Ciudad de México.- Antes que actuar con debida diligencia, el gobierno de Campeche ha decidido seguir criminalizando a las y los elementos de la corporación que continúan en paro para pedir justicia para sus compañeras policías quienes fueron expuestas a violencias en un operativo fallido el cual se llevó a cabo en el penal de San Francisco Koben.
Las mujeres de la corporación en Campeche, denunciaron abusos durante el operativo fallido, afirmando que no recibieron el equipo necesario para ingresar al penal y que algunas fueron agredidas sexualmente mientras se desarrollaba el motín. Las uniformadas acusaron que los reclusos del Cereso San Francisco Kobén, las estaban esperando armados con piedras, palos e incluso machetes y vivieron violencia sexual durante el operativo.
La indignación ante el abuso a sus compañeras y la mala planificación del operativo, detonó un paro de la corporación policíaca, desencadenando una serie de demandas y protestas por parte de los agentes, quienes exigieron cambios significativos en sus condiciones laborales.
De tal forma, que 21 elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), han sido notificados por la Dirección de Asuntos Internos de esa dependencia, que se inició una carpeta de investigación en su contra, a pesar del amparo que los protege. Durante la tarde del lunes 8 de abril, se les entregó un citatorio para que acudan a una audiencia y respondan ante las acusaciones.
La operación limpieza, incluye a 6 elementos de la corporación, entre ellos una mujer, se les suspendió sus sueldos y fueron dados de baja, tras ser considerados los líderes del movimiento de protesta que inició a mediados de marzo, siendo denunciados ante la Fiscalía General de Justicia del Estado por delitos como motín y sabotaje.
Los hechos
La situación en la entidad, apuntaba a una apuesta por el desgaste de policías que iniciaron protesta pacífica, tras las marchas en que se unieron los miembros de la corporación policíaca, así como sus familiares y, pobladores de la entidad para pedir justicia para sus compañeras policías abandonadas a su suerte en un operativo fallido en el penal de San Francisco Koben.
Las protestas tuvieron repercusión en los medios nacionales, luego de que miles de personas marcharan desde el malecón hasta el Palacio de Gobierno, para exigir la destitución de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, a quien acusaron de corrupción y negligencia al poner en riesgo la vida de 30 integrantes de la agrupación «Mujer Valiente».
Además de exigir mejores condiciones laborales, equipamiento adecuado, salarios justos y jornadas laborales razonables, las y los policías demandaron la destitución de Marcela Muñoz, secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana de Campeche, en un principio.
Después, y ante el mal manejo de crisis, la situación habría escalado de tono para pedir la destitución de la gobernadora de la entidad, Layda Sansores. Posteriormente, hubo un acercamiento, para integrar una mesa de diálogo.
Resistencia pacífica
Los integrantes de la corporación, mantuvieron una resistencia pacífica, al continuar trabajando, pero también, con la exigencia de que se cumplieran sus peticiones; luego de que un juez de Distrito de Campeche les otorgó un amparo.
El documento protegía a los policías que se encuentran en protesta para impedir que fueran detenidos, suspendidos o sufrieran algún otro tipo de sanción incluyendo la suspensión del pago de sus salarios.
A mediados de la semana pasada, fueron informados de la suspensión provisional concedida por el juez de Distrito mediante el cual se ordenó, incluso, cesar todo acto de hostigamiento, represión o intimidación en contra de los sublevados.
Legisladores locales, precisaron que si alguna autoridad estatal o federal violaba el amparo concedido incurriría en faltas a la ley que podrían derivar en su destitución.
Los funcionarios, coincidieron en precisar que la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, debió ser suspendida de sus funciones desde el momento mismo que se abrieron las investigaciones por el fallido operativo efectuado en el penal de San Francisco Koben.
Tras su responsabilidad por haber puesto en riesgo la vida de más de 280 elementos que fueron enviados a enfrentar un amotinamiento sin los equipos e implementos necesarios y poniendo al frente del contingente a mujeres policías.
Derechos en acción
Ligia Rodríguez Mejía, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Campeche, entregó un oficio a los policías inconformes, en días pasados, para que aceptaran reanudar las mesas de diálogo y llegar a una solución.
Según un trascendido, Ligia Rodríguez dijo que las investigaciones realizadas por este organismo autónomo, habrían determinado que sí existe responsabilidad de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, en el fallido operativo en el penal de Koben.
La Comisión de Derechos Humanos del estado de Campeche, solicitó al gobierno de la entidad aplicar las medidas cautelares, las cuales se cumplieron de forma parcial, ya que la funcionaria no habría sido separada de su cargo, en tanto que, prosigan las investigaciones.
Lluvia de acusaciones
En aquel momento, la respuesta de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, fue más a su propio ritmo, anunció la creación de una “nueva policía” que se integraría con los elementos que regresaran al servicio y abandonaran la protesta de sus compañeros y con los egresados de la Academia.
Asimismo, acusó al ex gobernador priísta Alejandro Moreno Cárdenas y el ex alcalde de Campeche por Movimiento Ciudadano, (MC) Eliseo Fernández, de estar detrás del paro que realizan más de 700 uniformados desde el pasado 16 de marzo.
La respuesta de la gobernadora escaló, luego de transmitir un mensaje en sus redes sociales, avisando que procedería contra nueve elementos policíacos que encabezan la rebelión de sus compañeros, a los que acusó de estar siendo manipulados por un partido político y un ex gobernador, quienes, aseguró tenían antecedentes de corrupción.
En su mensaje, Sansores habría sostenido su respuesta a los 21 puntos contenidos en el pliego petitorio de los sublevados, y le agregó cuatro propuestas más, por lo que no pueden alegar que no ha habido diálogo y que no está dispuesta a resolver sus planteamientos, dijo.
La semana pasada José Marquez, policía estatal de Campeche, habló sobre el mensaje de la gobernadora del estado, Layda Sansores y la destitución de policías. Afirmó que todos los mensajes de la gobernadora son amenazantes y aún con eso, ellos seguirán firmes y en la misma postura.
Y, así continúa la situación de la corporación policial del estado de Campeche, en donde solo queda apostar por la resistencia, porque, aún no se ven señales claras de que resarzan el daño a las mujeres policías.
LOA/OLO
