Ciudad de México.- El Estado mexicano se prepara para rendir cuentas el próximo 17 y 18 de junio en Ginebra, Suiza, frente al Comité CEDAW de las Naciones Unidas. De cara a este proceso donde las máximas autoridades darán sustento de los compromisos que cumplieron -o debieron cumplir- en aras de abolir cualquier expresión de violencia contra las mujeres y niñas del país, las organizaciones civiles han presentado informes paralelos que evidencian un cúmulo de retrocesos en distintas materias, como el feminicidio, acceso a salud, desapariciones, educación, uniones forzadas y abuso infantil.
Celebrando el «Encuentro Anual en ocasión de la próxima sustentación del Estado mexicano ante el Comité CEDAW: Una oportunidad y múltiples retos», se dieron cita distintas organizaciones nacionales e instituciones internacionales para poner la lupa en las deficiencias estructurales, pero también, en aquellas políticas que podrían apuntalar a un avance; paulatino, pero constante.
Abriendo la discusión, la senadora Malú Micher recordó la lucha que hay detrás de alcanzar la paridad; un salto vertiginoso en 2018 que permitió el avance de las mujeres en la toma de decisiones y que no es más que el fruto del movimiento feminista. Un movimiento que Micher siempre recalca «es insistencialista» y que ha encauzado a grandes movimientos políticos como la Reforma 3 de 3 o la Ley Olimpia.
La segunda punta de lanza que refirió la senadora son las reformas empujadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, siendo esto, una de las discusiones más controvertidas, porque si bien se evidencia que se está empujando una agenda por la igualdad, la voluntad política también reluce por su ausencia, como documentaron las organizaciones civiles a lo largo del encuentro. Recordando que los grandes aciertos por las mujeres se encuentran en las siguientes reformas de Sheinbaum:
- Elevar a constitucional igualdad sustantiva
- Perspectiva de género en la política pública
- Derecho a una vida libre de violencia
- Eliminación de la brecha salarial en razón de género
Estas herramientas por la igualdad de facto, podrían ser el acordeón estrella que llevará el Estado mexicano ante las autoridades de Naciones Unidas, esto, en el marco de su cumplimiento en las recomendaciones que ha extendido la CEDAW al país.
La CEDAW refiere que podemos identificar dos tipos de igualdad: de jure y de facto (sustantiva). Aunque los dos están orientados a establecer los principios de igualdad entre hombres y mujeres, la de jure, pretende alcanzar un «status quo» a nivel social cuando hombres y mujeres sean tratadas de manera neutra; un piso parejo para todas y todos.
Por su parte, la igualdad de facto (sustantiva) se ocupa de impulsar toda norma jurídica y de práctica para cerrar brechas desfavorables, es decir, reconoce que existen valores arbitrarios basados en el género que reproducen la desigualdad y por ello, apuesta por focalizar su poder jurídico y legislativo para alcanzar la igualdad. Por lo que, quizás México podrá defenderse con la igualdad sustantiva por gozar de un marco normativo robusto, sin embargo, lo endeble de sus políticas llega con la falta de igualdad de jure; las niñas y mujeres en México no han alcanzado las garantías de sus derechos y la plenitud de una vida libre de violencia.
Durante la discusión, se destacó la preocupación incisiva por distintas catedráticas sobre la llegada de la Secretaría de las Mujeres y la falta de transparencia en sus nuevas facultades, especialmente, con la desaparición del Inmujeres y el CONAVIM, quienes se encargaban de mover la maquinaria de grandes proyectos como los Refugios y las Alertas de Violencia de Género.
En este encuentro, se desglosaron algunos de los «informes sombra» que ponen en tela de juicio los avances del país para cumplir con sus obligaciones ante la CEDAW; no sólo se trata de la desaparición de órganos autónomos, sino también, muchas organizaciones perdieron la «pista» de otros proyectos estatales que eran fundamentales y que ahora, han quedado en la congeladora con el arribo de la Secretaría de las Mujeres, que cumple ya medio año en funcionamiento.
Gabriela Rivadeneira de la Secretaría de las Mujeres atajó que para la secretaría, junio no representaba el «final», sino el comienzo de todo y refirió que todo el equipo de la Semujeres se encontraba listo para atajar todo lo que aún hace falta por hacer y atender las «deudas que el Estado tiene con sus mujeres», además, de agredecer el trabajo de las organizaciones civiles que recorren el territorio escuchando y denunciando las necesidades diversas de las mujeres y niñas de todo el país.
Acá hay algo que no se puede perder de vista, y es que, Geraldine Gachuz titular de Asuntos Internacionales de la Mujer destacó la creación de 7 mesas de trabajo que se focalizan en grandes necesidades prioritarias, como por ejemplo, asuntos de salud, justicia o seguridad. La última en añadirse y que nació de último momento por orden de la Secretaría de las Mujeres es la mesa que atenderá las condiciones actuales de las mujeres privadas de su libertad, un tema que se ha visto muy relacionado con la Semujeres y su participación activa en los últimos meses en el Centro Federal de Reinserción Social 16 en Morelos.
En total, se dio a conocer que la ONU tiene en su posesión un total de 41 informes sombras realizados por distintas organizaciones de todo el país, donde se destacan algunos de los siguientes temas:
- Violencia basada en género
- Acceso a la justicia
- Delito contra periodistas
- Derechos sexuales y reproductivos
- Situación de derechos en grupos específicos como mujeres buscadoras, afrodescendientes, con discapacidad
- La montaña de Guerrero
- Contexto de la situación actual en Ciudad Juárez
- Cuidados
- Muertes Maternas
- Matrimonio y Embarazo Infantil
- Caso Pilar Arguelles
- Violencia vicaria
- Violencia obstétrica, entre otros.
México ha puesto recursos… pero no es suficiente: La respuesta de la ONU
En el espacio, participó Gerardo Camarena de ONU Mujeres y Niza Castañeda del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas quienes celebraron la creación de estos informes sombra y atajaron que han leído de forma minuciosa cada uno de estos documentos a fin de tener un panorama más amplio -y no oficialista- de qué tanto ha avanzado México con sus compromisos ante la CEDAW.
Camarena refirió que si bien sabían del avance de la participación política de las mujeres, también es cierto que en los municipios los casos de violencia política y subrepresentación de las mujeres es una realidad que el Estado no ha transformado, particularmente, en zonas rurales y/o indígenas. Además, expuso que aunque tienen ciras de que han disminuido los niveles de pobreza, esto no implica la garantía económica de las mujeres, particularmente, en aquellas identificadas como afrodescendientes y/o indígenas,
«México tiene un marco normativo muy robusto, pero hace falta la homologación de las leyes como en ciertas entidades; México es campeón en la representación política de las mujeres, vemos con mucho interés las reformas de Sheinbaum para garantizar la participación de las mujeres en todas las esferas y será fundamental para abolir a aquellas que están subrepresentadas México ha puesto recursos por cerrar las brechas y estamos seguras que se reconocerá esto (…) les deseamos éxito en Ginebra», zanjó el representante de ONU MUJERES.
Niza Castañeda del Alto Comisionado refirió que, aunque existían cambios positivos como las reformas enviadas por Sheinbaum o la creación de la Semujeres, las cifras de feminicidio se mantienen, registrando 850 el año pasado y más de 326 mil llamadas de auxilio por violencia de género.
Bajo este panorama, distintas expositoras trajeron a colación sus hallazgos más importantes en estos informes sombra que, no sólo podrían apretar al Estado mexicano por su inacción, sino esencialmente, ser una ruta de cambio si es que realmente existe una voluntad política transparente en el llamado «Tiempo de Mujeres«. Cimacnoticias recoge los principales apuntes de cada una de estas exposiciones y que son herramientas claves para el próximo 17 y 18 de junio, cuando México presente su informe de sustento ante el Comité de la CEDAW.
Presentado por la doctora Elizabeth Ávila, aquí se evidenciaron todos los fallos estructurales que tiene el sistema de justicia mexicano y las principales prácticas violatorias que mantienen vigentes.
Los principales problemas que se identificaron:
No existe un Código Penal único: Esto produce fragmentación y no da certeza jurídica; se exige homologarlo a fin de garantizar igualdad ante la ley para todas las personas sin importar en qué entidad se encuentre.
Ausencia de perspectiva de género: Existe una notable ausencia de perspectiva de género en la integración de carpetas de investigación por parte de agentes del ministerio público, así como un incumplimiento generalizado de juzgar con esta perspectiva a
mujeres privadas de su libertad. La mayoría de mujeres involucradas en procesos penales (por delitos como homicidio en razón de parentesco, lesiones o robo) actúan como respuesta a años de violencia familiar, sexual y física, bajo síndromes como el de inhabilidad aprendida, Estocolmo o el de la mujer maltratada.
Procedimiento Abreviado: En Sinaloa, de diez casos de feminicidio, 8 sentencias fueron de procedimiento abreviado, evidenciando cómo este mecanismo se ha convertido en una política pública para reducir el atraso en investigaciones, muchas veces por incapacidad de las fiscalías para armar casos sólidos o por otorgar beneficios a los agresores. Este procedimiento promueve una impunidad institucionalizada, concediendo penas mínimas que frecuentemente no se cumplen en su totalidad debido a las reducciones adicionales que permite el sistema de ejecución penal. El procedimiento abreviado impacta negativamente en los derechos de las víctimas, especialmente en su derecho a conocer la verdad y la garantía de no repetición. Al no estar obligado el imputado a declarar y al conceder penas mínimas, el agresor alcanza libertad en menor tiempo que le permite potencialmente seguir agrediendo a mujeres.
Asesor victimal:El asesor victimal es el abogado que debe orientar, asesorar o intervenir legalmente en representación de las víctimas directas e indirectas de los delitos. Sin embargo, en múltiples casos omite explicar a las víctimas las consecuencias de aceptar una terminación anticipada del proceso, permitiendo al inculpado
alcanzar penas mínimas que ponen en riesgo a la víctima. Aunque la Ley General de Víctimas establece que estos asesores deben estar adscritos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en la práctica siguen siendo parte de las Fiscalías estatales, comprometiendo su independencia y efectividad.
Falta de traductores e intérpretes, a pesar de que sea un derecho estipulado en los artículos 2 apartado A.
Intervención policial contra mujeres: En el nuevo sistema de justicia penal mexicano, un policía debe iniciar el proceso judicial al atender una denuncia, convirtiéndose en el primer respondiente. Esto implica trámites para los que no siempre están preparados y los convierte en testigos de cargo que posteriormente
deben comparecer en juicio.
La negativa de los elementos policiacos de asumir este rol se ha convertido en un obstáculo recurrente para la seguridad de las mujeres en riesgo. Adicionalmente, las autoridades municipales deben garantizar policías suficientes para ejecutar las órdenes de protección emitidas a favor de las víctimas.
Ante esto, las recomendaciones que se hace al Estado mexicano es;
Unificación legislativa
Perspectiva de Género
Servicios de traducción
Asesores independientes
Reparación Integral
Juzgados Mixtos
Este informe se presenta en el marco de un importante retroceso institucional que se da a partir del 01 de enero del 2025, con la desaparición de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, creado por decreto publicado en el DOF: 01/06/2009, con el objeto de coordinar las acciones encaminadas a la prevención y disminución de la violencia contra las mujeres en el país y promover la igualdad de género y quien por conducto de la SEGOB emitía las Declaratorias de Alerta de Género y monitorear la implementación de las medidas decretadas en cada estado; sin embargo, con la creación de la Secretaría de las Mujeres a nivel federal, se transforma al Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Y se extingue a la CONAVIM. (Red Nacional de Alertistas)
Presentado por Marina Reyna Aguilar de la Red Nacional de Alertistas, este informe es uno de los más controvertidos, al cuestionar de forma frontal: ¿Qué sucede con la llegada de la Semujeres y en dónde están las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres?
Según refirió Marina Reyna, lo que pasó en enero con la desaparición de CONAVIM es un retroceso que ha debilitado la protección estatal y ha violado el principio de progresividad en los derechos humanos.
El eje central de este informe fue la falta de precisión jurídica que ha impedido a las AVGM actualizarse conforme a la Semujeres, poniendo en riesgo la normatividad y su reglamento.
«Una de las consecuencias más preocupantes es la falta de claridad sobre las facutlades de la Semujeres, esto limita su capacidad de actuación y puede traducirse en pérdida que estaban a manos de la CONAVIM, se deben determinar las funciones de cada estructura», dijo Marina.
En añadidura cuestionó que el traspaso de estas AVGM se hizo sin una integración clara de los mecanismos de protección, además, de que se dejó fuera a las organizaciones civiles, por lo que se pierde el enfoque participativo y dificultando la legitimidad del proceso, especialmente, en contextos locales donde hay poca transparencia de qué ha sucedido con este mecanismo de protección.
«Existe una incoherencia entre la constitución que garantiza el derecho de las mujeres y adolescentes a una vida libre de violencia y el nuevo diseño institucional, derivado del decreto de la Semujeres, la eliminación de la competencia de la Segob, donde se les entrega las alertas [a la Semujeres] pone en riesgo los avances logrado, estas inconsistencias comprometen el mecanismo y amenaza su articulación, se debe revisar la coherencia entre la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y las disposiciones de las alertas de violencia de género.
Existe una ausencia de mecanismos claros de rendición de cuentas, evaluación y seguimiento, lo que dificulta la mejora continua de programas e impide identificar brechas, corregir deficiencias y garantizar la sanción y erradicación de la violencia, proponemos crear mecanismos claros que aseguren la continuidad de estos programas.»
Presentado por Evangelina Flores Ceceña, se refirió que erradicar y prevenir el feminicidio es una de las recomendaciones más incisivas que tiene el Comité de la CEDAW con México, por ello, aquí se identificó como problema sustancial la falta de homologación del delito.
Sólo existen 28 entidades que ya tienen tipificado el delito de feminicidio; faltan 4 [Durango, Nuevo León, Baja California Sur y Tamaulipas».
En añadidura, la variedad de Códigos Penales ha permitido que existan distintas penas y procedimientos, eso da incertidumbre jurídica, pues mientras en unas entidades el feminicidio alcanza penas máximas, en otras, apenas si se logran los 20 años de prisión, además, de que existen distintas definiciones del delito; lo que para unas entidades puede ser feminicidio, para otras no, lo que deja profundos vacíos jurídicos.
Aquí, este informe sombra demanda:
Homologar la tipificación a nivel nacional con base a los estatutos internacionales que garantizarán un acceso a la justicia
Reforzar la capacitación a funcionarias y funcionarios públicos para la atención de la violencia feminicida, incluyendo programas específicos de promoción profesional en coordinación con universidades públicas y que pasen pruebas al final de su capacitación a manera de acreditarse.
Protocolos de atención en la investigación de feminicidio a fin de garantizar investigaciones sensibles al contexto de violencias estructurales
Mantener en el foco la sentencia Mariana Lima Buendía
Penalizar a aquellos que retrasan el proceso o han obstaculizado los protocolos.
Crear un mecanismo de evaluación para darle seguimiento a los impactos de las recomendaciones que lance la CEDAW
Definir con claridad las funciones de la Secretaría de las Mujeres con respecto a la desaparición de la CONAVIM que estaba ahí para prevenir la violencia y su par, el Inmujeres que definía la política pública
Hay que actualizar, reformar y revisar Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como las Alertas de Violencia de Género
Garantizar presupuesto eficiente para la contratación de todas las personas expertas que quedarán a cargo de estos programas que adoptó la Semujeres.
Presentado por la académica de las Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Azucena Enríquez, se esbozó la falta de voluntad política para buscar a las mujeres y cómo los protocolos «Amber» y «Alba» no sólo son ineficientes, sino que carecen de una verdadera perspectiva de género.
Problemáticas principales
En el protocolo ALBA, se identificó que, de las 32 entidades federativas, 29 cuentan con dicho protocolo en operación: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz,
Yucatán y Zacatecas.
- No obstante, en 3 entidades federativas (Hidalgo, San Luis Potosí, Oaxaca) el Protocolo Alba no ha sido implementado, aunque existen procesos políticos y sociales orientados a su pronta activación. En el caso particular de Oaxaca, si bien no se ha adoptado dicho protocolo, se ha establecido un mecanismo alternativo denominado Alerta Rosa, destinado a la búsqueda de mujeres desaparecidas.
- En cuanto a Alerta AMBER, si bien las 32 entidades federativas disponen de fichas de búsqueda asociadas a este mecanismo, únicamente 11 cuentan con un Protocolo Estatal formalmente establecido: Colima, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Tlaxcala.
- Adicionalmente, se identificó que 3 entidades (Durango, Guanajuato y Jalisco) mantienen operativos programas de Alerta AMBER sin contar con un protocolo estatal
- Aguascalientes carece de protocolo, pero ha implementado un «Instructivo Alerta
«, mientras que Coahuila, pese a no poseer un instrumento estatal específico, ha adoptado el Protocolo Nacional de Alerta AMBER mediante adhesión. - Por otro lado, 12 entidades federativas (Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Yucatán, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas) no disponen de protocolo estatal ni instructivo alguno.
Recomendación: Armonizar el Protocolo Alba y la Alerta Amber en todos los estados de la República y de igual forma conformar los Comités Técnicos de colaboración a nivel nacional e informar de los resultados de la implementación de forma periódica y pública
Tiempos de activación
En 29 de los estados donde el Protocolo Alba está vigente, en teoría
Su implementación inicia al momento de recibir el reporte de desaparición en el Ministerio Público o en el sistema Locatel.
- Sin embargo, en Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua,
Ciudad de México, Coahuila, Yucatán, Colima, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca y Tlaxcala, se requiere una solicitud expresa por parte del Ministerio Público, un procurador especializado o una subdivisión de búsqueda para proceder a su activación. - En Tabasco, el proceso se divide en dos etapas: primero se emite una Prealerta, mediante la cual se difunde la ficha de búsqueda en medios de comunicación durante las primeras 24 horas posteriores al reporte; una vez cumplido este plazo, se procede a la activación formal del Protocolo Alba.
- En Querétaro, la alerta solo se activa después de realizar una búsqueda preliminar a través de cámaras de vigilancia en los lugares frecuentados por la mujer, niña o adolescente desaparecida. Además, en este estado, la difusión de la ficha de búsqueda se limita a un periodo de 72 horas.
- En cuanto a los tiempos de respuesta, Quintana Roo y Sinaloa establecen fases iniciales de 48 y 36 horas, respectivamente, a diferencia de la mayoría de los estados, que extienden este plazo hasta 72 horas.
- Respecto a los procedimientos de activación en la Alerta AMBER, ocho entidades
(Campeche, Estado de México, Michoacán, Morelos, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala y
Veracruz) establecen la activación inmediata de la alerta. - No obstante, 16 estados no especifican los criterios temporales para su implementación: Baja California Norte, Baja California Sur, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora,
Tamaulipas, Zacatecas. - Casos particulares como Aguascalientes, Ciudad de México, Hidalgo y Querétaro condicionan la activación a la valoración de un coordinador estatal, mientras que Colima, Guerrero y Yucatán exigen una evaluación previa de las circunstancias del caso sin precisar los responsables de dicha determinación.
Recomendación: Homologar los criterios de activación tanto para el Protocolo Alba como para la Alerta Amber, eliminando requisitos discrecionales y estableciendo un plazo máximo de 24 horas para iniciar la búsqueda.
Acceso a la informacion
Sobre la transparencia y acceso a la información, únicamente 19 entidades han hecho públicos los documentos relacionados con el Protocolo Alba, siendo que la mayoría de los registros recuperados por la CUDH-UNAM provienen de diarios o periódicos oficiales estatales.
- Asimismo, solo 12 estados (Chiapas, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Jalisce, Navarit, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán) cuentan con páginas web oficiales vinculadas a las fiscalías locales; sin embargo, en ninguna de ellas se proporcionan los documentos normativos completos, limitándose a infografías
explicativas y fichas de búsqueda. - Cabe mencionar que, en Campeche, el sitio web correspondiente es administrado por una ONG y no por la fiscalía estatal.
- En contraste, Guanajuato destaca por incluir gráficos y mapas interactivos sobre desapariciones, mientras que Yucatán publica fichas de búsqueda que incluyen a varones.
T° En Quintana Roo, adicionalmente, se elaboran fichas en lengua maya cuando así se solicita. - Finalmente, solo tres entidades (Guanajuato, Michoacán y Quintana Roo) han establecido redes sociales oficiales o independientes para el monitoreo del Protocolo Alba.
- En cuanto a los sitios web, 21 entidades federativas mantienen sitios web oficiales dedicados a la Alerta AMBER. Entre estas, nueve (Aguascalientes, Chiapas, Colima, Chihuahua, Jalisco, Morelos, Nayarit, Yucatán y Querétaro) cuentan con secciones organizadas de información y archivan fichas de búsqueda actualizadas hasta 2024. Seis Estados (Ciudad de México Guerrero, Nuevo León, Quintana Roo, Tabasco y Tamaulipas)
limitan su contenido a la publicación de fichas de búsqueda, mientras que seis (Coahuila, San Luis Potosí, Durango ,Guanajuato, Estado de México, y Sinaloa) sólo proporcionan información general sobre criterios de activación. En el caso de Michoacán cuenta con un sistema de consulta de personas desaparecidas, pero no es de Alerta Amber. - Es particularmente significativo que ninguna entidad federativa proporcione datos estadísticos desagregados sobre niñas y adolescentes desaparecidas, localizadas o casos desactivados, lo que limita severamente la evaluación de resultados.
Recomendación: Fortalecer la transparencia y acceso a la información, exigiendo que todas las fiscalias publiquen en sus portales oficiales: Estadísticas desagregadas (edad, género, estatus de localización), informes periódicos sobre casos resueltos y pendientes, así como los documentos normativos completos de la Alerta Amber y Protocolo Alba.
Este informe se ha enviado hace un mes a la CEDAW.
Se reconocen los avances en materia de Paridad que permite que el en Congreso de la Unión exista paridad en ambas Cámaras, sin embargo, la paridad no se ve reflejada en los órganos de gobierno de ambas Cámaras, hasta enero de 2025, en la Cámara baja, sólo uno de los siete espacios de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) es ocupado por una mujer. A nivel municipal, las mujeres aún no alcanzan una representación paritaria en las presidencias.
Las mujeres en el sector público enfrentan condiciones laborales poco flexibles, donde persistente la violencia y la discriminación por razón de género. Los puestos de mayor jerarquía no ofrecen condiciones flexibles, lo que contribuye a la concentración de las mujeres en puestos de menor rango, lo que resulta en menores ingresos, por ejemplo, la brecha de ingreso por género en los puestos de mando es de 11%, pero hay secretarías, como la de Turismo donde se alcanza 38
Este informe fue presentado por Carmen Flores y se esbozaron algunos de los problemas más esenciales de la participación política, recordando que la paridad, no siempre quiere representar equidad en la toma de decisiones.
Las problemáticas que identificó este informa sombra son:
Las entidades federativas no cuentan con Fiscalías electorales autónomas ni jueces penales especializados en materia de delitos electorales, lo que dificulta la judicialización de causas y la implementación de la normativa de VPMRG.
Bajas penalidades que permiten la suspensión condicional del proceso, por tanto, no se llega a una sentencia.
El informe sobre la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en México, Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 del TEPJF, cuenta con el registro de un total de 1,568 casos de supuesta VPMRG durante el proceso, siendo significativamente más recurrente en el ámbito municipal y la violencia digital la más frecuente.Los Partidos políticos son estructuras patriarcales que se resisten aún a registrar paritariamente a las mujeres y cuando son candidatas se les violenta.
Los Observatorios de Participación Política de las Mujeres (OPPM) No cumple con el objetivo de visibilizar la situación política de las mujeres, las estrategias de empoderamiento que se llevan a cabo a nivel estatal para eliminar las desigualdades. No tiene poder de incidencia, son una simulación política que poco puede transformar la realidad porque está dominada por las instituciones que deberían ser observadas.
Política en Razón de Género. Al 09 de mayo de 2025, se tiene 511 personas sancionadas, 95 son mujeres y 416 son hombres. Del total de resoluciones, en 221 (39.53%) no se estableció ningún tipo de sanción; en 174 (31.13%) se estableció una multa económica y en 157 (28.09%) la sanción fue una amonestación pública. El 69.77% de las denuncias que cuentan con alguna resolución son del ámbito municipal
No hay coincidencia entre registros oficiales y los de las organizaciones de la sociedad civil. Hay personas que han reincidido hasta en 11 ocasiones.
Las mujeres indígenas están prácticamente ausentes en espacios de representación y poder en sus comunidades, ejidos, localidades, municipios y de los espacios en el ámbito estatal. No debe olvidarse que el control patriarcal a través de las normativas internas limita en mucho su decidida participación en estas áreas.
La figura de defensora de derechos políticos no está reconocida. Casi el 80% de las defensoras que integran la Red de
Defensoras en Derechos Políticos y Electorales de las Mujeres, REFODEP; manifiestan que no cuentan con mecanismos de protección adecuados para su labor, la cual desarrollan en condiciones de inseguridad general por lo que están expuestas a sufrir violencia, sin que el Estado emita medidas de protección efectivas.
Existe una sola defensoría pública electoral para mujeres. Muchas mujeres no cuentan con los recursos para trasladarse a la Ciudad de México para solicitar la asesoría y en su caso representación.
Presentado por Gela Manzano y Luz María Lamadrid, se esbozó una realidad preocupante: Las uniones forzadas de niñas y adolescentes no sólo no ha disminuido, sino que va al alza.
Las uniones forzadas están ligadas a otros fenómenos estructurales que golpean a las niñas y adolescentes de este país, como desigualdad, violencia, pobreza, abandono escolar y abuso sexual. Producto de estas uniones, las niñas son expuestas a sobrecargas de trabajo de cuidados, explotación de trabajo doméstico, agrícola, embarazo infantil y violaciones.
«Es una emergencia de salud pública y una violación directa a los derechos humanos, lo que subraya la necesidad de adoptar medidas integrales urgentes.» atajó Gela Manzano.
Como propuesta, se exigió la capacitación continua de funcionarios públicos y de sindicos, a fin de promover, en coordinación con el poder legislativo, que se unifique la prohibición absoluta a nivel federal y sin excepciones, que se impulsen políticas intersectoriales en el ámbito educativo y que se detenga la omisión del Estado en este tema que parece, ha dejado en segundo plano.
«La omisión lleva a la complicidad, hay mucha justificación por usos y costumbres pero nosotras somos claras en sostener que ninguna ley que vulnere la dignidad y la vida puede ser justificada» (Gela Manzano)
En materia de embarazo adolescente, México se encuentra en el marco de los 10 años de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) y según arrojó este informe sombra: No sirvió de nada.
Luzmaría Lamadrid acotó un dato necesario: La tasa de fecundidad adolescente sólo se ha reducido 16.7%, entre los 15 y los 19 años
pero en el grupo de 10 a 14 años no se redujo y se tiene una tendencia al alza, antes se registraban 1.63 nacimientos en menores, ahora, 1.69 nacimientos por cada mil. En el grupo de niñas 12 a 14 años pasó de 2.7 a 2.81 nacimientos por cada mil.
Algunas de las problemáticas más esenciales son:
Principal causa identificada de embarazo en menores de 14 a años es la violencia hacia las mujeres, hablando en particular de la violencia sexual. De acuerdo con el INEGI, 2022 el 50% mujeres adolescentes han enfrentado violencia emocional, 40% violencia sexúal y 30% sufrieron violencia física. Demostrando que el mandato de masculinidad patriarcal es imperante.
En la ENAPEA aun cuando se identifica esta situación no se proponen soluciones que transformen de raíz las causas de esto. El contexto histórico doctrinario de ciertos Estados permea en los marcos interpretativos (en la concepción de embarazo adolescente, adolescencia y sexualidad) lo que influye directamente en las soluciones que se proponen y por tanto en los resultados para reducir la TFA en menores de 14
El protagonismo de las instancias religiosas, especialmente la católica y derivaciones, mantienen su fuerza en el ámbito de las políticas públicas a nivel local a partir de la construcción de figuras como organizaciones de la sociedad civil que promueven visiones tradicionales y antiderechos, que genera una tensión en especial con los derechos sexuales y reproductivos.
El país cuenta con un marco normativo amplio respecto a los derechos sexuales y reproductivos desde la Constitución (artículos 1°, 3° y 4°), Leyes, reglamentos y Normas Oficiales (NOMS), sin embargo, el panorama local es bastante desigual. Falta armonización a nivel local
En la presentación de este informe, preocupa que no existe una disminución en la violencia de género, por el contrario, es un fenómeno sostenido que se da desde el kinder hasta la universidad. Esbozando que los protocolos de atención no sólo son nulos, sino además, insuficientes.
Entre las principales problemáticas, este informe identifica:
Persistencia y aumento de la violencia de género, está presente en todos los niveles educativos desde el preescolar hasta el universitario, tanto en el ámbito público como privado.
En el caso de la UNAM, en 2016 durante el primer año de implementación del protocolo de atención, se presentaron 234 quejas por hechos de violencia de género y entre 2020 y 2023, las quejas presentadas reflejan no solo un aumento en su volumen, pasando de 576 a 943 casos, sino también patrones recurrentes que señalan la insuficiencia de las medidas implementadas.
Desde la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género para el Estado de Chihuahua, la Red de Profesoras Universitarias ha documentado situaciones de violencia que se repiten y replican en las diversas escuelas y universidades particulares del Estado como lo son Universidad de Durango, Tecnológico de Monterrey y Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
En pocos casos se suspende a los generadores de violencia, la mayoría de los casos continúan impunes, mientas que las alumnas desertan o abandonan su carrera, cortando asi su proyecto de vida, aunado a la afectación psicológica y familiar adicionales.
La falta de voluntad política de las autoridades universitarias a contribuir con la erradicación de la violencia contra las mujeres en espacios universitarios, aunado a un sistema de impartición justicia poco transparente y eficiente que ignoró la perspectiva de género como herramienta principal para el análisis del caso y la emisión de sus resoluciones, son factores de continua vulneración a las denunciantes que no ha cesado.
Aquí, se exige la inmediata implementación de la Ley 3 de 3, ningún agresor al poder, así como establecer políticas públicas claras y efectivas. Entre las demandas más importantes está homologar la estandarización y ejecución de las sanciones por violencia de género en cada una de las instituciones educativas sin importar su nivel.
Presentado por Miriam Soto de la red nacional de formadoras y defensoras de derechos políticos y electorales de la mujer. Lo más importante de este informe es la desaparición del Redes de Mujeres Constructoras de Paz (MUCPAZ) que dio paso al actual «Tejedoras de la Patria», un hecho que sólo ha dejado incertidumbre, pues ninguna organización fue consultada para esta maniobra y se desconoce qué sucedió con el MUCPAZ y cuáles fueron los resultados obtenidos de este programa que hoy, ya está extinto.
En este informe, Miriam Soto identificó como problemáticas clave:
- El Plan Nacional de Acción en Seguimiento de la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de la ONU sobre «Mujeres, paz y seguridad» (PNA-1325) no está generando un impacto real ni sostenible en la eliminación de la exclusión y violencia hacia mujeres y grupos vulnerables.
- Dicho Plan se enfoca en resultados superficiales, como el número de capacitaciones, sin evaluar ni monitorear su impacto ni detallar contenidos.
- La participación de organizaciones civiles en el diseño y seguimiento del PNA-1325 es insuficiente.
- No se incorpora una perspectiva interseccional que considere identidad, condición socioeconómica o ubicación geográfica, ni un enfoque centrado en las víctimas.
- Falta transparencia y datos sobre la participación y condiciones de las mujeres en las fuerzas armadas, especialmente en cargos altos.
- • La Red Iberoamericana de Mujeres Mediadoras fue lanzada sin información pública sobre su trabajo.
- La participación femenina en procesos de paz sigue siendo muy baja; en 2022, sólo 16% de negociadores en procesos de la ONU eran mujeres.
- El programa de Redes de Mujeres Constructoras de Paz (MUCPAZ) fue eliminado sin explicación ni evaluación pública, y su sustituto, Mujeres Tejedoras de la Patria, carece de claridad y mecanismos para la participación y exigibilidad de derechos.
- Las Mesas de Construcción para la Paz excluyen sistemáticamente la agenda de género y la participación efectiva de mujeres y sociedad civil.
- Los informes oficiales carecen de datos detallados, indicadores claros y evaluaciones que midan el impacto real de las acciones en género y paz.
Solicitudes al Estado
- Publicar un informe detallado del Plan Nacional de Acción en Seguimiento de la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de la ONU sobre «Mujeres, paz y seguridad» (PNA- 1325) con metas, recursos y mecanismos de evaluación claros.
- Es fundamental establecer diálogos formales y permanentes con organizaciones de mujeres para que participen en diseño, monitoreo y evaluación.
- Importante incorporar y dar seguimiento a propuestas desde redes comunitarias de mujeres.
- Adoptar medidas temporales para aumentar la participación de mujeres en las fuerzas armadas, especialmente en puestos de alto nivel.
- Se requiere que se informe de manera pública las razones de la eliminación de MUCPAZ, evaluar sus resultados y transparentar recursos para el nuevo programa.
- El diseño y funcionamiento del programa Mujeres Tejedoras de la Patria debe ser con enfoque en participación comunitaria, derechos y construcción de paz, con rendición de cuentas y articulación institucional.
- Es fundamental garantizar la inclusión de organizaciones de mujeres y feministas en todas las Mesas de Construcción para la Paz a nivel nacional.
- Es prioritario capacitar obligatoriamente a las fuerzas armadas en enfoque de género, derechos humanos y resolución pacífica de conflictos.
- Mejorar los informes oficiales con datos actualizados, indicadores de impacto y evaluaciones que reflejen avances reales en la reducción de violencia y fortalecimiento de derechos de las mujeres.
Tuvieron que pasar casi doce años del feminicidio de su hija, ocurrido el 3 de septiembre del 2012, para que Reyna Trujillo y Pedro Argüello lograran visibilizar las violaciones graves cometidas por el Estado mexicano en la investigación del caso donde el pasado 24 de mayo en Coscomatepec, Veracruz, el Estado emitió una disculpa público para darle verdad y justicia a estos años de lucha y con eso reconocer las «graves fallas» cometidas en la investigación.
Casos como el de Pilar se suman a los de Digna Ochoa y Plácido, Valentina Rosendo Cantú, Lydia Cacho Ribeiro o Jacinta Francisco Marcial, los cuales revelan una estructura de impunidad, machista y misógina que impera en todos los niveles de gobierno, la cual perpetúa la violencia contra mujeres.
Fue un 2 de septiembre de 2012 en Coscomatepec, Veracruz cuando la joven tenía 20 años y fue víctima de violencia feminicida por quien era su pareja sentimental.
Pedro Argüello y Reyna Trujillo expresaron que el caso de su hija no quedará impune, pues aunque muerta, sigue siendo víctima de la violencia y no quieren que más mujeres y niñas pasen por esta situación.
Desde entonces sus padres han agotado todas las instancias legales en el país para hacerlo posible la justicia por su hija. Finalmente, recurrieron ante el Comité para la eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), para llevar el caso de su hija.
En un suceso sin precedentes para México, el 21 de julio de 2017 la instancia aceptó revisar el caso y emitió un dictamen en contra del Estado mexicano.
Han pasado casi 10 años desde este hecho y la única pista que se tiene del acuerdo reparatorio es aquella disculpa pública dada el año pasado, misma, que fue rechazada por la padre y la madre de Pilar. Desde entonces, se desconoce qué más ha sucedido con el caso.
Este último caso fue presentado por Adriana Fuentes en representación de la organización Equifonía, quienes llevan el caso de Pilar. Fuentes exigió respuestas inmediatas al Estado sobre qué sucedió con el dictamen que estrechó la CEDAW, pues han dejado abandonados ala familia Arguello Trujillo.
«El estado mexicano omite señalar que las acciones que se han desarrollado han sido a solicitud y propuesta del padre y madre de Pilar tras los considerables retrasos y derivados del desgaste que ha implicado para ellos. Si bien a coordinación que retoma los trabajos SEGOB, CONAVIM y la Comisión CEDAW, ha tenido avances, estos han estado implicados de retrasos, cancelaciones e inconsistencias, ejemplo es que se realizó una disculpa pública; la familia no las aceptó. A partir de este hecho, el Estado no ha hecho más, no se han presentado avances en la investigación.» (Adriana Fuentes)
Una de las peticiones que hacemos en esta sustentación es que reitere la resolución como lo recomendó el Comité de la CEDAW, porque el Estado parece ser que no entiende lo que es un plano razonable, considerando que desde 2018 se realizaron las recomendaciones y hasta el día de hoy, no se ha determinado la responsabilidad de las personas responsables del feminicidio de Pilar.»
Al respecto, se dio a conocer que se ha demandado una reunión con la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez para discutir las recomendaciones que emitió la CEDAW sobre el Caso Pilar.
