Ciudad de México. – El pasado 7 de julio el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) emitió las recomendaciones finales tras evaluar al Estado mexicano en su Décima Revisión Periódica, celebrada en Ginebra. En ellas, emitieron 90 recomendaciones que visibilizan la grave crisis de derechos humanos que enfrentan niñas, adolescentes y mujeres en el país.
En las 90 recomendaciones al Estado mexicano se destaca la discriminación y violencia hacia niñas, adolescentes y mujeres, indígenas, desplazadas, migrantes, buscadoras, defensoras y periodistas. Se considera la interseccionalidad y el impacto del crimen organizado. Además, se exige implementar políticas públicas integrales con presupuesto suficiente para erradicar estas violencias y discriminaciones.
El Comité CEDAW reconoció que la violencia contra mujeres y niñas en México ha aumentado, y es perpetrada tanto por agentes estatales como no estatales, incluido el crimen organizado. Esta violencia abarca desapariciones, tortura, violencia sexual y feminicidio, a menudo con armas de fuego, y se agrava por la respuesta ineficaz del Estado y sus deficientes políticas de seguridad y control de armas.
Desde el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), respaldaron las preocupaciones expresadas por el Comité y se sumaron al llamado urgente para atender la violencia estructural, la impunidad y la falta de voluntad política que siguen poniendo en riesgo la vida y la dignidad de millones de mujeres en México.
¿Qué observó CEDAW?
Trata de personas
El Comité advierte que la violencia patrimonial y las limitadas oportunidades económicas ponen a las mujeres, especialmente de grupos marginados, en riesgo de trata y trabajo forzoso. El Comité insta a sancionar a los funcionarios que incumplan la ley y establecer mecanismos contra la corrupción. También recomendaron aumentar los recursos para inspecciones laborales. CEDAW pidió reforzar la atención a las víctimas, con datos sobre perfiles y eficacia de las intervenciones. Instó a garantizar reparaciones proporcionales y subraya la necesidad de recopilar y analizar datos para diseñar mejores políticas públicas, así como la aplicación de estrategias integrales de prevención.
Violencia de género
La CEDAW reconoce avances legislativos en México, pero alerta sobre el aumento de la violencia de género, incluidos casos de feminicidio, desapariciones y violencia sexual. Señala fallas estructurales como políticas de seguridad ineficaces, falta de datos y discriminación interseccional. También criticó la aplicación desigual de protocolos con perspectiva de género. El Comité hizo 29 recomendaciones para armonizar leyes, recopilar datos precisos y garantizar reparaciones transformadoras. Instó a reforzar refugios y mejorar la respuesta ante desapariciones. Además, señaló que siguen pendientes sobre recomendaciones como la Alerta de Violencia de Género.
Aborto
El Comité señaló que pese a las reformas legales, el acceso al aborto sigue siendo obstruido y condenado legalmente a pesar de los avances en la legislación federal. Prevalecen el estigma y la resistencia del personal de salud para garantizar el acceso a un aborto, preocupación que recomienda atender mediante una formación obligatoria. De igual forma recomendó armonizar las disposiciones penales con los avances legislativos en materia de acceso al aborto, garantizar la aplicación coherente de la Norma Oficial Mexicana 046 sin exigir a las víctimas de violencia sexual que presenten informes policiales o pruebas judiciales de violación.
Defensoras
CEDAW se mostró alarmado ante el elevado número de mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas asesinadas, desaparecidas, y atacadas a través de amenazas, violencia física, vigilancia, ataques digitales y criminalización, con una proporción significativa de estas agresiones perpetradas o toleradas por actores estatales; así instó al Gobierno de México a abordar las graves deficiencias de instancias oficiales como el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, realizando análisis de riesgo con perspectiva de género e interseccionales, con financiación adecuada, coordinación entre instituciones federales y locales, con investigaciones rápidas, exhaustivas e imparciales que garantizan reparación integral y enjuiciamiento de los actores responsables de los ataques.
Desafíos urgentes al Estado Mexicano
CEDAW plantea desafíos claros que el Estado mexicano debe asumir con urgencia:
- Atender la violencia feminicida como una prioridad nacional: Armonizar la legislación penal en todo el país, garantizar investigaciones con perspectiva de género y sancionar a los responsables de feminicidios y desapariciones.
- Garantizar justicia y reparación para las víctimas de violencia sexual y tortura: Implementar mecanismos eficaces para la denuncia, atención y reparación transformadora, incluyendo acceso a servicios en zonas rurales e indígenas.
Ante la situación expresada por el Comité CEDAW el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red TDT exigen al Estado mexicano:
- Que la Comisión de Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones de la CEDAW, coordinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de la Mujer e incorpora a la sociedad civil, organizaciones civiles, academia y organismos internacionales, con enfoque federal y territorial.
- Que esa Comisión cuente con transparencia, acceso a información pública, metodologías claras de evaluación y mecanismos de participación ciudadana.
- Que se establezca una agenda de trabajo con informes públicos cada seis meses, donde se detallen avances, retrocesos y obstáculos para el cumplimiento de las recomendaciones.
- Una reunión de alto nivel en menos de 60 días entre organizaciones de la sociedad civil, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de las Mujeres para formalizar esta Comisión y activar un Mecanismo Nacional de Evaluación y Cumplimiento.
