penal sobre este delito por «vulnerar el debido proceso y la presunción de inocencia».
También se hallaron otras formas de violencia contra las mujeres y niñas que incluyó violencia sexual en Argentina, Bolivia, Chile, Cuba, Estados Unidos, México, Perú, República Dominicana y Uruguay, entre otros países. En República Dominicana se aprobó un nuevo Código Penal que tipifica el delito de violencia sexual en pareja, pero que no cumple con los estándares internacionales, según advirtió Amnistía Internacional.
Un avance particular fue la entrada en vigor de la Ley 1639 en Bolivia que prohíbe el matrimonio infantil de niñas y mujeres menores de 18 años, así como la sanción de este mismo delito en la ley colombiana junto con la aprobación del divorcio con la voluntad de un solo cónyuge.
Otras violaciones a derechos humanos en el mundo
Durante 2025, la organización encontró que hubo un panorama generalizado de violaciones de derechos humanos cometidos por gobiernos y otros agentes, con ello, se reportó la ausencia de rendición de cuentas e injusticias sistemáticas que permanecen en este 2026. Aunque hubo avances limitados, Amnistía Internacional detectó que el orden internacional se encuentra bajo ataques constantes.
Casos concretos son el genocidio de Israel contra la población palestina en Gaza o los crímenes de lesa humanidad de Rusia contra Ucrania. También persisten crímenes de guerra y otras violaciones al derecho internacional en Myanmar, Sudán. Frente a este escenario, algunos Estados han restringido o prohibido las exportaciones de armas a Israel, aunque algunos otros continúan fomentado la transferencia de armamiento.
Amnistía Internacional alertó que Estados Unidos y Rusia menoscabaron los mecanismos internacionales de rendición de cuentas, en concreto de la Corte Penal Internacional y otros Estados se retiraron del Estatuto de Roma. Aun así, la Corte y otros mecanismos consiguieron detenciones y que se dictara sentencias condenatorias relevantes, así como la creación de nuevos organismos de investigación como un tribunal las violaciones de derechos humanos en Ucrania.
Durante 2025, gobiernos de Afganistán, China, Egipto, Estados Unidos, India, Irán, Kenia, Reino Unido y Venezuela intensificaron prácticas autoritarias para reprimir protestas, criminalizar a disidencia con leyes de seguridad y antiterroristas, emplearon desapariciones forzadas, ejecuciones y tácticas abusivas de actuación policial.
Otro tema esencial reportado por la organización fue la discriminación, ya que encontraron casos de sometimiento de personas refugiadas y migrantes ante deportaciones masivas, políticas raciales discriminatorias, injusticia racial ligada al colonialismo y a industrias extractivistas que han dejado de lado la protección a las personas desplazadas ante el cambio climático que han tenido que cruzar fronteras internacionales para resguardarse.
La organización apuntó que los gobiernos no han potencializado el abandono gradual de los combustibles fósiles, y que el apoyo proporcionado a la financiación y adopción climática no ha sido suficiente. A esto se suma, los recortes de ayuda que han menoscabado derechos económicos y sociales.
Por último, Amnistía Internacional reportó que los gobiernos usan la tecnología para prácticas autoritarias y que, con ayuda de agentes empresariales, han ejercido vigilancia para restringir el derecho a la libertad de expresión o reprimir las protestas. Además, alertaron que, aunque en 2025 se hablaba sobre el daño c que suponían para los derechos humanos las plataformas de redes sociales y las herramientas de inteligencia artificial (IA), la regulación de estos ámbitos va en retraso.
