Ciudad de México.- Tras dos años como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún abandonó el cargo bajo circunstancias desconocidas. Esta renuncia se presenta luego de años de exigencia por parte de colectivas de familias buscadoras quienes señalaban que la funcionaria no contaba con el perfil necesario para ese cargo. Ahora solicitan que la nueva persona titular tenga un perfil técnico y no político.
Así lo dio a conocer el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez quien pidió también incluir una consulta real con familiares y colectivos de personas desaparecidas, porque «escucharles es una deuda urgente».
Durante el transcurso del 29 de julio, la Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer por medio de un comunicado que Reyes Sahagún abandonará el puesto el próximo 31 de agosto, lo cual abrirá las bases de consulta pública que permitirá designar a la persona titular de la CNB. Quienes podrán inscribirse serán colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil expertas en materia de desaparición.
Posterior a este anuncio, la Brigada Nacional de Búsqueda se pronunció al respecto. Señaló que la renuncia de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, “aunque tardía, fue necesaria”; no obstante, advirtió que su paso por la CNB representó un retroceso para la institución. .
Por otro lado, al ser cuestionada por la salida de Reyes Sahagún, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la dimisión se debió a convicciones personales y se abstuvo de ofrecer mayores detalles. Añadió que la exfuncionaria continuará apoyando en otras áreas, sin hacer referencia a las denuncias que colectivos y familias buscadoras han presentado sobre su gestión.
Previamente a este hecho, madres buscadoras de distintas partes del país ya habían exigido durante las mesas de diálogo lideradas por la Segob, la destitución inmediata de Teresa Reyes, ante la falta de resultados y el abandono institucional que, según los colectivos, ha caracterizado su gestión al frente de la CNB.
Cabe señalar que cuando Reyes Sahagún asumió el cargo, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) contabilizaba alrededor de 111 mil 36 personas desaparecidas, de las cuales 26 mil 323 eran mujeres, reflejando un incremento del 11.8 %.
A pesar de esta crisis, Sahagún fue designada titular de la CNB sin contar con experiencia en la materia. Entre marzo de 2021 y octubre de 2023 se desempeñó como directora general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y, previamente, durante los tres primeros años del gobierno de López Obrador, encabezó la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Secretaría del Bienestar.
Esta decisión fue en contra de la Ley General en Materia de Desapariciones la cual establece que la persona titular de la CNB tiene que haber desempeñado en los dos años previos a su elección “actividades profesionales, de servicio público, en la sociedad civil o académicas” relacionadas con la desaparición y la búsqueda de personas.
Estos requisitos fueron totalmente ignorados, pues pese a esta falta de conocimiento en el tema, en 2023 el presidente López Obrador respaldó su nombramiento tras la consulta pública. No obstante, las colectivas de familiares se opusieron desde el inicio, advirtiendo que Reyes Sahagún no contaba con el perfil adecuado para enfrentar la crisis de desapariciones.
Esta postura fue compartida por organizaciones como Fundar y el Observatorio de Designaciones Públicas, quienes reprobaron el proceso por considerarlo “sumamente opaco, discrecional, regresivo y sin escucha sustantiva de colectivos y familiares de personas desaparecidas”.
De manera paralela, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México también cuestionó el procedimiento mediante un pronunciamiento en redes sociales, señalando que la designación careció de los niveles de consulta, participación, transparencia y escrutinio deseables, los cuales habían sido solicitados por víctimas y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.
Sin embargo, Reyes Sahagún intentó ocultar su falta de conocimiento destacando que tenía casi 41 años de trayectoria en la lucha social y popular en México, y que contaba con experiencia, capacidad y vocación en la defensa general de los derechos humanos.
Las advertencias de las colectivas se confirmaron a lo largo de su gestión, ya que, durante este periodo, se presentaron diversas irregularidades. Una de las más significativas ocurrió en diciembre de 2023, cuando el país registraba más de 111 mil personas desaparecidas y no localizadas, sin embargo, a inicios de marzo de 2024, el gobierno federal redujo esta cifra a 99 mil 729 casos, argumentando que la disminución se debía a la exclusión de personas quienes ya habían sido localizadas.
Esta acción generó controversia, pues la organización Data Cívica identificó que al menos 10 mil 953 nombres fueron eliminados en este nuevo censo, presumiblemente correspondientes a personas localizadas. Sin embargo, varias familias denunciaron que entre los nombres borrados se encontraban sus desaparecidas y desaparecidos, de quienes hasta la fecha no tienen noticias sobre su paradero.
A esta polémica se sumó otro episodio a inicios del año pasado, cuando exempleados de la CNB denunciaron el despido de más de 100 servidores públicos, incluyendo personal forense, jurídico y especializado en desaparición. Aunque se argumentó que estas bajas se debían a que ocupaban plazas eventuales, durante las reuniones con familiares Reyes Sahagún se negó a garantizar que el mismo personal sería recontratado.
Crisis de desapariciones en México
México vive una crisis de desapariciones que se agrava con los años. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), entre diciembre de 1952 al 28 de julio de 2025 han desaparecido 131 mil 069 personas, de los cuales 29 mil 960 son mujeres de todas las edades.
Las desapariciones de mujeres ocurren en un contexto diferenciado por razones de género. Aunque, en términos numéricos, desaparecen menos mujeres que hombres, también son quienes tienen menos probabilidades de ser localizadas. La mayoría de las desaparecidas son víctimas de redes de trata y explotación sexual.
De las 32 entidades de la república mexicana, son 10 estados en donde desaparecen más mujeres que hombres: Estado de México, Tabasco, Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Yucatán, Puebla y Tlaxcala.
Frente a esta problemática, las capacidades técnicas y recursos humanos, materiales y de infraestructura del Estado en materia forense son insuficientes causando una crisis forense con 72 mil 100 cuerpos sin identificar cuando en 2019 la cifra estaba en 38 mil 891 casos.
La crisis forense en el país fue reconocida en mayo de 2019 por el entonces Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), después de que un grupo de mujeres buscadoras denunció la existencia de un gran número de restos humanos sin identificar, y la inexistencia de una institución capaz de atender lo que llamaron la “crisis forense”.
A esto se suma la entrega de los restos de un cuerpo a las familias caracterizado por la falta de sensibilidad y respeto, una situación generalizada en diferentes zonas de la república. Algunos relatos incluyen entregas en bolsas de basura y en muchos casos se desconoce si los restos proporcionados sí pertenecen al familiar de la persona desaparecida.
Esto es conocido como muerte indigna, la cual no se refiere únicamente por la forma violenta en que una persona muere, sino el tratamiento del cuerpo ocultando sus restos, borrando su identidad e impidiendo los rituales de duelo de sus seres queridos, lo que agrava la violencia.
Tan solo en 2025, ocurrieron varios episodios en la historia de México que dejaron una herida: el hallazgo del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde se encontraron alrededor de 400 prendas, pares de zapatos y objetos personales en medio de un campo de exterminio; la acumulación de más de 300 cuerpos en un crematorio de ciudad Juárez; la negación de una crisis de desapariciones forzadas; y la modificación de la Ley General en Materia de Desaparición para crear una nueva plataforma de datos sin incluir las propuestas de las colectivas de búsqueda.
Por ello, la salida de Teresa Reyes de la Comisión Nacional de Búsqueda deja pendiente una deuda con las familias buscadoras, que durante años le exigieron una gestión comprometida, sensible y con resultados concretos. Su salida sin transparencia o rendición de cuentas refleja el desinterés institucional por atender la crisis de desapariciones en México y profundiza el abandono de quienes buscan a sus seres queridos.
