Ciudad de México — En el marco del Foro Feminista previo a la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer, integrantes de la coordinación regional advirtieron que no aceptarán “discursos vacíos” ni compromisos que repitan fórmulas conocidas, por lo que exigieron a los gobiernos de América Latina y el Caribe una agenda feminista sólida que garantice los derechos humanos y la agenda integral de cuidados.
Este foro se desarrolla en un momento crítico, marcado por la crisis del multilateralismo, el avance de discursos y estrategias antiderechos y una creciente ola de violencia contra las mujeres, a la que calificaron como una “pandemia silenciosa”. Señalaron que esta crisis también se refleja en la protección de intereses empresariales que se imponen sobre la soberanía popular, priorizando las ganancias por encima de la vida y los derechos, además de manifestaciones, acompañadas de amenazas a las instituciones que resguardan los derechos de estas poblaciones, así como a las defensoras y les defensores de derechos humanos y sus organizaciones.
En este contexto, el Foro Feminista buscó abordar temas como violencia, democracia, medioambiente, pueblos indígenas, mujeres afrodescendientes, diversidad sexual e identidad de género, con un eje central en la defensa de la democracia. Detallaron que los conversatorios serán liderados por 26 redes regionales, 5 redes nacionales, 5 organizaciones internacionales y 24 organizaciones nacionales de América Latina y el Caribe, conformando un amplio frente de articulación feminista en la región.
Las participantes insistieron en la necesidad de desarrollar estrategias y narrativas capaces de contrarrestar el avance de discursos y acciones conservadoras que amenazan con arrebatar las libertades de las mujeres, lo que consideran un ataque directo a la democracia en la región. “Es decir, que no se quede solamente en las declaraciones, que no quede un compromiso escrito que se empolve, sino que se pueda garantizar”, subrayaron.
En complemento, plantearon que otras formas de oponerse a estos retrocesos incluyen la movilización en las calles, incluso frente a gobiernos progresistas, así como el impulso de la incidencia política en el Congreso mediante la colaboración con legisladores y aliados para proteger las leyes vigentes y promover nuevas normativas. Asimismo, recalcaron que la defensa de la libertad de expresión y la protección de medios y periodistas son pilares esenciales para garantizar el acceso a la información y denunciar la colusión entre el crimen organizado y los gobiernos.
«No vamos a permitir un retroceso porque seguimos estando en resistencia. Nosotras tenemos la responsabilidad de lograr que los derechos, nuestros derechos, los derechos de las mujeres, puedan ser una realidad», concluyeron.
Entre otras demandas, enfatizaron la necesidad de garantizar el derecho a decidir sobre los cuerpos, libre de discriminación, criminalización y violencia, asegurando que el aborto no sea penalizado; impulsar una justicia con enfoque restaurativo que repare daños y transforme las condiciones estructurales que generan violencia, especialmente la institucionalizada; y fortalecer la salud pública, el trabajo digno y la protección social efectiva para que ninguna mujer o persona con otras identidades de género quede excluida.
Avances y retos de la sociedad de cuidados
Uno de los temas centrales fue la sociedad de cuidados. Las participantes celebraron avances como la reciente Opinión Consultiva 31/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce el derecho humano al cuidado en sus tres dimensiones: dar, recibir y autocuidarse. Sin embargo, advirtieron que el Estado debe ser el principal garante de este derecho, sin delegarlo al sector privado con fines lucrativos.
Resaltaron la importancia de entender la corresponsabilidad social como una tarea que no debe recaer únicamente en las familias ni exclusivamente en las mujeres, como ha ocurrido históricamente, sino que debe involucrar a toda la sociedad. En este sentido, consideraron que el sector privado, en un sistema capitalista, también tiene la obligación de garantizar condiciones laborales que permitan el ejercicio efectivo de este derecho.
No obstante, expresaron preocupación por el riesgo de que los Estados, en lugar de asumir plenamente su rol de garantes, deleguen esta responsabilidad en empresas privadas con intereses lucrativos, lo que podría convertir el cuidado en un bien condicionado por la capacidad de pago y profundizar la precarización de mujeres racializadas y en situación de marginación.
Frente a ello, hicieron un llamado a adoptar un enfoque transformador que rompa con los estereotipos de género y reconozca el cuidado como un bien común, despojándolo de la esfera exclusivamente familiar para integrarlo como una política social y económica respaldada por un sistema fiscal justo y redistributivo.
Subrayaron que este derecho al cuidado está estrechamente ligado a la lucha por transformar las relaciones de poder desiguales que mantienen a las mujeres en trabajos no remunerados y poco valorados, mientras los hombres asumen roles remunerados fuera del hogar. Reconocer esta realidad, señalaron, es fundamental para mejorar la calidad de vida de todas las personas cuidadoras y cuidadas, desafiando sistemas económicos que priorizan el crecimiento por encima del bienestar colectivo.
Es por ello que, los Estados deben asegurar que los sistemas integrales de cuidado cuenten con financiamiento y recursos suficientes para funcionar de manera sustentable, accesible, con alcance universal, bajo los principios de igualdad, equidad y no discriminación por raza, etnia, sexo, género, discapacidad, condición migratoria, condición económica, entre otras.
