Ciudad de México.- La Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras de Chiapas denunciaron las consecuencias de la campaña de difamación contra la periodista Paola Ruiz Blanco y Anguiano, de PR Love Tapachula Noticias y señalaron que está en riesgo su seguridad.
Detallaron que 17 periodistas, entre ellos, Paola Ruiz Blanco, ha sido señalada de estar al servicio del crimen organizado, particularmente de Horacio de la Cruz Mazariegos alias «el botanas».
Sin embargo, la Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras de Chiapas, mencionó que se trata de una campaña de difamación y estigmatización contra periodistas de la ciudad de Tapachula, en Chiapas, las cuales no corresponden con los criterios de transparencia y responsabilidad periodística al hacer una acusación sin pruebas de dicha relación con el crimen organizado.
También señalaron que, esto representa una amenaza para su seguridad, la de sus familias y al ejercicio de la libertad de expresión. Sobre todo, en el contexto atravesado por la violencia estructural y la presencia del crimen organizado en la región, una herida que permanece latente.
«En Chiapas, donde ejercer el periodismo ya implica un alto costo, estos ataques buscan sembrar miedo, silenciar voces y debilitar los vínculos comunitarios que sostienen nuestro trabajo» -Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras de Chiapas
Asimismo, entre las personas difamadas se encuentra la comunicadora Paola Ruiz Blanco y Anguiano, el cual calificaron como «no es un dato menor», ya que son las mujeres periodistas quienes enfrentan amenazas diferenciadas por razones de género. «Somos blanco de violencia sexualizada, campañas de desprestigio misóginas, intentos silenciamiento que buscan no solo callar nuestra voz, sino deslegitimar nuestra presencia pública», comentaron.
Paralelamente denunciaron que se trata de un patrón que busca deslegitimar el trabajo de quienes informan desde un territorio en contexto de violencia y a la vez enfrentan condiciones de inseguridad, no tienen garantías laborales y se cruzan con la precarización, censura y autocensura.
De acuerdo con Articulo 19, poner a la prensa en esta posición afecta la credibilidad y genera un ambiente hostil para el ejercicio del derecho de la libertad de expresión tomando en cuenta que en México hacer periodismo es una actividad de alto riesgo. Explicaron que, entidades como Chiapas donde la violencia ha incrementado de forma considerable y los grupos criminales se hacen cada vez más presentes.
«De acuerdo a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), uno de los impactos de las campañas de desprestigio en contra de periodistas “menoscaban su trabajo y la confianza en el periodismo”, por lo que se debilita el debate público, el flujo de información y acceso a la información de la sociedad para ejercer su derecho a estar bien informada y tomar decisiones» -Articulo 19
Por ello, la Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras de Chiapas solicitan a las autoridades correspondientes:
- Iniciar una investigación con seriedad y rigor sobre la procedencia de las publicaciones y los responsables de promoverlas.
- Garantizar la integridad de la periodista y los periodistas señalados.
- Emitir medidas de protección necesarias por parte de la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos.
- Reconocer públicamente que la campaña constituye un atentado contra la libertad de expresión y al derecho a la información de toda la ciudadanía.
- Que los medios de comunicación actúen con responsabilidad sin replicar contenidos que no están verificados, así como a sostener un ejercicio periodístico libre de criminalización o estigmatización.
- Que las audiencias no se conviertan en cómplices involuntarias de las campañas de odio, por lo que invitan a verificar, cuestionar y denunciar para ejercer el derecho de estar informados.
«Reafirmamos nuestra convicción: el periodismo no se calla, se cuida. Nos cuidamos entre nosotras, nos cuidamos entre todos» -Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras de Chiapas
Desde Articulo 19 se solicitó:
- Al Mecanismo de protección para Personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a contactarse con cada uno y una de las periodistas, así como coordinarse con las autoridades estatales.
- Que la Fiscalía General del Estado de Chiapas inicie una investigación en acorde al Protocolo Homologado de Delitos contra la Libertad de Expresión.
Violencia hacia las mujeres periodistas
Del 1 de enero de 2013 al 31 de julio de 2016, primer trienio de Enrique Peña Nieto, CIMAC registró 248 agresiones en contra de las periodistas, en tanto que del 1 de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, primer trienio de López Obrador hubo 767 casos. Lo anterior representa un incremento de 519 casos, es decir, un 209.27 por ciento.
Desde el programa de Registros del Programa de Libertad y Expresión de Género de la organización Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) se han documentado diferentes tipos de violencias ejercidas a mujeres periodistas en el periodo de Andrés Manuel López Obrador, dentro de las que se encuentran:
170 bloqueos informativos, 144 amenazas, 142 intimidaciones, 142 desacreditaciones laborales o estigmatización, 110 agresiones físicas, 42 casos de hostigamiento, 29 casos de uso desproporcionado de la fuerza pública, 26 casos de acoso judicial, 25 detenciones arbitrarias, 20 vigilancias, 18 despidos injustificados, 17 despojos de material, 16 censuras, 14 hackeas, 13 allanamientos, 12 doxeos, 8 atentados, 8 alteraciones o remociones de contenido, 7 espionajes, 7 barreras de acceso a protección y justicia, 6 feminicidios, 6 denegaciones de servicios, 6 agresión verbal, 5 suspensiones de cuentas, 5 privación ilegal de la libertad, 5 intentos de homicidio, 5 suspensiones o robos de identidad, 4 suplantaciones o robos de identidad, 4 plagios, 4 desplazamientos, 3 torturas o actos
De igual manera, el informe ‘Palabras impunes’ de CIMAC encontró que, durante la gestión de AMLO los principales agresores de las mujeres periodistas fueron las y los servidores públicos y que los ataques se han multiplicado en espacios digitales. Sin embargo, existen diferentes responsables de la violencia ejercida hacia ellas.
| Persona agresora | Casos | Porcentaje |
| Funcionario estatal | 171 | 22.29% |
| Particular o civil | 134 | 17.47% |
| Funcionario municipal | 93 | 12.12% |
| Usuarios redes sociales | 88 | 11.47% |
| Sin identificar | 83 | 10.82% |
| Funcionario federal | 56 | 7.30% |
| Equipo de partido político | 31 | 4.04% |
| Estructura criminal | 22 | 2.86% |
| Cuenta falsa/trol/bot | 19 | 2.47% |
| Medio nacional | 14 | 1.82% |
| Organización gremial | 10 | 1.30% |
| Movimiento social | 9 | 1.17% |
| Seguridad privada | 8 | 1.04% |
| Empresario | 6 | 0.78% |
| Organización comunitaria | 5 | 0.65% |
| Grupo armado | 4 | 0.52% |
| Juez/magistrado | 2 | 0.26% |
| Defensora Derechos Humanos | 1 | 0.13% |
| Movimiento político | 1 | 0.13% |
