El pasado 12 de enero, al realizar su informe de los primeros 100 días de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, la primera mujer presidenta de México, inició su discurso (versión estenográfica) destacando que el machismo es una cosa del pasado y que ahora es “Tiempo de Mujeres” con la Presidenta con A.
Destacó avances en materia de empleo, inversión, salud, educación, vivienda, la próxima elección del poder judicial, el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes de México, el fortalecimiento a la Guardia Nacional (GN) y los programas sociales, entre otros temas frecuentes en la 4T como la defensa del Tren Maya, las carreteras y petróleo.
En materia de seguridad, la presidenta destacó que “entre septiembre y diciembre de 2024: los homicidios dolosos disminuyeron en 16 por ciento, las lesiones dolosas por arma de fuego en 20 por ciento y todos los robos con violencia en 5 por ciento”.
Dos fueron las grandes ausentes de estos 100 días, la violencia feminicida y la libertad de expresión.
El 10 de diciembre pasado, en el marco del Día de los Derechos Humanos y los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres, 37 mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos beneficiarias del Mecanismo de Protección a Personas Periodistas y Defensoras de Derecho Humanos entregaron una solicitud a la presidenta, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaría de Gobernación y a Tobyanne Ledesma Rivera, directora general del Mecanismo.
En dicha solicitud, acompañada por organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Consorcio Oaxaca, Reporteros sin Fronteras, Artículo 19, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, la Red Nacional de Periodistas y Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), todas acompañantes de víctimas frente al Mecanismo, denunciaron el alarmante incremento de violencia en su contra y la importancia de ser incluidas en su plan de gobierno.
De acuerdo con la solicitud, ocho periodistas y 51 defensoras se encuentran en desplazamiento forzado; una periodista en exilio; seis periodistas y cuatro defensoras desaparecidas, así como 17 periodistas víctimas de feminicidio. Durante el último sexenio, el primero del la 4T, cinco mujeres periodistas y 29 defensoras fueron víctimas de feminicidio, además de los 9 mil 716 casos de agresión en el último sexenio. Tan solo en 2024, 204 mujeres periodistas fueron violentadas, de acuerdo con el balance anual de CIMAC.
De estos actos violentos, han sido los funcionarios de gobierno los principales agresores y la impunidad ha acompañado cada caso.
Los agresores han encontrado diferentes formas de obstaculizar la libertad de expresión como el descrédito de su labor, intimidaciones, hostigamiento, bloqueo informativo, detenciones arbitrarias, agresiones físicas y cada vez con más frecuencia, la judicialización.
Esta violencia sucede frente a las condiciones laborales adversas y precarias en que se realiza la profesión que dificulta llevar procesos judiciales largos, no solo por el tiempo, sino por los recursos, esto en detrimento de su labor, pero también de su salud. Los impactos de la violencia, los hemos señalado en diversos diagnósticos.
La solicitud de las periodistas y las defensoras se suma al llamado que hemos hecho organizaciones expertas para fortalecer la política de protección y crear un plan de protección urgente.
El llamado es claro, presidenta si llegamos todas, ¿Dónde están las periodistas?
On January 12th, Claudia Sheinbaum Pardo, the first female president of Mexico, began her speech (stenographic version) by stressing that machismo is a thing of the past and that now it is the «Time for Women».
She highlighted advances in employment, investment, health, education, housing, the upcoming election of the judiciary, the recognition of Mexico’s indigenous and Afro-descendant peoples and communities, the strengthening of the National Guard (NG) and social programs, among other frequent topics of the 4T such as the support for the Tren Maya, highways and the oil industry.
Concerning security, the president pointed out that «between September and December 2024: intentional homicides decreased by 16 percent, intentional injuries by firearms by 20 percent and violent robberies by 5 percent».
Two were the big topics missing in these 100 days, feminicide violence and freedom of expression.
On December 10, in the framework of Human Rights Day and the 16 days of activism against violence against women, 37 female journalists and human rights activists who benefit from the Mecanismo de Protección a Personas Periodistas y Defensoras de Derecho Humanos (The Protection Mechanism for Human Rights Defenders and Journalists) submitted a request to the president. Among them were Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretary of the Interior, and Tobyanne Ledesma Rivera, General Director of the Mechanism.
This request included organizations such as the Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Women’s Human Rights Center), Consorcio Oaxaca, Reporteros sin Fronteras (Reporters without Borders), Artículo 19, la Red Nacional de Periodistas (National Network of Journalists) y Comunicación e Información de la Mujer A.C. (Media and Information for Women), all of whom accompanied victims before the Mechanism. They denounced the alarming increase in violence against them and the importance of being included in their government plan.
According to the request, eight journalists and 51 female activists are in forced displacement; one journalist is in exile; six journalists and four female activists have been victims of enforced disappearance, as well as 17 journalists who are victims of feminicide. During the last six-year term, the first of the 4T, five female journalists and 29 female activists were victims of feminicide. This is in addition to the 9,716 cases of aggression in the last six-year term. In 2024 alone, 204 female journalists were attacked, according to CIMAC’s annual analysis.
Of these violent acts, government officials have been the main aggressors and each case has been accompanied by impunity.
The aggressors have found different ways to hinder freedom of expression. Including discrediting their work, intimidation, harassment, information blocking, arbitrary detentions, physical aggressions and, more and more frequently, prosecution.
This violence occurs in the face of adverse and precarious working conditions, making it difficult to carry out long judicial processes. This is not only because of the time involved, but also because of the resources wasted, not only to the detriment of their work, but also to the detriment of their health. We have pointed out these impacts of violence in various diagnoses.
The call is clear, president. If we all show up, where are the journalists?
