Ciudad de México.- El desplazamiento forzado al que han tenido que recurrir poblaciones enteras en México cada vez es mayor y son los pueblos indígenas así como las mujeres quienes más afectaciones tienen ante esta crisis, por lo que ellas se han convertido también en defensoras de sus territorios y seguridad para exigir que se respeten sus derechos humanos, este es el caso de raramuris de las Coloradas de la Virgen situada en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, ellas han ganado un amparo contra el Estado mexicano para garantizar el retorno a su lugar de origen.
La sentencia ordena a las autoridades correspondientes establecer los procesos y planes de actuación para que integrantes de la comunidad reciban asistencia humanitaria y detengan el desplazamiento de sus comunidades, les proporcionen alojamientos seguros y en condiciones de dignidad y realizar todas las acciones encaminadas al retorno digno y seguro a su territorio.
No es fortuito que esto suceda en esta ubicación, en noviembre del 2023 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) refirió qué debido a sus riquezas naturales, la Sierra Tarahumara, situada en el estado mexicano de Chihuahua, México, es un lugar acosado por intereses privados, los caciques locales y los grupos de narcotraficantes, y una región que cuenta con muchos desplazados internos.
De acuerdo con Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara Territorio de los Pueblos Ralámuli, Ódami, Oichkama (Pima) y Warijó la región Tarahumara cuenta con una importante reserva natural, ya que, entre los bosques de pinos, de encinos y galería cubren una superficie de 4.3 millones de hectáreas.
Este territorio de comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, ralámuli, ódami, warijó y oichkama es abundante en recursos hídricos, forestales, escénicos y minerales, y se ha enfrentado a la tala ilegal, así como la violencia sobre la comunidad rarámuri por lo que defensoras de derechos humanos y sus familias se vieron obligadas a salir de ahí.
El desplazamiento forzado por violencia en el mundo se ha traducido en una crisis humanitaria, según el Informe Mundial sobre Desplazamiento Interno del IDMC (Internal Displacement Monitoring Centre) el conflicto, la violencia y los desastres provocaron 38 millones de desplazamientos internos en 141 países y territorios en 2021, la segunda cifra anual más alta de la década después del récord histórico de desplazamiento por desastres en 2020. Los conflictos y la violencia provocaron 14,4 millones de movimientos.
Según datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), en el 2021 México registró la cifra más alta hasta ahora de personas desplazadas por la violencia —siendo esta casi equivalente a la suma de personas desplazadas en los últimos tres años— y de eventos de desplazamiento interno masivo por violencia —que casi duplicaron los registrados en 2020—. Consecuentemente, también hubo aumentos significativos en el número de municipios y localidades afectados.
El amparo
Fue el 29 de febrero de este 2024 cuando la jueza del décimo Distrito en Chihuahua aprobó el amparo 1870/2023 cuya resolución mandata a las autoridades del Estado Mexicano realizar acciones concretas para restituir los derechos humanos de las indígenas rarámuri defensoras ambientales y territoriales de la comunidad de las Coloradas de la Virgen, quienes han enfrentado este desplazamiento forzado desde el 2018 pero hasta el momento, autoridades de los tres niveles de gobierno han incumplido con el mandato.
Ante la inacción de las autoridades, las indígenas rarámuri levantan la voz para exigir a los tres niveles de gobierno que se coordinen para atender las causas estructurales que originan el riesgo. Además, exigen el cumplimiento de las medidas de asistencia humanitaria, derechos sociales y medidas estructurales establecidas en el plan de protección.
Ante el panorama, Cimacnoticias reportó en el 2022 que Cecilia Jiménez-Damary, Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos de los desplazados internos, en su informe preliminar, destacó que, en México, son más las mujeres que los hombres en situación de desplazamiento forzado.
También agregó que la gran mayoría de ellas se convierten en las principales encargadas de las labores de cuidado en su entorno familiar. Esto responde a que, según observó la relatora en nuestro país, una persona no suele desplazarse sola, sino que se va con todo su núcleo familiar (hijos o hijas, padres, madres, hermanos…, quienes se vuelven sus dependientes económicos en medio de una dura etapa de inestabilidad).
La Relatora Especial para los derechos humanos de los Desplazados Internos, entonces, señaló en su informe del año 2023: «el fenómeno del desplazamiento interno afecta mayoritariamente a los Pueblos Indígenas, los cuales, pese a representar el 10% de la población total de México se vieron afectados por el 40% de los episodios de desplazamientos registrados”.
Actualmente quienes viven en calidad de desplazamiento interno, lo hacen en condiciones de hacinamiento en refugios que no cumplen con los estándares mínimos para ser considerados viviendas dignas y seguras.
Estado de indolencia
Las mujeres rarámuri denunciaron que a pesar de que la jueza del décimo Distrito en el estado de Chihuahua les otorgó el amparo, autoridades del gobierno del estado, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y de la Procuraduría de Protección al Ambiente (PROFEPA) recurrieron la resolución, haciendo oídos sordos al mandato judicial y a las necesidades de la comunidad rarámuri.
Ante las condiciones en las que han tenido que vivir las personas desplazadas uno de sus abogados defensores, Antonio Palacios del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, (CEDEHM) ubicado en el estado de Chihuahua, compartió en exclusiva para Cimacnoticias:
«Hago hincapié en la preocupación o en la rabia, vamos a decirlo en el coraje, de que las comunidades desplazadas como Las Coloradas llevan 10 a 8 años desplazadas a partir de los hechos de su violencia en su comunidad y que viven en condiciones realmente indignas, de mucha falta de acceso a servicios básicos».
La defensa de las mujeres rarámuri consideran una forma total de indolencia y falta de voluntad del Estado Mexicano, que las autoridades estén alegando que no les corresponde atender este tipo de mecanismos de protección.
«Las mujeres rarámuri viven en lugares donde no pueden desarrollar su cultura y su pertenencia, la pérdida de lenguaje, de sus costumbres. Y el hecho de que se haya tenido que llegar al grado de solicitar la restitución de esa dignidad por medio de un juicio de amparo es insólito», ponderó el abogado.
«Y, además que las autoridades estén alegando que no les corresponde atender ese tipo de mecanismos de protección forman parte de una indolencia completa y falta de voluntad por parte del Estado».
El abogado Palacios, señaló que no hay un compromiso del Estado mexicano con sus grupos originarios, «imagínate al grado de informarles con una resolución judicial que tienen que atenderlos, habla de una completa falta de… es el colmo», puntualizó.
Segundo desplazamiento
En la actualidad las mujeres raramuri, con éste, ya es el segundo desplazamiento forzado y desde el 2014 ingresaron al Mecanismo de Protección para Defensoras de Derechos Humanos, para proteger su vida e integridad; esto, ante la omisión de las autoridades para cumplir con el Plan de Protección aprobado por la Junta de Gobierno del Mecanismo en noviembre de 2022, así que se vieron en la necesidad de promover un amparo en materia de protección.
El 29 de abril del 2024 el equipo legal de las mujeres rarámuri se reunió en la ciudad de México con Tobyanne Ledesma y otros funcionarios del Mecanismo de Protección de la Secretaria de Gobernación quienes se comprometieron a revisar el Plan de Protección, realizar una visita técnica a la comunidad, coordinar una mesa de trabajo para reunirse con autoridades estatales y mantener la comunicación para el seguimiento y cumplimiento del amparo colectivo.
Sin embargo, el abogado defensor Antonio Palacios del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, (CEDEHM) hizo énfasis en que no se llegó a un acuerdo preciso, ante la insistencia de la defensa para una fecha concreta para dar seguimiento al caso, las autoridades no plantearon un día o mes concreto para resarcir un poco de la dignidad que les ha sido arrebatada a las mujeres rarámuri.
Testimonio de Amada, mujer raramuri:
La crisis de desplazamiento no ha sido sencilla para las mujeres rarámuri, en un video realizado para solicitar aportaciones a la causa, se puede escuchar a una de ellas contar su historia:
«Antes había mucha gente en Las Coloradas de la Virgen es una comunidad en la que antes había mucha gente y a sus alrededores. Luego había muchas niñas y niños, había maestros en la comunidad, subían a los niños de las comisarías».
Con voz que refleja alegría, prosigue: «subían ahí al mero centro de la comunidad de Las Coloradas de la Virgen, ahí está la escuela, en el año que nosotros estábamos en Las Coloradas, que yo estaba viviendo ahí en Las Coloradas, no había ningún desplazamiento todavía. Y luego, pues ya de repente empezó la violencia y las amenazas empezaron a matar las personas que tenían cargo en la comunidad».
«Nosotros ya tenemos dos desplazamientos la primera vez del desplazamiento que tuvimos primero fue porque mataron a un cuñado, él era un luchador también de la comunidad, era comisario y en ese año que lo mataron a él, pues en ese año se salieron los maestros también», comenta refiriéndose a la crisis de violencia que comenzó a inundar su comunidad.
En ese momento comenzó el desplazamiento, saliendo de su tierra para poder conservar un don más valioso que el de su hábitat, la vida misma, refirió:
«De allí ya se salió mucha gente y nosotros también nos salimos, ya nos hicimos de un terreno, ahí compramos un terrenito en donde estábamos viviendo, y ya de allí nos empezaron a llegar las amenazas, golpearon a mi compañero y lo golpearon porque él volvió a ir a Las Coloradas de la Virgen».
«Empezaron las amenazas otra vez con él y, al último, ya lo querían matar, la segunda amenaza. Y ya de ahí, pues ya fue cuando mataron a Julián Carrillo y ya ellos nos trajeron aquí, seguimos todavía viendo si nos podemos regresar o nos quedamos. Extraño a las personas de allá, extraño a mis hermanas», finalizó.
Anhelo de volver
A lo largo de estos años en que han vivido lejos de su tierra, de su entorno y la cultura ancestral, las indígenas de la etnia rarámuri de las Coloradas de la Virgen en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, han tenido que vivir en sentido opuesto a su forma de vida.
Ellas debieron enfrentar la violencia de caciques quienes se apropiaron de su territorios, así como los grupos de talamontes, así como grupos de la delincuencia organizada quienes irrumpieron en el paraíso en el que ellas vivían. Sin lugar a dudas, ha sido un cambio disruptivo para su forma de vida.
En el caso de Amada Chávez, indígena raramuri, son dos núcleos familiares que están con ella, sus hijas salen a trabajar mientras ella se queda en casa cuidando a sus nietos. Sin embargo, cuando los lleva a la escuela, prefiere esperar las largas horas de la jornada escolar a tener que regresar de nuevo para acompañarlos a la salida.
Esto se da, debido a las grandes distancias que tiene que zanjar entre el lugar en que ahora vive para llegar, dejar y recoger a sus nietos, pierde la mitad de la jornada esperándolos.
Para la viuda de Julián Carrillo, la vida tampoco ha sido sencilla ya que no ha podido salir del refugio en el que se encuentra debido a que tiene un hijo con discapacidad motriz entonces se tiene que adaptar a las circunstancias.
Julián Carrillo era un líder de la comunidad de Coloradas de la Virgen. Su trabajo era cuidar el territorio, el agua, el bosque y la vida silvestre. Denunció públicamente la tala y la minería por parte de los terratenientes en sus tierras ancestrales, así como la violencia de grupos armados criminales contra su comunidad, lo que motivó su asesinato acontecido el día 24 de octubre de 2018.
La mayoría de las personas desplazadas son del pueblo indígena de los rarámuri y a lo largo del tiempo han formado redes de apoyo y acompañamiento, a la familia de Julián Carrillo la misma gente de la comunidad les lleva maíz y les han conseguido molinos para que puedan seguir preparando su nixtamal.
Aunque las familias tienen una tarjeta que les dan por parte del Estado para que puedan comprar su comida, asisten al centro comercial y compran sus productos básicos, el defensor de los rarámuri señaló que al principio vio cómo les costó trabajo acostumbrarse a comer así, incluso se enfermaron por problemas estomacales.
Comprar la comida en un centro comercial es contrario a su cultura, «porque la mayoría, si no es que todas y todos están acostumbrados al autoconsumo. Es decir, ellas mismas plantaban y cultivaban lo que consumían, entonces, eso de venir acá a consumir alimentos ya procesados no iba con ellos, aunque ya se han estado acostumbrando», refirió el abogado.
En cuanto a su tradicional forma de vestir, son las mujeres las que conservan en mayor proporción sus atuendos, ya que consiguen la tela y ellas mismas confeccionan sus vestimentas. En donde se observan más cambios es con los hombres, ya que por cuestiones de trabajo, tienen que dejar de usar huaraches para sustituirlos por unos zapatos alejados de sus tradiciones.
La economía de las personas desplazadas se sostiene con alfileres, los trabajos a los que pueden acceder se encuentran en la informalidad por lo que carecen de prestaciones sociales básicas.
«Solo consiguen trabajo en el sector informal, en la construcción y también muchos se van de jornaleros, se van una temporada al cultivo de chile, cebolla o manzana. Tengo información de que hay mujeres que también se van de jornaleras, sobre todo a la pizca de algodón y de chile», relató.
El defensor de los pueblos originarios, también compartió que en otros núcleos familiares son los hijos los que salen a trabajar de jornaleros, incluso, se van a otras regiones cercanas como Sinaloa y envían remesas para sostener a su familia.
El territorio
Según datos del censo 2020 del INEGI, en la región se encuentra una población de 262 mil 533 habitantes y vivían 135 mil 702 personas de los pueblos ralámuli, ódami, oichkama, y warijó en los hogares de la región.
De acuerdo con Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara Territorio de los Pueblos Ralámuli, Ódami, Oichkama (Pima) y Warijó se informa de las concesiones mineras del 2023, se cuenta con un registro en la región Tarahumara de mil 257 concesiones, que incluyen las concesiones de exploración y explotación. Cubren una superficie de 978 mil 091 hectáreas, con una superficie mínima de .005 hectáreas y una máxima de 111 mil 701 hectáreas.
En los últimos 10 años, en la Sierra Tarahumara se instalaron más de cincuenta empresas mineras extranjeras que trabajan a tajo abierto, debido al alto potencial para extraer oro y plata. A su vez, los territorios indígenas, ubicados en los municipios de Guazapares, Urique, Uruachi y Ocampo, se ven severamente afectados por la fuerte agresión ambiental, resultado de la explotación encarnada por este tipo de megaproyectos.
Chihuahua es la entidad más grande en la República Mexicana. El 71% de sus ecosistemas son considerados forestales, y equivalen al 12.3% de la superficie forestal del país, que brindan grandes servicios ecosistémicos, con abundantes recursos de flora y fauna, prioritarias para la conservación.
Los principales ecosistemas presentes en la entidad son: bosque templado, selva baja, matorral xerófilo, pastizales y sistemas acuáticos; en consecuencia, los servicios ecosistémicos que se
generan son muy considerables, beneficiando a la población en general y particularmente a diversos sectores productivos. En la zona occidental de la cordillera, se localizan bosques y selvas a lo largo de este macizo montañoso; mientras que, en la zona oriental, en las sierras y llanuras del norte existen extensas áreas de matorrales y pastizales.
LOA/OLO
