Ciudad de México.- A casi 4 meses de los actos de tortura y criminalización en la marcha del 8M en Zacatecas, la lucha permanece a pesar del estancamiento de la investigación del gobierno estatal, es por eso, que activistas y defensoras se han dado cita a través de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDH), para exponer inconsistencias y violencia mediática que las sobrevivientes enfrentan.
Antes de exigir las demandas, la RNDDH contó con la participación de una mujer sobreviviente a la tortura e intento de feminicidio en manos de la fuerza armada. Su voz y resistencia, abrió un panorama crudo donde los actos inhumanos y cruentos del Estado dejan una marca irreparable en la historia de nuestro país.
No más silencio, queremos justicia
«Soy sobreviviente de la tortura y tentativa de feminicidio acontecido el pasado 8 de marzo en la Plaza de Armas del Centro Histórico de la ciudad de Zacatecas», inició el testimonio anónimo de una de las sobrevivientes.
Feminista, defensora de la tierra y de los animales, la mujer expuso cómo, al llegar a la plancha de su centro histórico, el pánico comenzó a propagarse cuando muchas mujeres pedían a otras cubrirse rápidamente la nariz con un trapo húmedo, pues las autoridades habían comenzado a lanzar gases.
Según narró los hechos, la participante explicó que las adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres acompañadas de hijas e hijos y mascotas, comenzaron a replegarse, mientras se cubrían con sus ropas y pañuelos la nariz.
La represión había iniciado y a su alrededor, las compañeras protegían a otras. Todo estaba sobreprotegido, explica: «Habían planchas de hierro y cortinas de metal, era un escenario apocalíptico, cuando Rodrigo Reyes, (Secretario General de Gobierno) dijo que tomaría cartas en el asunto porque la manifestación sería violenta, nunca explicó que, quien sería violento sería él y su gobierno».
Cerca de ella, una compañera era golpeada entre muchos elementos policiales, su top había sido arrancado y su cabello jaloneado con fuerza. Aunque intentó ayudar, la sobreviviente fue rociada en reiteradas ocasiones en el rostro.
«Todas somos iguales, perras. No les vamos a regresar a su amiguita, ahora sí ya valió verga», pronunció la oficial de policía estatal preventiva Miriam Sosa Mujica, narra el testimonio proporcionado por la RDDHN México. Al fondo, un hélicoptero merodeaba la zona del centro de Zacatecas.
La sobreviviente, fue sujetada de extremidades entre varios elementos policiales, todos hombres. Posteriormente, fue despojada de su mochila y entre jaloneos, le quitaron ropa. Según explica, estaba en un barandal lo que no permitía que se la llevaran con ellos, esto implicó que los elementos la golpearan con mayor fuerza en su cabeza, torso, piernas y genitales.
«Fue hasta que alguien llegó con un teaser y me solté por el dolor. Ahí me arrastraron al callejón y me aventaron, yo solo me hice bolita y eso no les gustó. Me agarraron de mis extremidades y me esposaron. Me echaban gas y yo les decía que tenía asma, que se detuvieran».
Según recopila este testimonio, los policías presentes se reían y solo uno decía esporádicamente que no se les fuese a pasar la mano, a lo que respondía uno de sus agresores: pues una menos, la violamos, la aventamos en bolsas negras y le echamos la culpa a los chapitos, ellos la mataron».
De acuerdo con información proporcionada por la UNESCO y la ONEO México, de 2015 a 2020 existen 33 mil 750 carpetas de investigación contra elementos policiacos y militares, todas, con delitos como homicidio, tortura, abuso de autoridad y desapariciones forzadas.
De este total, solamente el 0.5% recibe una condena, es decir, que en nuestro país, el 99.5% de los casos relacionados a brutalidad policiaca – militar y tratos inhumanos, quedan en total impunidad.
- 33 mil 750 expedientes
- 373 judicializados
- 172 cuentan con sentencia condenatoria
«Me dio mucha tristeza, me estaba muriendo y nadie hacía nada», narró en su participación durante la conferencia de prensa del RDDHN.
Según se concluye, la sobreviviente no recibió atención oportuna; no intervinieron las personas de derechos humanos y denunció que fue «paseada» por la ciudad Zacatecas antes de ser ingresada a un hospital con el objetivo de aminorar sus marcas en sus extremidades y cuello.
Asimismo, se señaló que ya se cuenta con una carpeta de investigación, no sin antes sentenciar: Responsabilizo al gobierno de David Monreal, exijo justicia para mí y todas mis compañeras víctimas del pasado 8M.
De incoherencias y demandas
A continuación, los puntos que no deben perderse de vista en esta demanda por la justicia, de acuerdo con Mujeres Sobrevivientes de Tortura Sexual en Atenco, Red de Defensoras de Derechos Humanos, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras y víctimas del 8M en Zacatecas:
- La Comisión Nacional de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, incurrió en tergiversaciones, al aseverar por medio de sus observadoras que las mujeres que gritaban al interior del callejón de las campanas era a causa de crisis nerviosa; no por violencia ejercida en su contra.
- 9 de los 10 peritajes psicológicos presentados fueron descartados por la Fiscalía General del Estado de Zacatecas, alegando que no presentan signos de violencia a pesar de los hechos tan graves que atravesaron a este grupo de mujeres.
- Los residuos de sangre fueron lavados del callejón de las campanas, lo que evidencia la tardía investigación de la Fiscalía.
- Ninguno de los videos que documentan lo vivido ha sido añadido a las carpetas de investigación.
- Se argumentó que existían cámaras de seguridad desde 2019 que avalaban la falsedad de los testimonios, sin embargo, las cámaras fueron instaladas el 27 de marzo, es decir, días después de los hechos.
- La Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas informó que sólo participaron mujeres en el operativo, sin embargo, se cuenta con registro de hombres agresores de quienes se desconoce su identidad
Estas exigencias se mantienen y en abril del año pasado, las organizaciones demandaron lentitud generalizada de las autoridades y el abandono estatal de las víctimas.
Por su parte, el Gobierno Federal selló el tema cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador apuntó que «agradecía que las feministas se portaran bien», durante su mañanera del 9 de marzo del 2024.
Es así que la exigencia por justicia debe mantenerse como un discurso repetitivo en todo canal de difusión, porque no se puede hablar de dignidad en Zacatecas (que nombró este año como «El año de la Paz»), hasta que las mujeres sobrevivientes recuperen la tranquilidad de vivir libres de violencia o en palabras de la RNDDH:
«Hasta que quienes tengan que ocultar el rostro sean otros y no nuestras compañeras que están en lucha”
En México, los últimos años han quedado marcados por su insostenible violencia en contra de activistas, defensoras y manifestantes. Según documenta la RDDHN, las agresiones se dispararon un 60% del 2021 al 2022, manteniendo así, una tendencia a la alta en los últimos dos años.
Dentro del mapa con mayor incidencia se encuentran las siguientes entidades:
- Michoacán
- CDMX
- Nuevo León
- Oaxaca
- Puebla
Si bien aún no se tienen los datos de cierre para este 2024, la organización advierte que este año, se tiene por primera vez registrado un total de 15 casos de criminalización a diferencia de años pasados donde las principales agresiones constan de violencia física, verbal y limitaciones para el ejercicio periodístico – documental.
Es así que, a pesar de contar con material audiovisual y carpetas de investigación, se presume de una supuesta tergiversación de información, una apuesta que el Estado ejerce por todas sus fuentes con el fin de normalizar y limpiar la violencia de la que se responsabiliza directamente a Rodrigo Reyes Mugüerza, Secretario General de Gobierno y a Arturo Medina Mayoral, Secretario de Seguridad Pública.
