Chiapas, México – A pocos días de que se cumplan los primeros 90 días de la nueva administración estatal, organizaciones de la sociedad civil en Chiapas denunciaron la omisión del gobierno en la instalación del Consejo Estatal para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias. Esta falta de acción puso en riesgo la protección y atención de niñas y mujeres en la entidad, advirtieron.
A través de un pronunciamiento público, las organizaciones expresaron su preocupación ante la ausencia de la toma de protesta de las y los integrantes del Consejo, así como la falta de designación de la persona encargada del enlace operativo. Estas omisiones, señalaron, vulneraron los derechos de las mujeres y debilitaron los mecanismos de prevención, atención y erradicación de la violencia de género en Chiapas.
El Consejo Estatal era un espacio clave para la articulación de esfuerzos entre el gobierno y la sociedad civil en la lucha contra la violencia de género. Sin su debida instalación y sin una persona a cargo de su operatividad, las estrategias y políticas públicas para la protección de las mujeres quedaron en un estado de parálisis, lo que limitó las acciones urgentes que se requerían en una entidad con altos índices de violencia de género.
Las activistas enfatizaron que la falta de cumplimiento por parte del gobierno estatal no solo incumplió la normatividad vigente, sino que también evidenció una falta de compromiso con la erradicación de la violencia machista. “La omisión no solo revictimizó a quienes habían sido violentadas, sino que perpetuó la impunidad y el incumplimiento de las obligaciones estatales en materia de derechos humanos de las mujeres”, señalaron en el documento.
Ante este escenario, las organizaciones exigieron al gobierno estatal la instalación inmediata del Consejo con la toma de protesta correspondiente y la designación de una mujer con experiencia y compromiso como enlace operativo. Además, demandaron el cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de prevención y sanción de la violencia de género, asegurando la participación efectiva de la sociedad civil en la toma de decisiones.
Asimismo, hicieron un llamado a la transparencia en la operación del Consejo y en el cumplimiento del programa de trabajo estatal para la erradicación de la violencia de género (PROLIV), garantizando que contara con los recursos necesarios para su funcionamiento.
Las organizaciones firmantes, entre ellas Martha Figueroa Mier, Imelda Martínez Hernández y Michelle Domínguez Gordillo, advirtieron que se mantendrían vigilantes ante cualquier intento de dilación o simulación. “Exigimos compromiso y acción inmediata”, concluyeron en su pronunciamiento.
Chiapas ha sido una de las entidades del país donde las mujeres enfrentan múltiples violencias, desde la violencia doméstica hasta el feminicidio, pasando por la trata de personas y la violencia institucional. La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en el estado no se ha traducido en acciones contundentes, lo que ha dejado en situación de vulnerabilidad a miles de mujeres y niñas.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo, en 2024 Chiapas registró 32 feminicidios, siendo Tuxtla Gutierrez, Tapachula, Palenque, Benemerito de las Ámericas y Pipijijiapan los lugares que se encontraron en la lista de los 100 municipios con violencia feminicida. Asimismo, hubo 59 homicidios dolosos contra mujeres.
Las organizaciones feministas han denunciado en múltiples ocasiones que las instituciones encargadas de la protección de los derechos de las mujeres operan con insuficiencia de recursos y falta de voluntad política, lo que ha impedido avances reales en la garantía de una vida libre de violencias.
La exigencia de la sociedad civil fue clara: el gobierno del estado debía asumir su responsabilidad y garantizar que los mecanismos de protección para las mujeres fueran efectivos y operaran con celeridad. Mientras esto no ocurriera, las mujeres en Chiapas seguirían enfrentando la violencia en un contexto de desprotección institucional.
