Ciudad de México.- A finales de 2024 se celebró la 29ª Conferencia de las Partes (COP29) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en Bakú, Azerbaiyán. Como delegada juvenil mexicana del Centro Global para la Movilidad Climática (GCCM, por sus siglas en inglés), una organización internacional dedicada a abordar la migración y el desplazamiento forzado por el cambio climático que busca influir en espacios globales para generar soluciones en este ámbito, tuve la oportunidad de asistir.
La COP es el evento anual más relevante sobre cambio climático, ya que es el momento donde los Estados se reúnen para tomar acción sobre la crisis ecológica-civilizatoria a la que nos dirigimos. Durante la COP29 pudieron concertarse algunos avances para abordar la movilidad humana por el cambio climático. Por ejemplo, se habló de una nueva meta de financiamiento climático (NCQG, por sus siglas en inglés) alentando a los países a incluir a las personas migrantes como parte de las iniciativas que requieren financiamiento.
Dentro del Objetivo Global de Adaptación se desarrollaron indicadores que facilitarán la medición de los esfuerzos de los países para prepararse ante los desafíos climáticos. Se abogó por la inclusión de indicadores específicos relacionados con las poblaciones en movilidad humana. Mientras que en los documentos finales de la COP29, los Estados y organismos internacionales adoptaron los Principios Rectores de Bakú sobre el Desarrollo Humano para la Resiliencia Climática comprometiéndose a «invertir en soluciones para las comunidades y personas migrantes afectadas por el cambio climático». Además, lanzaron el Llamado de Bakú de Acción Climática por la Paz, el Alivio y la Recuperación que insta a «abordar el desplazamiento inducido por el cambio climático, mejorar los datos y análisis sobre la movilidad humana en el contexto del cambio climático, y aumentar los esfuerzos para satisfacer las necesidades de protección y asistencia de las personas desplazadas climáticas».
No obstante, es fundamental mantener una postura crítica al respecto, los tomadores de decisiones no están respondiendo a la magnitud de la emergencia climática, ni en lo que concierne a la migración ni en otros aspectos. Por ejemplo, la COP29 fracasó en su objetivo principal de lograr un acuerdo sobre la NCQG con la ambición necesaria. Mientras que los países en desarrollo exigían al menos 1.3 billones de dólares, la cifra alcanzada fue de solo 300 mil millones. Esta cantidad insuficiente puede representar un obstáculo significativo para que los países del Sur Global puedan desarrollar estrategias que afronten los desplazamientos climáticos.
Además, la COP29 también constituyó un retroceso en términos de igualdad de género. Las mujeres, como el grupo más afectado por el colapso ambiental, continúan siendo desatendidas por políticas que no ofrecen soluciones reales. Este desequilibrio refleja un sistema patriarcal, que se evidenció también en la falta de representatividad. Por ejemplo, el comité organizador inicial de la conferencia en Bakú estuvo compuesto únicamente por hombres, y esta estructura solo se modificó bajo la presión internacional. La desigualdad de género fue aún más evidente en una de las fotografías oficiales, donde menos de una cuarta parte de las personas representantes de los Estados eran mujeres.
Por otra parte, fue lamentable (aunque al mismo tiempo esperanzador) que el pabellón del GCCM fuera uno de los pocos espacios donde se alzó la voz por las personas desplazadas climáticas. A pesar de que, según el Banco Mundial, para 2050 se estima que habrá alrededor de 17 millones de personas migrantes climáticas tan solo en América Latina y el Caribe, una cifra que supera a la población total de países como Uruguay, Cuba, Panamá o Paraguay. Las negociaciones de la COP29 no incluyeron sesiones específicas sobre movilidad humana.
Para 2025, tengo la esperanza de que la COP30, al celebrarse en el Sur Global, especialmente en nuestra región, será una oportunidad para instar a los Estados a aumentar sus acciones de mitigación y adaptación de manera que nadie tenga que dejar sus comunidades y desplazarse en la región más vulnerable del mundo para migrar.
Debemos articularnos para integrar y abordar los desplazamientos provocados por desastres y efectos del cambio climático en los marcos normativos, políticas y estrategias nacionales. Además, es crucial velar por la seguridad, dignidad y soluciones en todas las fases del desplazamiento, incluyendo el retorno a las comunidades y territorios de origen.
La COP30 representa una oportunidad única para que los Estados de América Latina y el Caribe lideren la búsqueda de soluciones para la movilidad climática. No podemos permitir que la inacción continúe afectando a las poblaciones más vulnerables, como las mujeres migrantes.
