Ciudad de México.- San Quintín, en Baja California, mundialmente conocido por ser un lugar de trabajo agrícola y comunidad migrante originaria del sur del país, podría tener para el próximo 2024 una mujer como presidenta municipal, logro comunitario de otras mujeres quienes comenzaron con su participación política al emprender causas por mejorar la situación de vida.
San Quintín tiene su particularidad, a ese sitio llegan personas jornaleras a trabajar en los campos de cultivo de hortalizas, tomates, frambuesas, arándanos o fresas, llegan cada año para establecerse en alguna de las comunidades migrantes establecidas en la zona con la finalidad de mejorar su calidad de vida.
Esta situación ha generado que mujeres comiencen una vida política para hacer valer los derechos humanos de las mujeres migrantes y trabajadoras debido a que la situación laboral no está exenta de violaciones y abusos labores. Es importante considerar que en estas comunidades se conjugan diversas situaciones de discriminación de las mujeres que llegan al lugar: por ser migrantes, indígenas y mujeres.
Las movilizaciones sociales para exigir el respeto a sus derechos humanos han sido una constante, como la ocurrida en el 2015 cuando cerca de 70 mil jornaleras y jornaleros realizaron una huelga en demanda de mejores salarios y condiciones laborales dignas, lograron un aumentó de sueldo y mejoras a las condiciones de trabajo, sin embargo la precarización laboral continúa.
La situación de las mujeres jornaleras alcanza mayores niveles de precarización que la de los hombres, ellas trabajan más horas, 65 por semana, contra 57 en el caso de los hombres y presentan una mayor vulnerabilidad ante la falta de seguridad laboral y social. Si alguna llega a accidentarse o a quedar embarazada no puede acceder a los servicios médicos públicos porque los dueños de las empresas agroindustriales acostumbran a dar de alta y baja a cada rato a las trabajadoras, entonces nunca saben si tienen este derecho, no pueden tener una incapacidad pagada, además con este sistema ilegal nunca se alcanzan a cotizar las semanas necesarias para recibir una pensión.
Población en San Quintín
En San Quintín la mayoría de la población es migrante e indígena que llegó de otros estados buscando empleo: hay población mixteca, nahua, mazahua, triqui, otomí, purépecha y la etnia local cochimí, por su importancia agrícola y rápido crecimiento demográfico ya es municipio. El 12 de febrero de 2020, el congreso local aprobó la creación del municipio de San Quintín y en las elecciones del 2024 se elegirá al primer ayuntamiento del municipio.
Con una población total de 117 mil 568 habitantes, donde las mujeres representan el 49.2 por ciento de la población(57 mil 790) y con una población indígena de 35 mil 863 personas y de 4 mil 054 afromexicanas, el próximo año podrían tener a una mujer como presidenta municipal.
Se trata de Esther Ramírez, abogada y activista en favor de los derechos de los pueblos indígenas y en particular de los derechos de las mujeres indígenas. La competencia será compleja, competirá en una encuesta aproximadamente con otras ocho personas que también desean postularse por el partido Morena, y que actualmente están en el gobierno, como en la Secretaría General de Gobierno, en la Oficialía Mayor, en las regidurías o como concejales del Concejo Municipal Fundacional.
“La contienda va a ser difícil, pero lo importante es levantar la mano y dejar claro que estamos presentes para que no nos dejen a un lado y se respeten los espacios políticos para las personas indígenas ya ganados”.
“Hacen falta más políticas públicas, recursos, presupuestos y sensibilidad, porque siempre buscan a los pueblos indígenas para participar en eventos y festivales, nos quieren bailando, en actos ceremoniales, que son muy válidos, pero cuando exigimos nuestros derechos, cuando decimos que queremos ser parte de la política y del gobierno, ya no les gusta y nos frenan”, comentó la abogada para Cimacnoticias.
Y tiene razón. La investigadora y doctora en Ciencias Políticas y Sociales, Martha Singer Sochet, señala que “para el Estado mexicano no ha sido una prioridad el incorporar a los pueblos indígenas en la toma de decisiones y a pesar de que representan un porcentaje suficientemente alto del total de la población han sido fundamentalmente dejados de lado, hasta que los propios pueblos, las organizaciones que los representan y sus acciones colectivas pugnaron por tener un espacio”, comenta en su libro Representación y participación política indígena en México (UNAM-INE, 2022).
Justo así, con acciones colectivas, se ganaron los espacios políticos de los que habla Esther. En 2020 junto con un grupo de mujeres indígenas, se dio a la tarea de investigar si había sentencias en favor de la participación políticas de las personas indígenas y sí, había una sentencia de 2018 que emitió el Tribunal de Justicia Electoral en el estado para obligar al Congreso del Estado a reformar la Constitución y la ley electoral para dar participación política a los pueblos indígenas, pero dicha sentencia nunca se cumplió.
“Las personas de pueblos indígenas, y en particular las mujeres indígenas que participamos en política, siempre estamos hasta abajo, haciendo trabajo de campo, proselitismo, pero nunca, con posibilidades de obtener un cargo, porque los partidos políticos, si te tomaban en cuenta, te ponían en la última fila, entonces nunca llegabas”, comentó Esther Ramírez.
Las mujeres retomaron el caso y obtuvieron otra sentencia donde el Tribunal obligó al Instituto Electoral local a emitir lineamientos para la participación política de los pueblos, otorgando dos espacios para indígenas en al menos dos de los 17 distritos electorales y en el caso de los municipios, la obligación de postular a una persona indígena en las primeras cuatro posiciones. A la fecha, en el Congreso local ya hay dos mujeres indígenas y en los muncipios también hay representación de diversos grupos indígenas.
Fue hasta este 2023, cuando se logró reformar la Constitución y la Ley Electoral del estado, a favor de la participación política de los pueblos indígenas, con pleno reconocimiento a la educación intercultural. Sin embargo, con la reforma perdieron un espacio político.
“La reforma quedó de manera muy genérica, señala que en los cargos puede ser para una persona indígena o una afromexicana, entonces perdimos, antes teníamos dos espacios y regidurías, la reforma tuvo que haber salido con los mismos dos espacios para indígenas y uno extra para los pueblos afromexicanos”, reflexionó la activista.
Sin embargo, los avances en materia de participación política para los pueblos indígenas ya están reflejados en las leyes estatales y eso es un gran logro luego de años de activismo.
Al preguntarle sobre el caso de las jornaleras y la situación laboral, la activista, comentó que “al menos ahora, ya se conoce de la situación, se ‘visibilizó’ el problema, pero «tramposamente» también aumentó la carga de trabajo, ya no hay tanto abuso laboral, pero las empresas siguen sin cumplir la ley en lo que corresponde al pago de seguridad social, aguinaldo y utilidades”.
La violencia contra las mujeres es otro problema grave en el estado. Baja California se ubica en el segundo lugar a nivel nacional en número de feminicidios, con 276 carpetas de investigación. El informe del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública (SENSP), indica además que también es el estado con la mayor cantidad de llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia de pareja, con 44 mil 945.
¿Quién es Esther Ramírez?
Esther nació en Río Metates en el municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, pero desde los tres años, en 1983, llegó a San Quintín, Baja California. Desde niña tuvo conciencia por los derechos humanos de las y los trabajadores jornaleros puesto que su padre, Mateo Ramírez Castro, fue un activista por los derechos de los jornaleros, entre otras cosas, con el apoyo del entonces Instituto Nacional Indigenista y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, formó un Fondo Regional que apoyaba proyectos productivos de los jornaleros. Desde entonces, vivió en carne propia las injusticias en los campos agrícolas y la discriminación en las escuelas y sociedad en general.
A sus 24 años, en el 2004 participó en la creación de la primera organización de mujeres indígenas en San Quintín, Naxihi Na Xinxe Na Xihi-Mujeres en Defensa de la Mujer para la defensa de trabajadoras y trabajadores agrícolas y derechos humanos, de la cual es co fundadora.
Cuatro años después gestionó la creación Casa de la Mujer Indígena “Ve’e Naxihi” (CAMI) espacio que atiende principalmente a mujeres indígenas en situación de violencia y la salud sexual y reproductiva de las mujeres desde una perspectiva intercultural, de género y derechos humanos.
Del ámbito social pasó al político, al convertirse en asesora de la Comisión de Régimen Interno y Prácticas parlamentarias en el XVIII Legislatura, donde impulsó la Comisión para el seguimiento a los derechos de los pueblos Indígenas, logrando por primera vez se expidiera una ley para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, la Ley de Derechos y Cultura Indígena para el Estado de Baja California durante 2006 y 2007.
Además impulsó el establecimiento del módulo de atención del Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California, trabajando como asesora legal, dando seguimiento y acompañamiento a mujeres indígenas y no indígenas que viven situaciones de violencia de género, apoyando ante la Fiscalía, Defensoría, Procuraduría de la Defensa del Menor y Derechos Humanos, como intérprete de la lengua triqui a mujeres monolingües.
Ha sido defensora de las acciones afirmativas para la participación política de pueblos y comunidades indígenas, logrando que en el proceso electoral 2020-2021 se cumpliera la integración de dos diputaciones indígenas y una regiduría en cada uno de los municipios de Baja California.
Colabora a nivel municipal, estatal y federal, en el cumplimiento de los derechos de los integrantes de pueblos indígenas y de las mujeres indígenas, impulsando reformas, modificaciones, propuestas de ley, procesos de consulta y organización para lograr un reconocimiento pleno en los ámbitos de educación, participación política, cultura, derechos de las mujeres indígenas a una vida libre de violencia, en distintos espacios comunitarios como lo es la Asamblea Estatal de Pueblos Indígenas, Asamblea Nacional de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, Red Nacional de Abogadas Indígenas, entre otros.
