Ciudad de México.- Esta mañana, 45 organizaciones, 98 colectivos, 434 defensoras y mujeres periodistas en México llevaron a cabo el foro online “Protección pendiente en México”, para visibilizar la situación de riesgo que enfrentan las mujeres periodistas y defensoras en el país, así como una serie de recomendaciones, que se expusieron previamente ante el Comité de la CEDAW.
Recordemos que entre el 16 y 21 de junio de 2025, México está siendo evaluado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en ingles) en Ginebra, Suiza, como parte del seguimiento de sus compromisos internacionales sobre los derechos de las mujeres.
Para este propósito se reunieron la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), la Red Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TdT), el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C. (Consorcio Oaxaca), el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC) e Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos.
Por primera vez, las organizaciones civiles han logrado enviar siete informes temáticos (casi un 20% de los informes sombras) sobre la situación de las mujeres defensoras y periodistas ante la CEDAW que serán tomados en cuenta para la sustentación del Estado mexicano.
El examen periódico es parte del mandato del Comité CEDAW, un órgano compuesto por personas expertas independientes, cuya función es revisar el cumplimiento de la Convención, ratificada por 189 Estados, entre ellos México desde 1981, cuyo mecanismo de revisión no es punitivo, sino un ejercicio de rendición de cuentas fundamental y simbólico, que busca identificar avances, señalar desafíos y proponer mejoras para implementar de manera efectiva los principios de igualdad y no discriminación.
Asimismo, Jesús Peña y Niza Castañeda, de ONU Derechos Humanos reconoció la participación histórica de la sociedad civil mexicana, que ha acompañado todas las revisiones desde 1981. Para esta sesión, se recibieron 41 informes sombra elaborados por organizaciones feministas, redes y colectivos que abordan una gran diversidad de temas. En particular, resaltó la situación de las mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes enfrentan graves riesgos por ejercer su labor.
Para la periodista Sandra Torres Pastrana, también responsable de la estrategia de registro y documentación de la Red Nacional de Defensores de Derechos Humanos en México, señaló que existe una situación de riesgo y un grave contexto de violencia que enfrentan las mujeres defensoras en el país que fue advertido en el informe sombra que enviaron a la CEDAW.
De acuerdo con sus datos, entre 2019 y 2024 ha habido 10 mil 262 agresiones contra defensoras y organizaciones con un incremento durante la pandemia. En el mismo periodo se registraron 55 feminicidios de defensoras, siendo las personas buscadoras de desaparecidos y defensoras de los derechos de la población LGBT+ quienes enfrentan riesgos especialmente altos, así como quienes defienden el derecho a la verdad, la justicia y la reparación, que desde 2022 representan el 15% del total de las agresiones registradas.
Torres Pastrana advirtió el aumento de la criminalización y estigmatización como formas de ataque, con procesos judiciales injustos contra defensoras. Además señaló un tipo de violencia en aumento: la violencia digital, que ya representa el 18% de los casos registrados en 2024, y las agresiones en contextos de movilización colectiva, particularmente contra las protestas feministas.
Los estados con mayor concentración de agresiones en los últimos cinco años son Ciudad de México (18%), Chiapas (7%), Oaxaca (6.7%) y estado de México (6.5%). Por otro lado, las defensoras que enfrentan mayor riesgo son aquellas que luchan por: el derecho a la información y la libertad de expresión; una vida libre de violencia; y la defensa del territorio, el medio ambiente y los bienes comunes.
Sandra enfatizó que la violencia contra defensoras está inserta en un contexto estructural de racismo, clasismo y patriarcado. El 39% de las agresiones en Mesoamérica incluyen componentes de discriminación de género, reflejados en discursos misóginos, ataques a su maternidad, sexualidad o a través de violencia sexual.
A pesar de este panorama, resaltó avances importantes impulsados por redes feministas, como el Registro de Agresiones, que permite identificar patrones y riesgos con mayor precisión; la propuesta de Protección Integral Feminista (PIF), que plantea una protección centrada en el bienestar físico, mental y emocional de las defensoras, más allá de medidas físicas o de seguridad tradicionales; y la respuesta colectiva de la Iniciativa Mesoamericana, integrada por más de 3 mil defensoras, que ha fortalecido la articulación y resistencia frente a la violencia.
La defensora Lissette Clavelinas integrante de la Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes”, compartió los hallazgos del informe elaborado junto con otras organizaciones de la Red y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, presentado ante el Comité CEDAW donde recogen datos críticos sobre la violencia sistemática que enfrentan las mujeres defensoras de derechos humanos en México, donde señalaron que entre 2018 y 2024, al menos 39 mujeres defensoras fueron asesinadas y 4 continúan desaparecidas.
Además, determinaron los años 2021 y 2024 como los más violentos, especialmente en el contexto de la pandemia. Algunos de estos casos ocurrieron a pesar de que las defensoras ya estaban incorporadas al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas o habían solicitado medidas, lo que evidencia su ineficacia en garantizar la seguridad de quienes lo integran.
Asimismo, el informe reporta que 16 mujeres defensoras fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales, muchas de ellas indígenas. Clavelinas subrayó que este tipo de violencia letal involucra directamente al Estado, ya sea por acción, omisión o aquiescencia.
A pesar de que el Estado mexicano presume avances en materia legal, Lissette Clavelinas señaló que solo 17 entidades federativas cuentan con leyes para la protección de personas defensoras y periodistas, es decir, menos de la mitad del país. En este contexto, las medidas actuales del Mecanismo de Protección resultan insuficientes: de 171 mujeres defensoras registradas en el Mecanismo entre enero de 2018 y marzo de 2025, solo 146 cuentan con medidas de protección activas.
Cuestionó la efectividad de medidas como botones de pánico o números de emergencia, especialmente en zonas periféricas donde no funcionan o son fácilmente burladas, y donde justamente trabajan muchas defensoras. Además, acusó que las autoridades responsables de aplicar estas medidas son a menudo las mismas que ejercen violencia o acoso contra las defensoras.
También denunció la criminalización del activismo por parte del gobierno federal, tanto en sus discursos como en sus prácticas institucionales, lo que agrava el contexto de riesgo. Reiteró que no basta con tener marcos normativos o declaraciones institucionales, si en la práctica las defensoras siguen siendo asesinadas, perseguidas o desprotegidas, sin justicia para sus familias y sin cambios estructurales reales.
La madre buscadora Mina Ruiz e integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, comenzó su intervención subrayando que visibilizar su labor es crucial para sensibilizar al público y al Estado sobre la grave crisis de desapariciones en México y la violencia que enfrentan las mujeres que buscan a sus familiares.
Recordó que, si bien existen normas internacionales que garantizan el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, su implementación práctica en México es deficiente, especialmente en el caso de las mujeres buscadoras. En teoría, las buscadoras tienen derecho a buscar sin ser criminalizadas, a participar activamente en las investigaciones oficiales, a la verdad sobre lo ocurrido, y a recibir atención integral como víctimas indirectas. Pero en la práctica, estos derechos son reiteradamente violados por las autoridades.
Entre el año 2000 y mayo de 2025, se han reconocido oficialmente 128 mil 064 personas desaparecidas —aunque se sabe que existe una cifra negra no registrada—. De ellas, 29 mil 258 son mujeres, es decir, el 22.85%.
Mina subrayó que no se trata solo de cifras, sino de una realidad aterradora: «a los hombres los desaparecen hombres, y a las mujeres también». Y en el caso de las mujeres buscadoras, muchas son asesinadas o desaparecidas no durante las búsquedas, sino en sus propios espacios cotidianos, como sus casas, al llevar a sus hijos a la escuela o ir al mercado.
Denunció que en los últimos años al menos 16 mujeres buscadoras han sido asesinadas, además de muchas otras que murieron por causas “naturales”, pero que en realidad están ligadas al estrés crónico, la angustia y el desgaste físico y emocional de años de búsqueda. Hizo explícito que los cuerpos de las madres buscadoras, se deterioran por una constante carga emocional.
Además, alertó sobre el aumento de desapariciones de mujeres y niñas en el país, destacando que 32 de las 32 entidades federativas han registrado un aumento mayor al 20% en estos casos en los últimos años.
Los cinco estados con mayor número de desapariciones de mujeres y niñas son estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Ciudad de México y Tabasco. El grupo de edad más afectado es el de 15 a 19 años, que representa el 21% de los casos. Esto evidencia, dijo Mina, que las jóvenes son particularmente vulnerables y que se requiere una protección específica para ellas.
Mina denunció la impunidad estructural que favorece la repetición de estos crímenes. A pesar de que la Constitución y diversas leyes mexicanas —como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia— reconocen los derechos de las mujeres, la falta de justicia, la inacción del Estado, la desigualdad y el abandono de las comunidades rurales e indígenas perpetúan la violencia y el feminicidio.
La periodista Lucia Lagunes Huerta, directora de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), señaló que desde la organización se ha documentado el incremento de agresiones contra mujeres periodistas en los últimos dos años, las cuales fueron mayoritariamente digitales y sexualizadas, orientadas no a su labor informativa, sino a cuestiones que incluyen estereotipos de género como su maternidad, cuerpo o forma de vestir, por lo que, este tipo de violencia busca deslegitimar su profesionalismo y silenciarlas.
Uno de los elementos más preocupantes que Lagunes Huerta denunció fue el discurso estigmatizante desde el propio poder público, especialmente durante las conferencias matutinas presidenciales, práctica que ha sido replicada por gobiernos estatales siendo que esta violencia institucional misógina ha sido una constante sin precedentes en sexenios anteriores.
Respecto al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la periodista recordó que desde 2012, CIMAC ha denunciado la falta de perspectiva de género real en su diseño. Aunque recientemente se creó una unidad de género dentro del mecanismo, impulsado por recomendaciones del diagnóstico de la ONU-DH, esta unidad recae en mujeres que ya tienen otras responsabilidades dentro de la estructura.
Celebró que el tema de periodistas y defensoras hayan sido retomadas por varias expertas del Comité CEDAW, quienes cuestionaron al Estado mexicano sobre el impacto real de las medidas y exigieron que se concrete como la perspectiva de género ha mejorado la vida y seguridad de las mujeres periodistas. Concluyó subrayando que las periodistas no solo informan, sino que han sido fundamentales para visibilizar las luchas de otras defensoras, por lo que proteger su vida y su labor es esencial para el derecho a la información y la defensa de derechos humanos.
Jessica Sánchez Maya, feminista y defensora de derechos humanos, integrante de la Red Nacional de Defensoras y cofundadora de Consorcio Oaxaca, abordó la grave situación que enfrentan las defensoras en la entidad que históricamente ha sido conflictiva para la defensa de los derechos humanos.
Sánchez contextualizó la relevancia de presentar informes ante organismos internacionales como el Comité CEDAW y el Examen Periódico Universal, destacando que el elevado número de informes sobre México (41 para esta revisión) evidencia una crisis sistémica profunda y sostenida en materia de derechos humanos.
En el caso específico de Oaxaca, explicó que desde 2008 —cuando se instauró un gobierno que cerró los canales de interlocución con sociedad civil— las defensoras han enfrentado una sistemática represión estatal, particularmente aquellas que defienden temas como el aborto, la justicia, la libertad de expresión y los derechos políticos.
Indicó que Oaxaca se mantiene entre los estados con mayor número de defensoras bajo protección del mecanismo nacional, lo cual confirma el alto nivel de riesgo. Un caso emblemático es el de Sandra Estefanía Domínguez, abogada y activista que fue localizada sin vida recientemente, después de haber denunciado violencia digital y la participación de funcionarios públicos en la distribución de imágenes íntimas de mujeres indígenas. Jessica subrayó el ensañamiento en las agresiones hacia defensoras como Sandra, como una estrategia de terror para inhibir la labor social y política.
Asimismo, denunció que la violencia contra defensoras no se limita a agresiones físicas, sino que incluye deterioro sistemático de la salud mental y física por el estrés constante, lo cual no ha sido reconocido ni atendido por el Estado mexicano. El desgaste organizativo, emocional y personal es uno de los impactos más invisibilizados pero graves que enfrentan las mujeres que defienden derechos humanos.
Por último, Paola Pacheco Ruiz, politóloga y coordinadora de la línea estratégica de Condiciones Democráticas en Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), intervino en nombre del Espacio OSC, una articulación de 14 organizaciones que desde 2012 han impulsado la creación, monitoreo y mejora del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México. Su participación se centró en evidenciar los límites estructurales del mecanismo y los graves retrocesos que enfrenta, especialmente en relación con las mujeres defensoras.
De acuerdo con cifras del propio Mecanismo, hasta marzo de 2025 hay 2,011 personas beneficiarias, de las cuales 924 son mujeres. Los estados con mayor concentración de personas protegidas son Ciudad de México, Oaxaca, Michoacán, Jalisco, Guerrero y Chiapas, muchos de ellos marcados por contextos de alta conflictividad y violencia estructural.
Paola reconoció algunos esfuerzos recientes, como la creación del equipo especializado en perspectiva de género al interior del Mecanismo —conocido como la EQUIDAD—, pero subrayó que estos avances no se han traducido en mejoras sustantivas en la atención ni en la protección efectiva. Persisten omisiones graves en el análisis de riesgo con enfoque diferenciado, falta de reconocimiento del trabajo de las buscadoras como labor de defensa de derechos humanos y, en muchos casos, la negación directa de medidas urgentes.
Un dato alarmante: entre 2022 y 2024, el Mecanismo rechazó el 54% de las solicitudes de protección. Muchas de estas solicitudes correspondían a mujeres buscadoras o defensoras indígenas y rurales, quienes además enfrentan barreras como la falta de conectividad, la ausencia de materiales en lenguas originarias y la escasa presencia institucional en sus territorios. Esta exclusión técnica y cultural, advirtió Paola, profundiza desigualdades ya existentes y deja a estas mujeres en riesgo extremo.
Además, denunció una crisis presupuestaria: el presupuesto asignado al Mecanismo para 2025 se redujo un 4.27%, lo que ha provocado una caída dramática en la implementación de medidas de protección. Por ejemplo, los escoltas asignados bajaron de 65 a 28; los refugios de 44 a solo 12; y las viviendas seguras de 362 a 203. En el caso específico de mujeres periodistas, las medidas de refugio cayeron un 77% en un solo año.
Este colapso institucional se refleja también en el creciente descontento de las personas beneficiarias: 91 amparos han sido interpuestos por la negación o el incumplimiento de medidas, lo que representa más del 70% del total de acciones legales relacionadas con el Mecanismo, además de 45 recursos de inconformidad, reflejando una grave crisis de legitimidad.
Propuestas y acciones prioritarias
¿Cuáles son las acciones prioritarias para hacer real la protección de mujeres defensoras y periodistas? Las participantes del foro desarrollaron sus respuestas en varios aspectos.
Jessica Sánchez Maya destacó la necesidad de que la protección a las defensoras de derechos humanos sea una política pública transversal que no dependa de los cambios de gobierno. Criticó propuestas legislativas recientes que promueven la mediación con agresores antes de otorgar medidas cautelares, lo que aumenta el riesgo para las defensoras. Además, señaló la falta de responsabilidad y rendición de cuentas de los gobiernos estatales, que muchas veces incumplen con sus obligaciones bajo el argumento del pacto federal.
En cuanto al sistema judicial, Jessica denunció que las fiscalías tienden a desviar denuncias hacia conciliaciones o acuerdos extrajudiciales, lo que oculta la verdadera dimensión de la violencia y fomenta la impunidad. También destacó la importancia de erradicar los discursos oficiales que estigmatizan y deslegitiman la labor de las defensoras, lo cual incrementa su vulnerabilidad. Urgió a fortalecer mecanismos reales y efectivos para combatir la impunidad, evitando que los casos se dilaten hasta prescribir.
Para Lucía Lagunes, uno de los verdaderos cambios es que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas no sea solo una figura simbólica, sino una instancia que funcione de manera efectiva y con contenido real. Destacó la necesidad de que se escuchen las voces de las personas beneficiarias, en especial de mujeres periodistas y defensoras desplazadas o perseguidas, cuyas condiciones no están siendo adecuadamente atendidas por las medidas actuales. Mencionó que en diciembre de 2023, 38 periodistas y defensoras firmaron una carta dirigida a la presidencia y a la Secretaría de Gobernación solicitando un diálogo directo sobre las fallas del mecanismo, proponiendo una revisión desde una perspectiva de derechos humanos y de género.
Además, resaltó el incremento de ataques físicos y digitales contra mujeres periodistas, y cómo estos afectan su libertad de expresión y su seguridad en el entorno laboral, incluyendo el acoso sexual. En el marco de los 30 años de la Plataforma de Beijing, Lucía recordó que el capítulo J sobre medios es uno de los que menos avances registra, a pesar de que las mujeres periodistas han sido clave en visibilizar temas fundamentales. Por ello, llamó a un abordaje integral que reconozca su labor y les brinde condiciones reales de protección para seguir ejerciendo su trabajo esencial para la democracia y los derechos humanos.
Mina Ramírez denunció que las mujeres que realizan labores de búsqueda enfrentan crecientes agresiones y riesgos, muchas veces provenientes de las propias autoridades o en complicidad con ellas. Señaló que estas agresiones rara vez se denuncian por la falta de confianza en las instituciones y la impunidad sistemática. Por ello, propuso que el Estado reconozca públicamente la labor de las madres y colectivos de búsqueda, y que se pronuncie contra las agresiones que padecen. Además, solicitó al Comité CEDAW que exija a las autoridades mexicanas actuar frente a esta violencia persistente y estructural.
Entre sus recomendaciones clave, exigió que las medidas de protección sean efectivas, oportunas y adaptadas a los contextos reales de las víctimas. Pidió que se garantice la coordinación entre autoridades responsables y que se investiguen las agresiones contra familiares de personas desaparecidas, tanto las perpetradas por actores materiales como intelectuales. También propuso desarrollar líneas de investigación claras, transparentes y con perspectiva de género, y crear leyes que protejan de forma integral a las mujeres defensoras de derechos humanos, incluyendo el derecho a la justicia, la información y la verdad.
Paola Pacheco, presentó cinco propuestas clave para fortalecer el mecanismo de protección. La primera consiste en construir un plan integral que recupere los avances del grupo de trabajo tripartita (conformado junto a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en México) e incorpore de manera transversal la perspectiva de género desde el ingreso hasta el cierre de los casos. También urgió a dotar de funciones claras y operativas a la Junta de Gobierno del mecanismo, para que deje de ser un órgano meramente simbólico y pueda incidir con eficacia.
Como tercera acción, Paola propuso desarrollar materiales especializados, interculturales y accesibles en distintos formatos y lenguas que expliquen el funcionamiento del mecanismo, ya que la falta de información ha generado mal uso de las medidas, afectando su continuidad. Cuarto, subrayó la necesidad urgente de implementar acciones específicas contra la violencia digital hacia mujeres defensoras y periodistas, con respuestas especializadas y rápidas. Finalmente, planteó la creación de un plan de persecución penal con enfoque de género y macrocriminalidad, y la instalación de mecanismos permanentes de diálogo entre el Estado, organizaciones y personas beneficiarias.
De acuerdo con Lissette Clavelinas subrayó la necesidad de que el mecanismo de protección incorpore un enfoque interseccional y de derechos humanos al momento de analizar riesgos, reconociendo las condiciones particulares de mujeres indígenas, rurales, jóvenes, mayores, con discapacidad o defensoras de derechos específicos. Recalcó que las medidas deben diseñarse con y desde las propias defensoras, sin enfoques estandarizados, y que el reconocimiento público del trabajo que realizan debe ir más allá del discurso: debe reflejarse en políticas, presupuestos y acceso real a la justicia.
También exigió garantías para el derecho a la protesta social sin represión, ya que las manifestaciones feministas han enfrentado un uso excesivo de la fuerza. Finalmente, denunció que el sistema judicial aún criminaliza a las defensoras por su identidad, lo que hace urgente un sistema libre de racismo que reconozca su labor.
Finalmente, Sandra Torres Pastrana recalcó la urgencia de fortalecer una protección integral con enfoque feminista e intercultural. Entre las prioridades mencionó el reconocimiento institucional de la labor de las defensoras, la investigación efectiva de ataques, el respeto al derecho a la protesta —especialmente en manifestaciones feministas—, y el fin de la criminalización de su trabajo.
Además, llamó a sancionar la difamación en su contra, proteger a defensoras del territorio frente a megaproyectos estatales, y desarrollar medidas efectivas contra la violencia digital. Sus propuestas insisten en un enfoque estructural que ataque la impunidad, garantice respuestas inmediatas y fortalezca el tejido social desde una perspectiva interseccional, reconociendo que la protección de las defensoras es clave para la transformación social.
