Ciudad de México.- El día de ayer organizaciones defensores de derechos humanos entregaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una carta de respaldo a la comunidad indígena nahua de Ostula y así realizar una acción que permita prevenir un proceso judicial irregular que podría despojarla de 2 mil 760 hectáreas de su territorio y cederlas a privados.
Estas violencias han sido señaladas por la comunidad indígena que desde 2023 emitió el amparo directo 463/2023 para el reconocimiento de la titularidad de sus tierras ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del décimo primer circuito de Morelia, Michoacán.
Santa María Ostula, del municipio de Aquila, rodea la costa y sierra del estado de Michoacán, lleva más de dos décadas resistiendo frente a la situación de ocupación y violencia que ha lastimado sus vidas y territorio debido a la apropiación de las bandas de delincuencias organizada quienes han impuesto su presencia en la zona a través de la violencia y son ellas, las mujeres, adolescentes y niñas quienes son utilizadas como botín de guerra.
Cabe señalar que en este territorio viven alrededor de 400 personas de las cuales aproximadamente 100 son mujeres (muchas de ellas embarazadas o adultas mayores) y 150 niñas y niños, compartió María, una mujer originaria de Ostula, previamente para este medio.
Afirmaron que el Estado mexicano tiene la obligación de generar condiciones de paz y seguridad para la población y denunciaron que los grupos delincuenciales y “pequeños propietarios” buscan despojar al Pueblo de su territorio de Xayakalan para apropiarse de su riqueza natural, lo que además generaría el desplazamiento de cientos de familias, en su mayoría mujeres e infancias que habitan este terreno en disputa.
Esto se sumaría a la larga lista de violaciones a derechos humanos de los cuales la comunidad ha sido víctima, entre los que destacan los 42 asesinatos y 5 desapariciones en contra de los y las comuneras de Ostula.
Es importante recordar que por meses mujeres, adolescentes y niñas de la comunidad de Ostula han protestado no sólo por los despojos de sus tierras, también por ataques con arma de fuego y violencia física por parte de grupos delictivos que ponen en peligro sus vidas.
“¿Para cuándo alguien hace algo sobre el despojo de nuestras tierras? A los compañeros que luchan los desaparecen o los asesinan y no tenemos tumbas qué llorar. En Ostula no hay salud, no hay hospitales y por esas razones hemos perdido a mucha gente en el camino, muchos de ellos niños. Pedimos por favor al gobierno que haga algo”.
Reclamó una mujer de la comunidad a través de un altavoz el 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas durante una manifestación frente al Poder Judicial de la Federación de Morelia, Michoacán, documentó Cimacnoticias.
Históricamente, las mujeres e infancias indígenas son las más vulneradas en situaciones de conflicto. Esto lo explica el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el cual dicta que las mujeres y niñas indígenas desplazadas a causa de un conflicto armado, por lo general relacionado con sus tierras, territorios o recursos naturales, son más vulnerables a la violencia de género.
El documento también enfatiza que esta violencia adopta diversas formas, como la limpieza étnica o la deportación forzosa; la violencia sexual o la trata; la extorsión, la delincuencia o la explotación laboral en situaciones de vulnerabilidad como consecuencia de la pobreza.
Datos del INEGI de 2022 también refieren en cifras que estadísticamente las mujeres son más propensas a vivir este tipo de violencias por ser mayoría, pues de la población total en hogares indígenas, es decir, 11 millones 800 mil 247 personas, el 51.1 % de la población en hogares indígenas eran mujeres y 48.9 %, hombres.
Entre las organizaciones nacionales que participaron en la carta de respaldo para dar un último empuje a Ostula a su favor se encuentran la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red TDT), Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (CentroProDH), por mencionar algunas; e internacionales como el Grupo Núcleo de Indigenous Peoples Rights International (IPRI) en México y Front Line Defenders (FLD).
Organizaciones en favor de Ostula
En el paquete de cartas que las organizaciones entregaron a la SCJN manifiestan su preocupación por las persistentes irregularidades del proceso judicial que pretende arrebatarle 2 mil 760 hectáreas de su territorio a Santa María Ostula.
Aunque actualmente Ostula es un pueblo marginado que no cuenta con servicios básicos, como personal médico capacitado para atender situaciones graves de salud, por mencionar un ejemplo, la comunidad sigue en pie de lucha, tanto así, que la entrega de esta carta por parte de las organizaciones civiles es la última oportunidad que mujeres y hombres del poblado encuentran para resolver el conflicto agrario que permanece desde 2004.
Esto, a raíz de que el sistema judicial en los últimos días ha emitido resoluciones desfavorables hacia la comunidad, dando la pauta para que los “pequeños propietarios”, tengan la posibilidad de despojar de su territorio a sus dueñas y dueños ancestrales.
Frente a la resolución desfavorable más reciente, la comunidad de Santa María Ostula promovió un juicio de amparo ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito en Morelia, Michoacán, del cual se espera una respuesta en las próximas semanas.
“Se han identificado, en el marco del proceso legal, múltiples violaciones al debido proceso: en particular, la negativa a contar con su propio perito y el incumplimiento de términos legales. Indebida notificación a las partes: La comunidad no fue debidamente notificada, lo que afecta su capacidad de defensa así como el incorrecto estudio y evaluación de pruebas que incluyen títulos, trabajos técnicos, resoluciones del caso, planos y actas, que no fueron correctamente valoradas”, señala la carta entregada por las organizaciones nacionales.
Por su parte, las organizaciones internacionales, como Grupo Núcleo de Indigenous Peoples Rights International en México, también reconocen su preocupación sobre las inconsistencias en el proceso, pues hay abuso de autoridad de funcionarios del tribunal por la falta de traductores y mecanismos culturalmente apropiados para notificar a las autoridades indígenas, así como de engaños para obligarlas y obligarlos a firmar documentación que les afectaba en el proceso judicial.
Un último intento por recuperar las tierras ancestrales de Ostula
Las organizaciones firmantes señalan que esta es la última oportunidad para que el sistema judicial haga justicia y reconozca la posesión de las tierras ancestrales de Ostula, pues sus habitantes dependen de ellas para el mantenimiento de sus costumbres, tradiciones, autonomía y autodeterminación.
“La preservación y protección de las tierras, territorios y recursos de los pueblos y comunidades indígenas, debe tener prioridad por encima de cualquier otro interés en la solución de los conflictos agrarios.” y que “Los tribunales, incluyendo la Suprema Corte de Justicia, deben agilizar los mecanismos existentes para asegurar la implementación de las sentencias dictadas a favor de los pueblos indígenas”.
Le recordaron las organizaciones a la Presidenta del Consejo de la Judicatura Federal que las relatorías Especiales en materia de Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en sus dos visitas previas a México.
Así, las agrupaciones exhortan a los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en la Ciudad de Morelia, Michoacán y a la SCJN a que impartan justicia y que se reparen las graves violaciones cometidas en contra de la comunidad:
“La pérdida de estas tierras tendría un impacto devastador en la comunidad, afectando su sustento económico, sus prácticas culturales y su cohesión social y más preocupante, sentaría un precedente de despojo avalado a favor de pequeños propietarios y en contra de las comunidades indígenas que son el sustento de nuestro país”.
