Ciudad de México.- Este 2025, se cumplen 18 años desde que la X Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe realizada en Quito, Ecuador, colocó por primera vez como tema central la participación política y la paridad en los procesos de adopción de decisiones en todos los niveles, siendo además uno de sus compromisos para alcanzar la igualdad de género en la región.
Recordemos que la Conferencia Regional es un evento organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en coordinación con la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres). Se lleva a cabo con una frecuencia no superior a los tres años y en ella se analiza la situación regional de los Estados miembros en relación con el avance de los derechos de las mujeres, presentar recomendaciones y hacer evaluaciones periódicas.
La primera Conferencia Regional tuvo lugar en La Habana en el año de 1977, dos años después de la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, celebrado en México en 1975, y en el marco del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. Desde entonces se llevaron a cabo 15 reuniones en los últimos 45 años y en la XIII Conferencia Regional (2016) los Estados miembros acordaron una Agenda Regional de Género que está ligada con la Agenda 2030.
Este año la XVI Conferencia Regional se llevará a cabo en el Centro Universitario Tlatelolco, en la Ciudad de México, como parte del acuerdo número 54 de los compromisos de Buenos Aires, última cede del evento, donde se estableció que México sería el país anfitrión. De esta manera, podrán participar los Estados miembros; observadores consultivos; organizaciones, fondos y programas de las Naciones Unidas; organismos internaciones e intergubernamentales; universidades y centros académicos y organizaciones no gubernamentales como movimientos de mujeres y feministas.
El punto de partida para llegar a la paridad de género inició en las Recomendaciones y Plataformas de Acción elaboradas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para homogenizar el diseño de las legislaciones sobre la igualdad de oportunidades. Posteriormente, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) en 1979, así como las Conferencias Mundiales de Nairobi (1985) y Beijing (1995) marcaron el camino.
En el año 2000, la postura fue respaldada cuando se validaron los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), siendo que en el número tres se planificó avanzar la igualdad entre los géneros y la autonomía de las mujeres a partir de su empoderamiento. En 2007, durante la X Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe se habló de establecer la paridad de género como una meta.
En el Consenso de Quito se reconoció que la paridad es uno de los factores determinantes en la democracia, por lo que su objetivo es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder; en la toma de decisiones; en los mecanismos de participación y representación social y política; y en las relaciones familiares, sociales, económicas, políticas y culturales. Por estos motivos, se colocó como una meta necesaria para erradicar la exclusión estructural de las mujeres.
Como parte de sus 36 compromisos, los Estados participantes de la X Conferencia Regional acordaron en el Consenso de Quito adoptar medidas de acción positiva y emplear todos los mecanismos necesarios (como reformas legislativas y asignaciones presupuestarias) para garantizar la participación plena de las mujeres en cargos públicos y de representación política con el fin de alcanzar la paridad en la institucionalidad estatal (poderes ejecutivo, legislativo, judicial y regímenes especiales y autónomos) en las democracias latinoamericanas y caribeñas.
También se apostó para que los países de la región pudieran compartir estrategias, metodologías, indicadores, políticas, acuerdos y experiencias sobre sus propios avances hacia la paridad y representación política; y que desarrollen una política electoral de carácter permanente que guíe a los partidos políticos a incorporar las agendas de las mujeres con enfoque de género, participación igualitaria, así como el empoderamiento y liderazgo para consolidar la paridad como política de Estado.
De acuerdo con el informe «Paridad de género: Políticas e instituciones. Hacia una democracia paritaria» de la Organización de las Naciones Unidas (ONU Mujeres), el concepto de democracia parlamentaria convoca a un nuevo contrato social en el que se equilibra los géneros con las responsabilidades compartidas entre la familia, Estado, sociedad y empresas. Esto implica la evolución de las relaciones equitativas de género, la etnicidad, estatus socioeconómicos y otras relaciones para el goce y disfrute de los derechos.
De esta manera, las listas partidarias oficializadas, donde se muestra la oferta electoral de los partidos políticos, son el mejor recurso para garantizar el equilibrio al interior de las organizaciones políticas y en la igualdad de oportunidades de acceso a la representación. Esto permite producir entornos igualitarios en la estructura de la oferta y naturalizar la participación de las mujeres en la toma de decisiones, no como casos aislados.
Son tres los ejes que sustentan la incorporación del principio de paridad: «el logro de la igualdad, como meta en una democracia; mayor justicia, en cuanto valora y promueve la ampliación de sectores históricamente marginados; una representación política más diversa, porque promueve la pluralidad temática en la agenda parlamentaria al incorporar cuestiones antes omitidas en el debate legislativo y mayormente ausentes en la agenda pública».
Te compartimos una crónica original del Consenso de Quito, cuya autoría es de la periodista Lucía Lagunes Huerta.
