Ciudad de México.- En 2022 hubo 31 mil 895 víctimas de homicidio en el territorio mexicano, de los cuales 27 mil 618 fueron hombres y tres mil 769 mujeres; además no se identificó el sexo de 508 personas; Así lo reveló la quinta entrega del “Atlas de Homicidios: México 2022. Una crisis que no cesa”, elaborado por México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) y que se presentó en el Senado de la República a convocatoria del legislador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza.
Sobre los medios de agresión contra las mujeres, 59 por ciento fueron agredidas con armas de fuego y 14 por ciento a través del uso de la fuerza corporal. Además, la proporción de mujeres víctimas de menos de 15 años, (4 por ciento), es casi 5 veces superior al sector masculino.
Resalta que esta cantidad de personas asesinadas refleja la permanencia de una grave crisis de violencia e inseguridad sostenida a lo largo de los últimos 13 años, pues desde 2010, México no registra cifras menores a 20 mil homicidios al año. Tan solo en los últimos 6 años, la cifra no disminuye de 30 mil homicidios anuales.
La directora general de Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia, Lisa Sánchez, dio detalles sobre la situación de violencia contra las mujeres, al señalar que el espacio físico donde ocurrieron las agresiones varía según el sexo de las víctimas, aunque ambos grupos fueron mayormente asesinados en la vía pública, pero en el caso de las mujeres fueron 2 veces más violentadas en sus viviendas.
El análisis destaca hallazgos importantes con el objetivo de impulsar discusiones, iniciativas y propuestas que abonen a la atención de esta problemática y, con ello, a la pacificación del país.
Lisa Sánchez expresó que entre los hallazgos destacados del Atlas de Homicidios 2022 se encuentran que los homicidios contra mujeres cometidos con armas de fuego han aumentado a lo largo de los últimos tres sexenios, pasando de 44 por ciento con Felipe Calderón Hinojosa a 58 por ciento con Andrés Manuel López Obrador.
Indica que las entidades que concentraron mayor número de homicidios dolosos en estos tres sexenios fueron Baja California, Chihuahua y Estado de México y que la vía pública se mantiene como el principal lugar donde se cometieron los homicidios, mientras que las armas de fuego fueron el instrumento principal para ello.
En primera instancia, dijo, el documento señala la preocupación por la información disponible sobre homicidios a nivel nacional, porque se ha ido reduciendo con el paso de los años, pues el gobierno, desde 2016, han aumentado los casos para los que las autoridades ignoran el lugar de ocurrencia de los homicidios: de un 11 por ciento a un 22 por ciento del total de las víctimas. Tan solo en 2022, de las 31,895 víctimas, la autoridad no informó dónde sucedió el homicidio en 7,156 casos, lo que representa un aumento del +3% en comparación con 2021.
También, la directora general de Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia menciona que desde 2016 disminuyó la información sobre el medio con el que se cometió la agresión, al pasar de 11 por ciento, en casos para los que no se especificó en 2016, a 13 por ciento de casos en 2022. Solo para el año 2022, este dato se ignoró para 3,997 víctimas, lo que representó 3 por ciento más que en 2021.
Además, destaca que en los últimos 3 sexenios ha aumentado la cantidad de víctimas de las que se ignora la presunción de las muertes accidentales y violentas -es decir: si dichas muertes fueron un homicidio, suicidio, intervención legal y de guerra o accidentales-, categoría que pasó de tener un total de 11 mil 828 víctimas con Felipe Calderón, a 17 mil 195 con Enrique Peña Nieto y 23 mil 689 con López Obrador.
Comentó que el sexo de las víctimas es otra información que cada vez ha sido menos especificada desde 2017, al pasar de registrar 70 víctimas con sexo no especificado a 508 en 2022, este último dato representa el máximo histórico de víctimas de homicidio catalogadas con sexo “no especificado”, es decir, el número más alto desde 1990 y un 34 por ciento en comparación con 2021. En particular, Guanajuato, con 234 casos, y Baja California, con 102 casos, concentraron el 66 por ciento de las víctimas catalogadas así.
Resalta el hecho de que las autoridades omiten llenar y aclarar algunas categorías del registro de homicidios, lo que impide contar con información detallada del fenómeno. Aunque la base de datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) cuenta con los campos necesarios para detallar las características de los homicidios, éstos no son llenados.
Añade que tal es el caso del registro de la causa de defunción, en la que se puede especificar el tipo de arma de fuego con el que se cometió la agresión (corta, larga, escopeta, etc.) que, en ninguno de los tres sexenios analizados, se llenó en más de un 3 por ciento de las víctimas asesinadas con un arma de fuego.
Igualmente, Lisa Sánchez considera necesario clarificar el sentido de la categoría “muertes por acciones legales o de guerra” ya que no ofrece detalles sobre el tipo de hechos que describe y porque, sin importar el sexenio analizado, su uso siempre se concentra en una sola entidad: Tamaulipas.
De acuerdo con el documento, los municipios de Tijuana, Juárez, León, Celaya y Cajeme concentran 16 por ciento de toda la violencia letal del país; en mil 138 de éstos se presentaron 10 casos o menos durante 2022; mientras que, en 928 municipios, de los dos mil 473 que conforman la República Mexicana, no ocurrió ningún homicidio.
La directora general de Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia detalló que, el estado de México, Baja California, Michoacán, Chihuahua y Guanajuato, concentraron 45 por ciento de los homicidios ocurridos en el país. Este último estado ha sido la entidad más violenta en los últimos cinco años. En 2022 concentró 13 por ciento de los homicidios a nivel nacional. Además, los municipios que más acumularon homicidios en el país fueron Tijuana, con dos mil 73 homicidios; Juárez, mil 81; León, 799; Celaya, 665; y Cajeme con 575.
Por otra parte, 24 entidades presentaron disminuciones de casos de homicidios, y 9 aumentaron. En el caso de Jalisco y Chihuahua, puede ser alentadora la disminución, pero Colima y Nuevo León, resultan preocupantes por presentar una continua tendencia al alza; además de que Colima y Morelos registraron máximos históricos.
Agregó que un Atlas de Homicidio ayuda observar la distribución de este fenómeno en el territorio nacional, con la finalidad de asignar las responsabilidades a los gobiernos locales y estatales en coordinación con la Federación, así como para saber quiénes son las víctimas de homicidios, y diseñar políticas focalizadas que ayuden a prevenir estos hechos y sancionar a los victimarios.
“Nos sirve para desmitificar narrativas hegemónicas que pesan hoy sobre el tema de seguridad en nuestro país y en toda la región. (…) Me refiero al hecho de que ya damos por sentado que toda la violencia letal en nuestro país está relacionada con el narcotráfico y no es así. Damos por hecho que la violencia letal en México es un tema de combate a la delincuencia y por lo tanto valoramos el despliegue de cientos de miles efectivos militares y eso ha tenido como resultado que pudo haber una desaceleración estancamiento y una leve disminución”, afirmó.
El modelo de seguridad no funciona
En ese contexto, Emilio Álvarez Icaza Longoria dijo que el informe de México Unido Contra la Delincuencia permite analizar dinámicas, tendencias y procesos de este tipo de crímenes, así como comparar los comportamientos de estos sucesos a nivel nacional y en cada una de las entidades federativas.
Refirió que, en 2021, un año donde hubo procesos electorales, “la violencia política tomó un extraordinario nivel, vimos la mayor cercanía del narco en la urna” y que las tendencias para 2024 son alarmantes y “este tipo de elementos deberían servirnos para desarrollar los sistemas de alerta temprano”.
“Estamos viendo tendencias que pueden generar condición de riesgo, porque si los grupos criminales se acercan a las urnas, la gente estará en riesgo y no votará en libertad”, dijo.
Subrayó que este tema es importante, no solo para los senadores, sino para las autoridades electorales, por lo que deben diseñar los mapas de los fenómenos de riesgo en el territorio nacional.
Por otro lado, el senador del Grupo Plural dijo que las cifras muestran una agudización de la crisis de asesinatos en el país, lo que demuestra que el modelo de seguridad no funciona.
Agregó que se han realizado una serie de esfuerzos legislativos, administrativos, presupuestales e institucionales que no tienen precedentes, como la creación de la Guardia Nacional, que ya tiene más de 130 mil efectivos.
“Soy de los que tiene una enorme resistencia a la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y se han dado apoyos presupuestales extraordinarios”, pero se tienen los peores indicadores de violencia”, aseguró.
Emilio Álvarez Icaza señaló que hay un cambio en la medición de los homicidios, que tiene el objetivo de informar que estos casos disminuyen, pero en realidad solo se modificó la forma de cuantificarlos, no cambia la realidad, sino que utilizan otras categorías para medir y entonces bajan los números, porque lo que importa es intentar presentar un modelo exitoso y no que disminuyan los actores reales de violencia.
