Ciudad de México.- De acuerdo con el ‘Informe de Desarrollo Humano de las Juventudes en México: Retos y Caminos hacia un Futuro Inclusivo’ el Índice de Desarrollo Humano en las Juventudes (IDH-J) alcanzó el 0.71, colocándose por debajo del promedio nacional, al tener desigualdades territoriales, económicas y sociales que afectan de manera diferenciada a las juventudes mexicanas, especialmente cuando son mujeres.
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) tiene como objetivo evaluar y comparar el desarrollo de diferentes naciones, enfocándose en aspectos claves que van más allá del crecimiento económico. Además de proporcionar un marco para que los gobiernos tomen decisiones informadas sobre cómo invertir los recursos y diseñar políticas efectivas, identifican las desigualdades dentro de un país, permitiendo un análisis más profundo en las condiciones de vida.
Brecha en salud
De esta manera el informe, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, pone en relieve diferentes brechas a las que se enfrentan las jóvenes en el país comenzando con la dimensión de la salud donde persisten profundas desigualdades que impiden a las jóvenes ejercer plenamente este derecho, ya que, como señala el documento, las mujeres se encuentran entre las más afectadas debido a las brechas estructurales en acceso a servicios de salud adecuados.
Según indica el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), los programas prioritarios de salud en México tienden a ser universales y no contemplan estrategias específicas para jóvenes. Asimismo, esta dimensión del IDH-J no solo presenta el promedio más alto entre las tres dimensiones del índice, sino también la mayor dispersión entre entidades federativas.
Esto se debe en parte a diferentes indicadores, por ejemplo, las entidades con la tasa más alta en muertes violentas son Colima (194.6%), Zacatecas (185.2%) y Guanajuato (129.7%). El informe apunta que, si bien la tasa es sistemáticamente más elevada para los hombres, las mujeres jovenes enfrentan riesgos específicos asociados a la violencia de género, lo que se traduce en altas tasas de feminicidio.
A esto se suma que, actualmente México enfrenta una crisis, más de 115 mil personas desaparecidas han sido registradas históricamente, y casi la mitad de estos casos han ocurrido desde 2019. De este total, el 50% corresponde a personas entre los 12 y 29 años, lo que evidencia que las juventudes están desproporcionadamente expuestas a esta forma extrema de violencia.
Los patrones de desaparición difieren según el sexo. En el caso de los hombres jóvenes, la mayoría de las desapariciones ocurre entre los 20 y 34 años, y suelen estar relacionadas con violencia organizada, reclutamiento forzado y conflictos territoriales. Por otro lado, las mujeres desaparecen más frecuentemente a edades más tempranas, particularmente entre los 15 y 19 años, un rango que concentra cerca del 22% de los casos femeninos. Estas desapariciones están mayoritariamente vinculadas con violencia de género, explotación sexual y trata de personas, y se consideran una de las formas más extremas de violencia feminicida.
El indicador de tasa de fecundidad adolescente indica que Chiapas (83.3%), Zacatecas (70.1%) y Puebla (69.0%) lideran la lista de las entidades con mayor tasa; sin embargo, varia de forma significativa entre entidades federales, reflejando condiciones estructurales que afectan especialmente a las adolescentes. Este fenómeno tiene implicaciones profundas para su desarrollo humano, ya que un embarazo en la adolescencia suele interrumpir su trayectoria educativa, limitar sus oportunidades laborales y profundizar su situación de desigualdad y dependencia económica.
En un análisis más profundo, el informe indagó sobre otros ejes que se cruzan con la salud de las mujeres como el acceso a la salud sexual y reproductiva. Esto incluye desde la educación integral en sexualidad, anticonceptivos, atención prenatal, prevención de enfermedades sexuales y el reconocimiento a la autonomía corporal; sin embargo, persisten barreras graves para acceder a estos servicios, especialmente en contextos rurales, lo que incrementa la vulnerabilidad de las adolescentes a embarazos tempranos y riesgos de salud.
Datos de la CONAPO señalan que, la tasa de fecundidad adolescente (TFA) para el 2022 fue de 61.1 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad, lo cual coloca a México, junto con Colombia, en los primeros lugares de ocurrencia de entre los países de la OCDE. Asimismo, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2022 reveló que solo el 79.1% de la población de 10 a 19 años que ha iniciado su vida sexual usó algún método anticonceptivo en su primera relación.
Por otro lado, los indicadores tradicionales de salud muestran que las mujeres tienen mayor esperanza de vida con 78.47 años comparado a los 72.13 de sus homólogos, según datos de CONAPO. Esto se debe a que, las normas de masculinidad tradicional, que promueven la toma de riesgos, la resistencia al autocuidado y la menor disposición a buscar atención médica, tienen un impacto negativo en la salud de los hombres, según advirtió el informe.
Sin embargo, este señalamiento oculta las realidades específicas de la violencia como el feminicidio, el cual no se refleja en las estadísticas del IDH.J, ya que no se toman en cuenta causas específicas de muerte desde una perspectiva de género, invisibilizando dinámicas particulares de la violencia contra las mujeres.
Por ejemplo, en 2022 el INEGI reportó 22 mil 165 muertes de hombres jóvenes por causas violentas, en contraste con 4 mil 302 muertes de mujeres jóvenes. No obstante, esta cifra no incluye las muertes de mujeres por violencia de género, como el feminicidio, a pesar de que también constituyen muertes violentas. Otros datos que permiten dimensionar la problemática son los de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 donde a nivel nacional, del total de mujeres de 15 años y más, 70.1% han experimentado al menos un incidente de violencia.
Brecha educativa
La educación en México está marcado por desigualdades territoriales y de género que afecta de manera diferenciada a las juventudes. Entre algunas condiciones desiguales se encuentra el abandono escolar, acceso a la tecnología y la limitación de oportunidades educativas, laborales y de inclusión digital.
Según los datos del informe, Chiapas es el único estado que se encuentra en un nivel de desarrollo bajo (0.52), ya que presenta los menores niveles para cada uno de los indicadores (años promedio de escolaridad y tasa de acceso a internet en los hogares). Al mismo tiempo, 11 estados presentan un nivel de desarrollo medio y 19 estados un nivel de desarrollo alto.
Solo la Ciudad de México alcanza un nivel muy alto, debido a sus mejores condiciones de escolaridad y conectividad digital. El acceso a internet es el componente que muestra mayor desigualdad: en estados como Baja California o Ciudad de México, más del 90% de jóvenes tienen internet en casa, mientras que en Chiapas solo el 46%.
Entre las barreras educativas que se interpone en la formación de las mujeres se encuentran la carga desproporcionada del trabajo doméstico y de cuidados que asumen las mujeres, la división sexual del trabajo, la violencia de género y la subrepresentación femenina en áreas estratégicas del conocimiento como la ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Todos estos factores conllevan al abandono escolar en mujeres.
Durante la pandemia COVID-19, estas brechas se agudizaron, casi el 30% de quienes dejaron de estudiar fueron mujeres y las principales causas estuvieron ligadas a responsabilidades del hogar, embarazos, maternidad y uniones tempranas. En 2022, casi 60 mil niñas y adolescentes de 5 y 17 años no asistieron a la escuela por encargarse de quehaceres domésticos y alrededor de 250 mil realizaban trabajo doméstico en condiciones no adecuadas.
Además, persiste una segregación educativa por género. Las mujeres siguen concentradas en carreras relacionadas con los cuidados (enfermería, trabajo social o educación), mientras que los hombres predominan en en carreras técnicas y científicas. Solo el 28% de quienes trabajan en áreas CTIM son mujeres, lo que profundiza la brecha salarial y limita su acceso a empleos mejor remunerados.
Brecha económica
El IDH-J muestra que, aunque la dimensión de ingreso tiene menor variabilidad entre estados, persisten desigualdades significativas. Por ejemplo, Chiapas representa un nivel de 0.59 mientras Nuevo León alcanza los 0.80, lo que refleja disparidades estructurales y socioeconómicos que impactan directamente en las condiciones de vida de las juventudes.
Uno de los indicadores claves es el ingreso disponible despuesta de pagar una renta o hipoteca, el cual es mayor a los estados con menor desarrollo económico como Oaxaca (97.6%), debido a los menores costos de vivienda. Esta situación evidencia que el territorio sigue siendo un factor determinante para el acceso a recursos y calidad de vida.
En el caso de las mujeres, se enfrentan a obtener menos ingresos incluso con niveles educativos similares o superiores. En estados como Nuevo León y Guanajuato, los hogares encabezados por mujeres tienen ingresos hasta 10% menores que los liderados por hombres.
Asimismo, la informalidad laboral afecta desproporcionadamente a las mujeres madres, quienes enfrentan obstáculos para acceder a empleos con seguridad social. Aunque en general los hombres jóvenes presentan mayor informalidad, las madres jóvenes son quienes más sufren las consecuencias de esta precariedad laboral.
La alta informalidad implica falta de acceso a seguridad social, menores ingresos, trabajos inestables y limitaciones para obtener financiamiento. Estas barreras se agravan para mujeres indígenas, afrodescendientes, con discapacidad o identidades diversas, reforzando la exclusión y la desigualdad.
Un elemento crítico no reflejado en los indicadores del IDH-J es el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, que recae en gran medida sobre las mujeres jóvenes. Este trabajo, esencial pero no reconocido, limita sus oportunidades económicas y perpetúa la pobreza. Es urgente reconocer y redistribuir estas tareas mediante políticas públicas que garanticen condiciones dignas para todas las mujeres jóvenes.
