Ciudad de México. – En marco del Día Internacional de la Mujer y tras lo sucedido el año pasado en Zacatecas en la manifestación por el 8M; el Movimiento Feminista de Zacatecas (MFZ) exigió a las autoridades mantener lejos a las y los policías en la marcha, así como justicia para las mujeres manifestantes afectadas en 2024.
«Queremos a las y los policías lejos de la manifestación, debido a que no existe la garantía de que no se repitan los hechos de tortura registrados en 2024» – MFZ
Esto en respuesta a las declaraciones del titular de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP), Arturo Medina Mayoral, pues de nueva cuenta estigmatizo el movimiento feminista como violento, solicitando “paz” de ambas partes involucradas, policías y mujeres manifestantes.
Estas declaraciones no sólo fueron ofensivas, también violentaron el derecho constitucional que tienen las mujeres de manifestarse, pues encasillar a la iconoclasia como profanación refleja la falta de empatía de las autoridades hacia la violencia sistemática que sufren las mujeres de la región.
En adición a la petición de “no queremos policías cerca”, MTZ solicitó que no se recurra a utilizar mujeres dentro de la burocracia como informantes a lo largo de la manifestación, con el fin de garantizar la seguridad y privacidad de las mujeres que salgan a marchar ese día.
Ya que la falta de trasparencia y nula comunicación efectiva hacia la audiencia las coloca en situación de riesgo, pues la complicidad de los medios de comunicación con la omisión de las acciones autoritarias trasforma el cometido de la marcha dejando mal posicionado al movimiento feminista.
Aunado a las nuevas peticiones y exigencias, MFZ retomó el caso de impunidad hacia el personal policiaco involucrado en la violación de derechos humanos del pasado 8 de marzo, así como la omisión en la búsqueda de justicia para las mujeres afectadas, ya que la falta de interés por parte de la fiscalía general de Justicia ha dejado en estado de vulnerabilidad a las damnificadas.
Para ello se hizo un llamado a la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para la correcta implementación de las políticas públicas con recursos suficientes y acciones afirmativas y reales, recalcando que mientras el gobierno se jacta de la reducción de homicidios dolosos, la violencia hacia las mujeres en todas sus expresiones es ignorada e invisibilizada.
Estadísticas oficiales de la Incidencia Delictiva del Fuero Común de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, en conjunto con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reflejaron que Zacatecas tiene un registro de 11 feminicidios en promedio por año, en una muestra de análisis de 2015 a 2024, es decir, en casi 9 años concurridos se registraron 102 casos de feminicidio en el Estado zacatecano.
Con el fin exclusivo de garantizar la integridad física y moral de las mujeres manifestantes se hizo público que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas estará monitoreando el desarrollo de la marcha desde el inicio hasta su conclusión, esto como una solicitud aceptada del MFZ.
8M en Zacatecas, 2024
La manifestación del año pasado en conmemoración al Día Internacional de la Mujer (8M) en Zacatecas concluyó con la represión violenta por parte de las autoridades de la Policía Estantal, documentando en video a los elementos antimotines agrediendo a las mujeres protestantes.
En dichos videos difundidos en redes sociales, se podía apreciar a los uniformados atacando con gas lacrimógeno a las manifestantes, ante las acusaciones, los policías involucrados justificaron sus acciones diciendo que lo que se podía apreciar en los videos no era más que extintores usados en defensa de los monumentos (instrumentos de iconoclasia).
Declaraciones agregadas documentaron el abuso físico que sufrieron algunas mujeres, muchas de ellas menores de edad, exponiendo como los policías las llevaban con violencia al Callejón de las Campanas, ubicado entre los edificios del palacio de gobierno, para despojarlas de sus pertenencias y amedrentarlas.
Acto seguido se documentaron al menos 10 denuncias oficiales en contra de la Policía Estatal Preventiva y la Policía de Vialidad, aunado a las 13 quejas presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estados, las cuales, en conjunto, no se les dio continuidad.
Las denuncias involucraban la privación ilegal de la libertad, amenazas, lesiones, torturas y tentativa de feminicidio, las cuales no procedieron de manera óptima por falta de interés de la Fiscalía General de Justicia de la entidad.
Como aditivo, esta violación a los derechos humanos ocurrió en marco del año de la paz, estipulado así por el secretario general del Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Muguerza, mismo que días antes de la marcha por el 8M declaró que tomarían medidas para “evitar agresiones a los ciudadanos” pues criminalizo el movimiento feminista como violento.
María Luisa Sosa de la Torre, presidenta de la colectiva Olimpia de Gouges, recordó en el 2024 la agresión policiaca en la plaza de armas, tras ser detenidas un grupo de mujeres en su mayoría jóvenes y algunas menores de edad, fueron llevadas con violencia por los policías al Callejón de las Campanas, ubicado entre los edificios del palacio de gobierno, donde despacha el gobernador David Monreal Ávila, y la catedral de Zacatecas, para vejarlas, robarles sus teléfonos celulares, identificaciones personales y amenazarlas.
“Los hechos de ese día fueron una demostración descarada de fuerza destinada a silenciar y amedrentar a las mujeres que se unen para levantar la voz y denunciar la violencia que enfrentamos en todos los ámbitos de nuestras vidas. La brutalidad y el despliegue feroz contra quienes nos manifestábamos pacíficamente no tienen precedentes en Zacatecas ni en México”, denunció.
En conferencia de prensa, las integrantes del Movimiento Feminista de Zacatecas, que aglutina a colectivos de la zona metropolitana de la capital del estado-, indicaron en el 2024, que el gobierno de Zacatecas no solo perpetró estos hechos de abuso de autoridad «de manera cobarde», sino que el gobernador de la entidad, David Monreal Ávila, ha callado ante sus demandas de justicia y destitución de los responsables materiales e intelectuales: Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario General de Gobierno, al igual que Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad pública.
Mencionó que 10 de ellas presentaron denuncias por privación ilegal de la libertad, amenazas, lesiones, tortura y tentativa de feminicidio. Trece interpusieron quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las cuales han sido atraídas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por lo que estarán vigilantes de que estos hechos públicos y notorios de abuso de autoridad y tortura concluyan en una recomendación para las autoridades del estado.
Además, denunciaron que observan lentitud y falta de interés en la integración de las 10 carpetas de investigación por parte de la Fiscalía local, encabezada por Cristian Paul Camacho Osnaya, mientras la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) siguen sin actuar, las mujeres víctimas de la severa agresión del 8 de marzo viven con temor de ser buscadas por las y los policías, quienes hace un mes las detuvieron con golpes de toletes, escudos, polvo de extintores apagafuego y las arrastraron semidesnudas.
