Ciudad de México.- Ernestina Godoy Ramos, extitular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y senadora electa y próxima consejera jurídica de la presidencia, afirmó que, además de la reforma al Poder Judicial, es necesario reforzar la procuración de justicia y a las policías, lo que calificó como el siguiente paso en la agenda política del país.
“Hay que continuar con el reforzamiento, fomentando el trabajo de las fiscalías. Yo creo que es algo que sigue después de la reforma del Poder Judicial, todo el tema de procuración de justicia, de policías, para que realmente haya un acceso a la justicia”, afirmó.
Ernestina Godoy.
En ese marco, Godoy afirmó que no basta con reformar leyes, dijo que hay que incorporar a las actuaciones principios de justicia restaurativa para lograr resolución de conflictos, y abonar en recuperar el tejido social y prevenir el delito.
Con el deseo de que la impunidad deje de ser costumbre en el país y bajo el lema “La justicia que tenemos no es la justicia que queremos”, las y los integrantes del colectivo señalan que el país está en un nivel de impunidad generalizada que supera el 90 por ciento y también supera el 90 por ciento de la cifra negra de gente que no quiere acercarse a las fiscalías.
“No es una opción para las víctimas acercarse a las fiscalías denunciar, si lo pueden evitar, prefieren hacerlo porque saben que de hacerlo serán víctimizadas”, comentó Delgadillo.
El pasado 17 de octubre del 2023, más de 20 organizaciones sociales, colectivos, grupos de víctimas, activistas y academia, presentaron el colectivo #LaJusticiaQueQueremos, con la finalidad de transformar el sistema de justicia en México y ahí señalaron que:
Con el deseo de que la impunidad deje de ser costumbre en el país y bajo el lema “La justicia que tenemos no es la justicia que queremos”, las y los integrantes del colectivo señalan que el país está en un nivel de impunidad generalizada que supera el 90 por ciento y también supera el 90 por ciento de la cifra negra de gente que no quiere acercarse a las fiscalías.
“No es una opción para las víctimas acercarse a las fiscalías denunciar, si lo pueden evitar, prefieren hacerlo porque saben que de hacerlo serán víctimizadas”.
Ana Lorena Delgadillo Directora de la Fundación para la Justicia y el Estado de Democrático de Derecho (FJEDD).
Refirió que en la Ciudad de México se inician al día entre 80 y 100 carpetas de investigación por violencia familiar, pero “ninguna fiscalía puede resolver esa carga de trabajo”; por ello se deben revisar algunos supuestos de violencia familiar en los que se pudiera llegar a acuerdos entre las partes.
“Hay que hacerlo con mucha responsabilidad porque, efectivamente, hay situaciones de violencia familiar que, si no se atienden, escalan hasta llegar al feminicidio”, indicó.
Precisó que se debe transformar la idea de que la justicia que sirve es la penal, porque es la que intimida, al resaltar que la justicia cívica es trascendente en el ámbito de la seguridad, la justicia y la paz, y es ideal territorialmente para usar mecanismos alternativos como la mediación aplicada a comunidades.
Su finalidad, expuso, es la resolución pronta, expedita, eficaz y transparente de conflictos que impactan en la convivencia cotidiana y que pueden prolongarse en el tiempo o escalar a situaciones de violencia que deriven en la comisión de delitos graves.
Añadió que se requiere analizar los tipos penales que admiten la posibilidad de imponer sanciones económicas en lugar de penas privativas de la libertad, lo cual evitará las cargas desproporcionadas a las víctimas que se generan en la vía penal, y ayudará a despresurizar el sistema acusatorio.
También, participó Peter Grohmann, coordinador residente de Naciones Unidas, destacó la relevancia del tema de seguridad a nivel regional, especialmente porque sin esta no hay desarrollo, lo que lo vuelve fundamental.
Es importante, dijo, contar con estadísticas con base en el uso de las tecnologías para poder direccionar el combate a la violencia tanto a nivel país como en lo local, añadió.
Publio Rivera, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, argumentó que la seguridad pública es uno de los objetivos de la Agenda para el Desarrollo Sostenible y debe ser vinculado con el fin de la pobreza, la igualdad, el trabajo decente, el crecimiento económico y la reducción de la desigualdad.
Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, resaltó la pertinencia del foro, desde el ámbito de la innovación y su relevancia en el ámbito de la seguridad. Pidió trabajar en los efectos de la inseguridad —en lo que respecta a las policías y la Guardia Nacional—y las causas del delito.
Puntualizó que en la medida que afinemos modelos para atender las causas se alcanzará el éxito, pero es un área que requieres de experiencia técnica.
También, aseveró que hay que buscar homologar las fiscalías. Es el tema, es el trabajo de la policía, el trabajo de fiscalías, los tribunales y el sistema penitenciario.
En entrevista, en el marco del foro Innovación en la construcción de paz y seguridad desde lo local: estrategias y herramientas para el futuro de México, en las instalaciones de la Cámara de Diputados, Ernestina Godoy resaltó la necesidad de que las fiscalías tengan cercanía a las y los ciudadanos, al recordar que cuando era titular de la FGJCDMX.
“Todos los viernes salía a las plazas públicas a atender directamente a la gente, víctimas y a las colectivas. Esa es una manera de estar cerca y escuchar los problemas”, mencionó la que será la nueva Consejera Jurídica de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo.
Es un tema que cruza el acceso a la justicia. En todas estas instituciones nos falta, tenemos muchos desafíos, el fortalecimiento de las fiscalías, hay que evaluar, nos toca este año, agregó.
Cuestionada sobre la pertinencia de reformar al Poder Judicial, Ernestina Godoy manifestó su respaldo a la iniciativa y pidió conocerla a detalle, ya que la discusión pública solo se ha concentrado en el método de elección de sus integrantes.
Hay que conocerla completa, porque solo se ha centrado la discusión en el voto popular, que eso le va a dar mucha más autonomía e independencia a los jueces. Pero prevé muchas cosas más, hay que conocerla, subrayó.
Afirmó que será una gran reforma y seremos “ejemplo a nivel mundial”; además, en su construcción se buscará, en todo momento, una relación de diálogo.
Territorios seguros y justos
Teresa Ivette Navarrete Reyes, titular del Programa de Prevención del Delito en UNODC México, aseveró que en esta materia se necesita hablar de procesos participativos donde la responsabilidad y papel de los estados son esenciales, así como la presencia de la ciudadanía en sus diversos grupos como mujeres, jóvenes y niñez, e identificar riesgos escuchando a las poblaciones de manera diferenciada y conocer la violencia en sus diferentes tipos.
En la segunda mesa de diálogo, la abogada Daniela Ancira, cofundadora y directora general de La Cana, empresa social que trabaja con mujeres en prisión para mejorar su calidad de vida, afirmó que para lograr la reinserción social es necesario implementar una estrategia integral que atienda las causas de la delincuencia y clasificar los tipos de delitos.
Pietro Piffaretti, embajador de Suiza en México, durante este mismo evento comentó que los retos de paz y seguridad en nuestro país requieren de una respuesta amplia y profunda que ponga al centro a las personas y el Estado de derecho.
Además, afirmó que una respuesta militarizada sería parcial, pues podría desfragmentar a los grupos criminales y volvería más complejo combatir este fenómeno.
Joaquín Guillemí, especialista de ONU-Hábitat, estimó que se requiere de un enfoque que aplique una multiplicidad de estrategias en un solo espacio a distintos grupos poblacionales en riesgo, como mujeres, personas de escasos recursos o que sufren de adicciones, y atender el desafío de la falta de confianza en instituciones.
Además, consideró que se necesita de una participación activa de la comunidad, para crear una estrategia que trascienda más allá del periodo de un gobierno local de tres años.
Agustín Fernández de Losada, director del Programa de Ciudades Globales del Centro de Investigación en Relaciones Internacionales de Barcelona, expuso el proyecto que realizan actualmente agendas urbanas públicas donde la paz y la seguridad es uno de los desafíos, y en el que se abordan las múltiples expresiones de violencia en el entorno urbano mediante una política pública.
Renato Sales Heredia, exfiscal del estado de Campeche, apuntó que el primer piso de la seguridad pública debe ser un sistema de justicia cívica vinculado con la seguridad humana, las que son faltas administrativas deben ser atendidas en primer momento para evitar que se cree un “caldo delincuencial”.
Declaró que ahora que se habla de la reforma al Poder Judicial se deben destinar recursos para capacitar a jueces cívicos en todo el país.
Javier Garduño, de la Red de Ciudades Resilientes, opinó que las redes sociales se han vuelto un escaparate que ha ido debilitando el vínculo comunitario de empatía y solidaridad, por lo que éstas deben ser usadas de manera inteligente. Dijo que hoy se debe construir sobre lo ya avanzado y mejorar el uso a la información con la que se cuenta.
Eduardo Guerrero, director de Lantia Consultores, indicó que el crimen organizado en México se ha adueñado de estados completos.
Propuso que en la próxima revisión del T-MEC se negocie un nuevo capítulo de seguridad o se fijen bases para otro tratado en esa materia, y que México acceda a inteligencia, armamento y tecnología de vanguardia para pacificar al país y recuperar el territorio perdido.
Javier Oliva, profesor e investigador en la UNAM e Instructor en el Diplomado y profesor en la Maestría de Inteligencia para la Seguridad Nacional en el Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (CISEN), indicó que a partir de la disminución de la capacidad táctico operativa de las policías municipales, el pacto federal se ha puesto en riesgo, por lo que debe ser reforzado.
Alejandro González Cussi, Comisionado Municipal de Seguridad Ciudadana de Morelia, Michoacán, mencionó que somos un país sobrediagnosticado que requiere pasar de un debate político a uno de operación. Expresó que, de no voltear a ver a las policías municipales, no podrá construirse el entramado de seguridad, paz y gobernabilidad en México. “Las policías locales están en extinción, no hay incentivos para construir”.
Edmundo Esquivel, especialista en seguridad, sostuvo que es necesaria la resignificación y redignificación de la función del policía municipal para que sea líder, facilitador del servicio público, garantice que las personas estén y se sientan seguras y puedan desarrollar su potencial en la sociedad.
“Se puede encontrar en el uniformado la capacidad para ganarse la confianza, ser efectivos en reducir la incidencia delictiva y mejorar la percepción ciudadana”, expresó.
