Ciudad de México.- En el país, 3 de cada 10 niñas indígenas y afromexicanas de 9 a 11 años, considera que pocas veces o nunca se toma en cuenta su opinión, esto de acuerdo con el Consejo Nacional contra la Discriminación (CONAPRED) lo que refleja parte de la estructura histórica de discriminación que enfrentan mujeres de estas etnias, por eso, la reforma propuesta por la próxima presidenta de México en esta materia, se enfrenta a un reto mayúsculo.
Además, recordemos que hay una promesa de Sheinbaum Pardo con las mujeres del país, ante feministas y colectivas, la virtual presidenta realizó un encuentro el pasado 25 de junio, que fue percibido como un acto conciliatorio donde puso a jornaleras y mujeres de la maquila de todo el país en primer orden de importancia, porque «fueron tradicionalmente excluidas por mucho tiempo», no obstante el compromiso fue más allá.
Esta próxima reforma constitucional que atañe a población indígena y afromexicana, está en duda para contrarrestar las narrativas discriminatorias contra las mujeres y niñas de las diferentes etnias del país, así como afromexicanas las cuales han sido normalizadas y reproducidas, de tal manera que cuando expresan sus opiniones, muy pocas veces son consideradas o escuchadas.
Además de esto, la situación que enfrentan mujeres, adolescentes y niñas es adversa, por ejemplo, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), subraya que, por sus raíces, y por diferentes prejuicios que dictaminan lo que se espera de ellas en la sociedad, como que contraigan matrimonio, que se dediquen al hogar, por lo que todo esto se limita a su participación en espacios públicos y privados.
La Encuesta Nacional Sobre Discriminación (Enadis) 2022, aplicada a 42 mil 302 viviendas, en la que participaron niñas de 9 a 11 años de edad con adscripción indígena, afromexicana y afrodescendiente, arrojó resultados de lo que consideran deberían hacer por igual mujeres y hombres.
Por ejemplo, dedicarse a la ciencia (ocho de 10), cuidar a las y los bebés (seis de 10), limpiar la casa y cocinar (seis de 10), ocupar puestos en el gobierno (ocho de 10).
Sobre el entorno escolar, las niñas revelaron que en el último año (inmediato a la realización de la encuesta) sus compañeras o compañeros de clase les hicieron sentir mal por diversas causas: 10 de 10 por su forma de vestir; nueve de 10 por su forma de hablar o expresarse; ocho de 10 por su peso o estatura, es decir, su apariencia física; siete de 10 por su nombre; cuatro de 10 por su tono de piel.
Es por eso que el próximo gobierno federal coincide en la necesidad de una legislación que reconozca las formas internas de organización de las comunidades originarias y para la resolución de conflictos; la posesión de sus tierras y la explotación de estas y que además garantice el bienestar de sus integrantes.
La iniciativa de reforma al artículo 2° de la Constitución, propuesta por el Poder Ejecutivo el 5 de febrero del 2024, en materia de pueblos indígenas y afromexicanos contempla la creación de un apartado D, para reconocer y garantizar derechos de las mujeres a la participación y toma de decisiones, a la educación, salud, propiedad, posesión de la tierra y demás derechos humanos.
Por tanto, la federación, las entidades federativas y los municipios deberán crear una ley general que establezca las normas y mecanismos que aseguren el respeto y ejercicio de los derechos indígenas; armonizar las constituciones y leyes de las entidades federativas para asegurar reconocimiento como sujetos de derecho público y ejecutar las modificaciones administrativas con el objetivo de adecuarlas a la reforma.
Al explicar el contenido y los alcances de la propuesta, el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, expresó que la iniciativa tiene como eje principal el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, así como el establecimiento de una personalidad jurídica y el patrimonio propio desde la libre autodeterminación.
En la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional del 21 de febrero de este año, el funcionario federal dijo que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas tendrán capacidad de ejercer sus derechos por si mismos, sin ningún tipo de intermediación y tomar decisiones en sus asambleas, que serán respetadas por el gobierno y la sociedad.
Mencionó que esta propuesta es resultado del proceso de diálogo y consulta con los pueblos indígenas y afromexicanos celebrado de 2019 a 2021.
“Es muy importante destacar que aquí está la palabra de las autoridades indígenas y representantes que participaron en este proceso. Nosotros afirmamos que esta reforma es un acto de humanidad, es un acto de elemental justicia social, es un elemento constitutivo de la Cuarta Transformación de la República”, resaltó.
Según la iniciativa, los pueblos indígenas y afromexicanos podrán nombrar y elegir a sus autoridades en asambleas con pleno valor jurídico; realizar obras y proporcionar servicios públicos para el bienestar comunitario; recibir y administrar recursos públicos de manera directa y defender sus derechos colectivos ante instancias jurídicas y otras autoridades.
Actualmente, la Constitución y las leyes los reconoce como objetos de interés público, es decir, son tratados como objeto de protección, tutela y asistencia de las normas, políticas y acciones del gobierno y de terceros.
En la propuesta del Ejecutivo se plantea que serán fortalecidos ámbitos y mecanismos para el ejercicio de la libre determinación y autonomía en: formas de gobierno y de organización social; jurisdicción indígena y capacidad de sus autoridades para ejercerla; patrimonio cultural, lenguas indígenas y propiedad intelectual colectiva. Esto evitará plagios en diseños artesanales.
Así como participación en la construcción de modelos educativos, medicina tradicional y reconocimiento a las personas que la ejercen; desarrollo integral; consulta y consentimiento así como hábitat, bioculturalidad, integridad de sus tierras y lugares sagrados.
El titular del INPI recordó que el presidente López Obrador emitió un decreto el 9 de agosto de 2023, por el que se reconocen sitios sagrados y las rutas de peregrinación de los pueblos huichol, cora, tepehuano y mexicanero de Jalisco, Nayarit, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas.
Con el propósito de hacer realidad estos derechos, el Estado tendrá las siguientes obligaciones:
- Impulsar el desarrollo comunitario y regional a través de planes de justicia. Actualmente hay 17 en todo el país.
- Asignar presupuesto que los pueblos y comunidades indígenas podrán administrar y ejercer directamente.
- Proteger el patrimonio cultural y la propiedad intelectual colectiva, además de garantizar una educación indígena, intercultural y plurilingüe.
- Proporcionar servicios de salud con pertinencia cultural y reconocimiento a la medicina tradicional.
- Garantizar los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanos.
- Construir y ampliar vías de comunicación, caminos artesanales, radiodifusión, telecomunicación e internet.
- Reconocer las formas organizativas de residentes y migrantes indígenas, particularmente en contextos urbanos, así como el vínculo con sus comunidades de origen.
- Celebrar consultas ante actos administrativos y legislativos.
Legisladoras se pronuncian
En este contexto, las y los senadores de Morena que conformarán la LXVI Legislatura, que iniciará sus trabajos a partir del 1 septiembre, se alistan para discutir y, en su caso, con la mayoría lograda en las elecciones del 2 de junio, lograr su aprobación, cuyo objetivo que buscan desde su perspectiva es el bien de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Consideran que es tiempo de reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, debido a que México es una nación pluricultural en la que convergen diversas costumbres, tradiciones, idiomas, formas de pensar, creencias e identidades, por lo que se les debe garantizar sus derechos a todas y todos.
La aún senadora de Morena, Lucía Meza Guzmán, presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, afirmó que la iniciativa busca impulsar el libre desarrollo y bienestar integral de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, garantizar que puedan aprovechar sus tierras, recursos naturales y territorios, así como el fortalecer su autonomía, instituciones, culturas e identidades, mediante la implementación de diálogos permanentes.
En tanto, Susana Harp Iturribarría, presidenta de la Comisión de Cultura, apuntó sobre el tema que al hablar de temas de la afromexicanidad no debe hacerse referencia a un tono de piel o a una fisionomía, sino a una cultura.
Por su parte, dl presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, Raúl Bolaños-Cacho Cué, reconoció el trabajo de estos pueblos en la conservación de la biodiversidad, sus aportaciones a la medicina, la preservación de la cultura, pero, principalmente, de las zonas forestales y selváticas, por lo que subrayó la importancia de una legislación que apoye a estas comunidades.
José Hernández Hernández, director de Derechos Indígenas, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, expuso que en septiembre de 2021, los gobernadores integrantes de la tribu Yaqui entregaron al presidente de la República la propuesta de reforma constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que fue resultado de la participación de pueblos y comunidades de todo el país.
Dicha propuesta contiene, entre otros objetivos, que la actuación del Ministerio Público y la seguridad pública consideren los principios de pluriculturalidad, interculturalidad y pluralismo jurídico; así como la participación plena y efectiva de los pueblos y comunidades, y que éstas tengan derecho a sus tierras y recursos, entre otros.
“Los pueblos indígenas no quieren ser sujetos de interés público, sino sujetos de derecho público, que puedan sentarse en la mesa y contar con voto en diversos espacios de decisión”, apuntó.
En México hay 70 pueblos indígenas y el pueblos afromexicanos en todo el territorio nacional, con 68 lenguas indígenas y 364 variantes; 7.3 millones de hablantes de lenguas indígenas.
Además hay 23 millones de personas que se reconocen como indígenas y 2.5 millones de personas se autodenominan como afromexicanas.
