Ciudad de México.- Amnistía Internacional (AI), denunció en su informe Perseguidas: Criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en México que durante 2016, tres mujeres, de profesión abogada, periodista y antropóloga forense son criminalizadas y perseguidas con la fuerza del Estado mexicano, tras los hechos violentos ocurridos en San Fernando, Tamaulipas.
Amnistía Internacional resaltó la impunidad en la que permanece esta persecución contra Mercedes Doretti, Ana Lorena Delgadillo y Marcela Turati, desde el 2016 cuando la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) abrió una investigación por delincuencia organizada y secuestro que la Fiscalía General de la República (FGR), de Alejandro Gertz Manero, mantiene vigente hasta ahora.
La organización feminista Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IN-Defensoras) registró que durante los últimos años, el mes de marzo ha sido el mes que ha marcado el pico anual más elevado de agresiones contra defensoras. Así, durante los meses de marzo de los últimos cuatro años, de 2020 a 2023, registramos 2 mil 901 agresiones en México, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
Entre 2020 y 2023 documentaron mil 239 agresiones contra defensoras en México durante el mes de marzo. De éstas, 66 por ciento se dieron en acciones colectivas, incluyendo: 201 situaciones donde se ejerció violencia física, psicológica y verbal en contra de defensoras; 85 agresiones para limitar el derecho a comunicar y/o recibir información; 51 limitaciones, impedimentos y/o ataques por manifestarse pacíficamente; 51 agresiones donde hubo uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades públicas y 39 detenciones arbitrarias.
Las defensoras generan una importante labor en un país que tiene una crisis de desapariciones. Según la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas mantiene un registro total de casi dos mil personas desaparecidas y sin localizar en México desde que comenzó el 2024. Del total el 64.79% son hombres, mientras que el 35.21% son mujeres. Además reveló que hay un aumento en la desaparición de mujeres de entre 15 y 19 años, con 223 casos reportados.
Ante este contexto, las mujeres defensoras de derechos humanos en México enfrentan un doble riesgo al realizar su trabajo: por defender los derechos humanos y por ser mujeres. A los altos niveles de violencia, que inhiben su participación en la vida pública, se suman estereotipos y normas culturales que cuestionan la actuación política y social de las mujeres.
La documentación del caso San Fernando
En las fosas clandestinas de San Fernando, en el estado de Tamaulipas, fueron hallados los cuerpos de 72 migrantes -58 hombres y 14 mujeres- que intentaban cruzar a Estados Unidos por México en agosto de 2010. Más adelante, en abril de 2011, se encontraron otros 196 cuerpos de diversas nacionalidades.
San Fernando es un municipio en el estado de Tamaulipas ubicado en la frontera norte de México, en el cual se ha reportado la presencia del cartel Los Zetas y el Cartel del Golfo, y en el cual transitan personas migrantes, solicitantes de asilo y víctimas de desplazamiento interno forzado que desean llegar a Estados Unidos. En dicho municipio, se han registrado delitos contra la población de paso, desapariciones forzadas, asesinatos y secuestros.
Estos acontecimientos fueron conocidos por la prensa como las masacres de San Fernando, las cuales provocaron la preocupación de diversas organizaciones y organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la cual condenó los asesinatos en la localidad e hizo un llamado al Estado mexicano “a adoptar de manera urgente todas las medidas necesarias para proteger a todos los migrantes en su territorio y garantizar el respeto absoluto a sus derechos humanos”.
Desde entonces, han sido las periodistas y defensoras de derechos humanos quienes han dado seguimiento al tema y hoy anuncian la persecución que viven 3 de ellas, por el hecho de informar y evidenciar un sistema que opera en favor de la delincuencia.
No hay que perder de vista que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador prometió integrar una Comisión de la verdad para esclarecer la matanza de 72 migrantes y el hallazgo de las decenas de entierros clandestinos en San Fernando
Se abrió una investigación contra ellas, en la que fueron acusadas de participar en delitos de delincuencia organizada y secuestro, y, sin que fuesen notificadas, durante meses el Estado mexicano tuvo acercamiento con sus registros telefónicos, su geolocalización y todos sus datos personales.
Esta incertidumbre, que se mantiene desde hace ocho años, ha puesto a las tres defensoras de derechos humanos en una situación de indefensión, pues existe la amenaza constante de que continúe el uso indebido del sistema de justicia y sean investigadas sin que se garanticen las normas básicas del debido proceso.
Durante la presentación de este informe encabezado por la directora en México de la organización internacional, Edith Olivares Ferreto en compañía del representante de España, Esteban Beltrán, y la periodista Carmen Aristegui, afirmó que hay que dejar de hablar de «crisis de derechos humanos en México, porque crisis supone que hay un espacio temporal donde se agrava la situación, y que hay un principio y un final».
«Como periodista, yo debería estar ahí sentada haciendo preguntas, no debería estar aquí. Pero algo está podrido en un país donde es más peligroso investigar un crimen que cometerlo».
Marcela Turati
Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) se solidarizó con las víctimas y sostuvo que los asesinatos de personas en San Fernando evidenciaban la “situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentra la población migrante en su tránsito por los países de la región y las graves violaciones de derechos humanos a las que con frecuencia se enfrenta”.
Este hecho se consideró una de las más grandes violaciones de derechos humanos del país, no solo por lo ocurrido sino por la forma de obstaculizar la investigación que intentaba obtener justicia para las víctimas.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), registró 686 personas migrantes fallecidas o desaparecidas a lo largo de la frontera entre los Estados Unidos y México durante el año 2022, lo cual la ha convertido en la ruta migratoria terrestre más peligrosa del mundo.
Al cotejar los datos de enero a agosto, desde el 2014, durante el 2023 con 325 casos, se coloca como el tercer año con mayor número de muertes y desapariciones de migrantes, sólo por detrás del 2021 (534) y el 2022 (686).
La organización recordó los compromisos del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular de 2018, sin embargo, hasta su revisión en el 2022, ninguna nación había demostrado avances significativos en el Objetivo 8 que llama a “salvar vidas y emprender iniciativas internacionales coordinadas sobre los migrantes desaparecidos”.
Cada 24 horas, por lo menos, se registra una muerte o desaparición de un migrante en la frontera entre México y Estados Unidos. De acuerdo con datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas
Mujeres perseguidas por perseguir la verdad
Durante el evento señalaron que la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos por sus actividades legítimas atemoriza y desincentiva no solo a que las personas criminalizadas continúen la promoción y protección de los derechos humanos, sino también a que otras personas defensoras continúen sus labores, y contribuye a que las comunidades no manifiesten sus reclamos.
El reporte de Amnistía Internacional narra que la forma en que la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) justificó su actuación ilegal.
Señalaron que fue a partir de la supuesta denuncia de la familiar de una de las víctimas, quien negó haber autorizado a Turati a publicar en la revista Proceso su testimonio sobre los obstáculos para recuperar los restos de su familiar y que había sido extorsionada, además de que la acusó de haberle dado los datos de Delgadillo en un papel, pero que ella no autorizó a la defensora a ser su representante en el proceso judicial.
Bajo el entorno de persecución que existe en contra de Mercedes Doretti, Ana Lorena Delgadillo y la periodista Marcela Turati, en el papel que cada una de ellas tuvo durante la investigación de esa masacre, cada una tuvo un papel fundamental para buscar la verdad.
La abogada Ana Lorena Delgadillo Pérez creó una fundación que representaba a cerca de 300 familiares de víctimas de migrantes desaparecidas y desaparecidos: “la PGR entregó restos equivocados; la PGR cremó restos de migrantes que no debieron haber quemado, porque un cuerpo es evidencia”, acusó.
La periodista mexicana Marcela Turati, especializada en desapariciones de personas, cubrió el suceso de las fosas de San Fernando para la revista en la que trabajaba. “En la morgue noté anomalías, y vi el momento en que se llevaron los cuerpos a las Ciudad de México, luego supe que para ocultarlos».
Con la información recabada durante meses, Marcela pudo publicar una serie de reportajes que incomodaron a los miembros de la Procuraduría por denunciar los hechos ilícitos que encontró en su investigación. Así, la PGR denunció que los reportajes habían publicado «información no autorizada».
Esto ocurrió entre mayo y junio de 2015, cuando Marcela invitó a dos colegas a armar un equipo de investigación para analizar el caso y recorrer los estados de Querétaro, Guanajuato y Michoacán en busca de familiares de las víctimas de la masacre de San Fernando y a sobrevivientes.
En específico, entrevistaron a una madre que habían contactado por teléfono quien buscaba a su hijo desaparecido. La mujer les habló de su hijo, y les mostró ropa y fotografías de él. Tras entrevistarla, Marcela detectó que el cuerpo de su hijo había sido encontrado e identificado en las fosas clandestinas de San Fernando al hacerle la autopsia.
Cabe mencionar que las autoridades de la SEIDO de la PGR, con quienes tenía contacto la madre, nunca le informaron que lo habían encontrado.
Marcela también identificó que la madre entrevistada tenía problemas de salud y estaba siendo extorsionada, por desconocidos quienes le exigían dinero para que obtuviera información de su hijo.
Ante ello, Marcela decidió compartirle una nota con datos de la directora de la Fundación de Ana Lorena, en caso de que requiriera apoyo legal, y dejarle sus datos personales y los de la revista Proceso (para la cual trabajaba). También, le avisó de las irregularidades al entonces subprocurador de Derechos Humanos de la PGR.
En el caso de Doretti, cabeza del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), quien tenía un convenio con la PGR continuado con la FGR, para identificar los restos de los migrantes, no parecería haber más justificación que la hipótesis de que mantenía comunicación con Turati y Delgadillo, y que la experta forense les habría filtrado información.
El interés de Mercedes de trabajar en el caso de las masacres y fosas clandestinas de San Fernando estuvo relacionado con la labor de Ana Lorena, quien anteriormente había trabajado con el Equipo Argentino, (donde pertenecía la antropóloga forense) le habló de la masacre de 72 migrantes en San Fernando y del hallazgo de las fosas clandestinas en la misma comunidad.
Por esta situación las tres mujeres fueron acusadas de participar en los delitos de delincuencia organizada y secuestro. Se abrió una investigación contra ellas sin informarlas en ningún momento, y, sin una solicitud policial.
La directora de Amnistía Internacional resaltó que antes de presentar el informe, su organización trató de contactar al fiscal Alejandro Gertz Manero, en espera de entregarle personalmente el documento, sin éxito.
Durante la presentación del informe, Ana Lorena acusó que la persecución deja lo más importante fuera, la verdad de los hechos que llevan a la no impunidad:
“la criminalización de las defensoras de derechos humanos en México tiene graves consecuencias en la sociedad, generando un efecto amedrentador a otras personas que quieran investigar violaciones de derechos humanos, y provocando que las víctimas queden indefensas y no puedan decidir quién las defiende”.
«La utilización ilegítima del espionaje a peritos, abogados, periodistas y defensores de derechos humanos se extiende como una plaga por todo el mundo», defendió el director de Amnistía Internacional en España. Por ello, agregó, es necesario que se inicie una campaña no solo nacional sino global contra la persecución penal de miembros de la sociedad civil. «Para que Ana Lorena, Marcela y Mercedes sepan que no están solas en su lucha por conocer lo ocurrido».
Diversas organizaciones internacionales también han manifestado su apoyo a Ana Lorena, Marcela y Mercedes.
La Oficina del ACNUDH dio su respaldo a las defensoras y ha expresado “su honda preocupación por la manipulación y el uso indebido del poder punitivo del Estado”.
Hasta el momento, ningún funcionario ha sido investigado por las presuntas violaciones a derechos humanos detalladas en el informe de Amnistía Internacional, sin embargo, el pasado 4 de mayo de 2022, la FGR difundió las sentencias condenatorias contra 18 personas relacionadas con el secuestro de migrantes en San Fernando.
De manera general, la dependencia presentó la información como un logro en el caso, sin embargo evitó aclarar que no comprobó la participación de los 15 hombres y 3 mujeres sentenciadas en los asesinatos de cientos de personas migrantes nacionales y centroamericanas.
El juez federal dictó condenas por los delitos de privación ilegal de la libertad, homicidio doloso o inhumación ilegal de cuerpos, delitos que forman parte del hallazgo de las fosas clandestinas localizadas en abril de 2011 y no de la masacre de 2010. Las penas van desde los 13 y hasta 58 años de prisión.
Frente a las violaciones documentadas por Amnistía Internacional, el informe destacó la necesidad de que la ahora Fiscalía General de la República, antes PGR, lleve a cabo el no ejercicio de la acción penal en relación con las investigaciones en contra de Ana Lorena, Marcela y Mercedes
Así como eliminar toda información confidencial y de datos personales de las víctimas de la averiguación previa sobre las fosas de San Fernando, e investigar y sancionar a los funcionarios involucrados en la investigación indebida y el espionaje.
Además AI, pidió realizar una reparación integral por el daño ocasionado a las víctimas y realizar una disculpa pública por la investigación y espionaje.
Periodistas resisten
En México, desde el inicio de la llamada guerra contra el narco, los periodistas se convirtieron en «corresponsales de guerra sin tener que salir del país». Desde entonces, México está en la lista de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, con más de 88 comunicadores asesinados desde 2012 y más de 30 desaparecidos.
En el Quinto Informe de Libertad de Expresión, “Palabras impunes: Estigmatización y violencia contra mujeres periodistas en México 2019-2022” Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), documentó que en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador han sido asesinadas cinco mujeres periodistas, la mayoría de los hechos se concentran principalmente en Veracruz, Baja California y Tabasco, en la mayoría de los casos los avances de la investigación son nulos y se sigue esperando que se haga justicia.
Por su parte Artículo 19 ha documentado 164 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor de 2000 a la fecha. De estos, 44 se han registrado durante el gobierno actual de López Obrador y 47 en el mandato anterior de Enrique Peña Nieto.
El gobierno de Javier Duarte, que comenzó en diciembre de 2010 y finalizó el 30 de noviembre de 2016 en Veracruz, ha sido el más letal para los comunicadores: 18 periodistas asesinadas/os. Dicho estado tiene el mayor registro de asesinatos de periodistas, con 31.
“Un país sin guerra declarada, se compara con Irak, con Ucrania o ahora en Gaza, México está en la lista de países más peligrosos pero además donde prevalece la impunidad, y hay más de 30 periodistas desaparecidos que nadie cuenta”.
Marcela Turati
