Guanajuato.- Guanajuato fue señalado de tener en el olvido a las mujeres periodistas desplazadas por la violencia, sus omisiones con entidad responsable de la seguridad lo ha llevado a ocupar el quinto lugar nacional en agresiones contra defensoras de derechos humanos y de mujeres periodistas, la violencia, el crimen organizado y la impunidad son algunas de las causas que en este sexenio se registren desplazamientos forzado de 15 mujeres, 12 periodistas y 3 mujeres defensoras de Derechos humanos.
Así lo documentó la Plataforma por la Paz, conformada por el Colectivo Desde Provincia en acompañamiento con CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer A.C, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C en Chihuahua (CEDEHM) y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C., a través del proyecto “El olvido de las periodistas desplazadas”, en el cual revelan que las mujeres desplazadas no solo tuvieron que huir de sus hogares y dejar su tierra para salvar su vida, sino que sus agresores fueron funcionarios estatales y municipales, además que la entidad no cuenta con políticas públicas para que ellas puedan tener un retorno seguro.
“El fenómeno del desplazamiento forzado interno de periodistas no es reconocido por el Estado y al carecer de registros oficiales no se brinda la atención para prevenir y dar soluciones de fondo a todas las víctimas. El desplazamiento forzado con motivo de la violencia criminal es un fenómeno ignorado por las instancias oficiales en Guanajuato y la ‘reubicación temporal’ es el término acuñado por la estructura gubernamental del Estado de Guanajuato para referirse al desplazamiento como medida de protección máxima”, señaló la periodista Alfonsina Ávila, del Colectivo Desde Provincia.
Las mujeres periodistas desplazadas cubrían hechos de corrupción, género, feminicidios y desapariciones, abuso de autoridad, coberturas electorales, seguridad, derechos humanos y, en menor medida, crimen organizado y movimientos sociales.
“Este tiempo ha sido complicado, una lucha constante por sobrevivir los procesos, las problemáticas sociales y todo lo que deriva de rehacer la vida en otro lado. Estuve más de un año en cama, sin poder caminar, me dio artritis, diabetes, era mucha la presión de estar sola con dos niñas menores de edad, no ha sido fácil y las autoridades no ven eso”, compartió Mirna Gómez, periodista desplazada hace 4 años, en 2019 cubría el caso del cartel de Santa Rosa de Lima, en 2021 le retiraron las medidas de protección y apoyos por ‘falta de investigaciones y ausencia de riesgo’.
De acuerdo con cifras oficiales, tan solo de 2019 a 2023 en el estado de Guanajuato el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, recibió seis solicitudes de adhesión del mecanismo federal por razones de desplazamiento, de las cuales dos eran mujeres periodistas de León e Irapuato y cuatro eran mujeres buscadoras, dos de Salvatierra y dos de Juventino Rosas.
“Soy madre buscadora desde el 2020, dos años después recibí amenazas por parte del crimen organizado porque ‘les estaba calentando la zona con la búsqueda’, me tuvieron que sacar del estado un 10 de mayo. Es lo peor que he vivido, llorando lo recuerdo como si fuera una película, y todo por lo que hago, no hago nada malo, solo buscar a mi hija y a otros desaparecidos”, compartió María Concepción, mamá de Luz María García Sierra, desaparecida el 8 enero del 2018 en Juventino Rosas, Guanajuato.
Para Cirenia Celestino Ortega, Coordinadora de CIMAC, organización acompañante en este proyecto y, que desde el 2005, ha documentado la violencia que viven las mujeres periodistas, señaló que de acuerdo con sus registros de la organización, la violencia contra las mujeres periodistas se ha incrementado, más en tiempos electorales ‘y este es un año electoral, seguramente las agresiones se agudizarán’.
“En los últimos 10 años, en el periodo 2013-2023, los ataques han pasado de 47 a 184 casos. En el sexenio de Enrique Peña Nieto registramos 248 casos, pero con Andrés Manuel López Obrador fueron 767, solo en el primer trienio, lo que significa un incremento de más del 200 por ciento. Por otra parte, las violencias se han diversificado: ha incrementado la violencia digital, la persecución judicial y las campañas de desprestigio”, destacó.
En este sexenio, CIMAC tiene el registro de 5 periodistas asesinadas: Norma Sarabia en 2019 y María Elena Ferral, Lourdes Maldonado, Yesenia Mollinedo y Sheila García, todas asesinadas en 2020. En Guanajuato registra a 43 mujeres periodistas violentadas, 35 de ellas reporteras.
Para el representante de la Plataforma por la Paz, Raymundo Sandoval a pesar de las acciones interinstitucionales identificadas en la prevención, atención y protección integral de las periodistas víctimas de desplazamiento forzado, como es el Mecanismo de Protección y los mecanismos estatales, la fiscalía federal y fiscalías estatales, las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional y Estatal de los Derechos Humanos, el riesgo no se reduce porque la política actual es insuficiente para prevenir y atender el desplazamiento forzado interno (DFI), ya que son diseñados e implementados de manera fragmentada, sin coordinación interinstitucional y sin capacidades ni atribuciones en la materia.
Registro histórico de violencia contra mujeres periodistas
Desde el 2005 CIMAC ha documentado la violencia que viven las mujeres periodistas. Desde los primeros testimonios en Veracruz que mostraban el comienzo de un éxodo debido a la guerra de cárteles y la violencia institucional (2012); los casos de las periodistas Lydia Cacho y Ana Lilia Pérez, quienes se vieron obligadas a salir del país como una forma de salvaguardar sus vidas (2014); las periodistas desplazadas en los estados de Jalisco, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua (2020), hasta el 2022 con la publicación Dejar todo: Diagnóstico sobre mujeres periodistas en situación de desplazamiento forzado interno en México y de las obligaciones del Estado en materia de atención, prevención y protección, investigación que busca dar cuenta y profundizar en los efectos del DFI en la vida de las mujeres periodistas, articulando en el análisis la perspectiva feminista de género y el paradigma de los derechos humanos de las mujeres: a una vida libre de violencia, a la libertad de expresión y a la protección integral ante un desplazamiento forzado.
