Ciudad de México.- Feministas y defensoras en actos de protesta tras los hechos ocurridos el 8 de marzo pasado en la manifestación por el Día Internacional de la Mujer, donde zacatecanas fueron reprimidas y algunas detenidas, se dieron cita de nueva cuenta en actos de protesta para presentar un pliego petitorio en el que se exige iniciar juicio político al gobernador de Zacatecas, David Monreal, exigen reparar el daño ocasionado a las jóvenes y garantizar la seguridad de las mujeres en el estado por los niveles de violencia a los que se enfrentan.
En entrevista por Cimacnoticias, María Luisa Rosa, de la Red Plural de Mujeres, consideró que la única forma como van a revisar si la actuación gubernamental es real, será cuando empiecen a hacer cambios, como la destitución del secretario de gobierno de la entidad, Rodrigo Reyes, del secretario de Seguridad, Arturo Medina, y del titular de la policía de seguridad vial, Osvaldo Caldera, incluso sumaron la petición de juicio político contra el gobernador, David Monreal Ávila, por la represión contra niñas y mujeres.
«Legítimo derecho a exigirles, pues tenemos un incremento en violencia familiar, sobre todo de alto riesgo impresionante y tenemos un solo refugio, que no es suficiente el personal en ninguna institución que pueda atender víctimas, tenemos un incremento en el abandono de familiares y todo eso hace un caldo de cultivo en la vida de Zacatecas, no solamente más difícil, sino dentro de un rango de riesgo muy alto. Ante los hechos ocurridos el 8 de marzo, estamos con el tema de la ruta jurídica, exigiendo la reparación integral del daño, entre ellas el tema de la atención psicológica, esta parte las chicas no quieren aceptar a las instancias del gobierno, explicó.
Al respecto, precisó que el mandatario estatal no quiere que sea discutida su situación, no quiere que se diga absolutamente nada, pareciera que no pasa nada y que las mujeres no tenemos ningún problema en Zacatecas, sobre todo cuando el secretario de Seguridad Pública argumenta que se usaron protocolos en la marcha del 8M, a lo cual cuestionó los protocolos utilizados que permiten golpear a pequeños grupos de mujeres.
Dijo que agredieron, especialmente, a niñas y mujeres que no están haciendo una acción que les marca la ley como lo máximo para que puedan reprender una manifestación, incluso usaron como armas los extintores, se quitaban los cascos y empezaron a golpearnos, esa es un arma en sus manos, por lo que insistió en que no sabe de qué protocolos habla el secretario.
María Luisa Rosa, de la Red Plural de Mujeres, que tiene 37 años de activismo en el estado, la mayoría de sus integrantes son mujeres de entre 40 y 50 años de edad, dejó en claro que no irán a un diálogo en una condición de subordinación, de sometimiento y de amenazas que todavía persisten a compañeras más jóvenes y vulnerables, lo consideró parte de un montaje, al mencionar que ellas han hecho propuestas de reasignación presupuestal, porque les quitaron todo el recurso destinado para igualdad y atención a la violencia.
“Ahora no vamos a reaccionar bajo el estereotipo de aquellas mujeres que son maltratadas y no tienen más opción que regresar con su agresor, por el contrario, buscamos justicia, porque ahora las autoridades las están haciendo responsables de todo. Por esta causa nos hemos nucleado para visibilizar lo que ocurrió. Sí hay una convocatoria que nos parece una simulación que hemos vivido del gobernador (David Monreal), quien no ha atendido ninguna sesión del Sistema para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia, cuando él preside el secretario general de gobierno desde que fue nombrado y nos ha cancelado encuentro”, reprochó.
La Red Plural de Mujeres de Zacatecas denunció que el gobierno del estado, encabezado por el gobernador David Monreal Ávila, quien asegura querer entablar un diálogo con el movimiento feminista, al mismo tiempo busca incentivar el enojo de la gente hacia ellas, pues hizo circular videos de mujeres que pintaron paredes el pasado 8 de marzo, para que sean señaladas y satanizadas, pues de manera simultánea han recibido amenazas de muerte y hay un linchamiento por redes sociales.
Antes de que terminara la movilización de este jueves, desde el gobierno del estado comenzaron a difundirse fragmentos de videos de las cámaras de seguridad del sistema C-5, donde cuestionaban el que los participantes de la marcha, realizaban grafitis y pegaban consignas en muros de negocios y edificios públicos.
María Luisa Rosa, de la Red Plural de Mujeres, advirtió que están en una condición muy precaria, de mucho riesgo por el nivel de feminicidios, que no bajan, según las cifras oficiales en Zacatecas para 2023 se cometieron 12 feminicidios, 86 homicidios dolorosos y 72 homicidios culposos contra mujeres, lo cual consideran una cifra muy alta.
Mencionó que cada año las cifras van en aumento, como es la desaparición de mujeres jóvenes, afirmó, que ese delito nutre las redes de trata de personas, por eso la activista se cuestionó: quién les garantiza la sobrevivencia.
Rosa, recordó los hechos del 6 de enero de 2022, cuando ocurrió el hallazgo de 12 personas sin vida y el gobernador se limitó a decir: “hay que encomendarse a Dios”, eso habla de abdicar a su obligación de darnos seguridad, afirmó.
«Detectado un riesgo alto, ahora sí que estamos buscando alternativas, porque algunas mujeres quieren salir del estado, no se sienten seguras aquí. El estado tiene que reconocer que hubo tortura, por eso estamos acudiendo a buscar alternativas, por ejemplo, la Red de Defensoras de Derechos Humanos nos ha ofrecido también la atención psicológica a las víctimas, es muy probable que vayamos por esa vía para que les dé más certeza a las compañeras», detalló
Indignadas por las agresiones que sufrieron por elementos de seguridad del gobierno de Zacatecas en la movilización del pasado 8 de marzo, entre 5 y 6 mil mujeres de varios contingentes feministas volvieron a las calles este jueves, en una marcha por el centro histórico el jueves 14 de marzo, en la que exigieron al gobernador David Monreal Ávila, “una disculpa pública” por los actos de represión policiaca.
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Dentro de sus peticiones también se dirigieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, a cargo de Cristian Paul Camacho Osnaya, a quien le demandaron públicamente, efectuar la investigación de oficio correspondiente por la agresión violenta de los policías contra las mujeres, quienes acusaron, a todas las detenidas (que fueron liberadas la noche del mismo viernes 8 de marzo), les robaron sus teléfonos celulares, dinero y otras pertenencias personales.
A diferencia de la manifestación ocurrida el 8 de marzo, en esta última marcha no había agentes de ninguna corporación de seguridad pública vigilando al contingente y los edificios públicos.
Reclamó el hecho de que a ellas no les interesa vivir amenazadas, ni vivir polarizadas, pero mientras no sea algo real su intención de protección, no validarán esta situación de montaje, porque están en riesgo. Reconoció el apoyo de la diputada local de Morena, Gabriela Pinedo, quien las ayudó durante las detenciones ilegales del pasado 8 de marzo para liberar a las mujeres que estaban siendo sometidas.
Sin embargo, lamentó que la diputada de Morena no se sumó a un punto de acuerdo que se discutiría en el Congreso de Zacatecas donde se propuso una petición al gobernador David Monreal para destituir a Rodrigo Reyes Muguerza, secretario General de Gobierno; del general Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública del estado, y de Oswaldo Caldera Murillo, director de la Policía de Vialidad, pero que no pudo ser votado porque Morena y sus aliados abandonaron el recinto y la iniciativa se quedó pendiente de votación.
María Luisa Sosa indicó que hubo 18 detenidas en la protesta del pasado 8M, quienes fueron puestas en libertad después de pasar horas bajo custodia de policías quienes las torturaron física y psicológicamente, por lo que la fiscalía del estado inició seis carpetas de investigación por las detenciones arbitrarias y agresiones cometidas contra mujeres.
Reclamó que los primeros contingentes de la marcha, conformados por madres de víctimas de homicidio, desaparición, infancias y personas con discapacidad, fueron recibidos en la Plaza de Armas con gases lacrimógenos, lo que provocó que algunas se retiraran del lugar, mientras que otras fueron detenidas en medio del caos que se provocó.
Dijo que los peritajes médicos que les practicaron a 14 de las detenidas, quienes decidieron interponer denuncias por las agresiones, determinaron que les provocaron esguinces, contusiones, raspones y derrames en los ojos, “por eso exigimos la reparación integral del daño y la intervención inmediata del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos”.
Incluso, aseguró que desde el helicóptero de la Secretaría de Seguridad del Estado que sobrevolaba la Plaza de Armas con un par de elementos, que parecían francotiradores, de quienes temían tuvieran la instrucción para reprimir a un pequeño grupo de las más de seis mil manifestantes que habían marchado.
