Ciudad de México- Tras seis años de omisión legislativa y bajo presión judicial, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada presentó la iniciativa de Ley del Sistema Público de Cuidados en la Ciudad de México y aunque el anuncio se ha posicionado como un avance de su administración, la realidad es que la medida responde a una serie de amparos promovidos por la sociedad civil y a sentencias que obligan tanto al Congreso local como al Ejecutivo capitalino a cumplir con un mandato constitucional vigente desde 2017.
La nueva ley no surge de una voluntad política, sino como resultado de una deuda legal y social que ha permanecido sin atender por más de un sexenio.
Esta acción se da el marco del inicio de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que impulsa la sociedad del cuidado y la igualdad de género. En un contexto donde según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) las mujeres dedican 2.6 veces más tiempo al trabajo no remunerado, CDMX enfrenta el reto de reconocer el cuidado como un derecho. Por ello la ley de Clara Brugada responde tanto a fallos judiciales como a compromisos regionales para avanzar hacia un sistema público de cuidados.
Es importante señalar que el reconocimiento constitucional del derecho al cuidado en la Ciudad de México data de 2017, cuando se promulgó la primera Constitución de la capital (publicada el 5 de febrero de 2017). En ella, se establece por primera vez que el cuidado es un derecho social y un deber del Estado para garantizar condiciones de igualdad y bienestar para mujeres y hombres. Además de reconocer el derecho, la Constitución estableció la obligación para el Congreso local de regular y garantizar el Sistema Público de Cuidados mediante leyes específicas. Este mandato debía cumplirse antes del 31 de diciembre de 2023.
Sin embargo, el mandato constitucional no se cumplió en el plazo establecido, lo que derivó en una omisión legislativa por parte del Congreso de la Ciudad de México. Esta falta de acción ha sido cuestionada y parcialmente corregida mediante fallos judiciales que ordenan legislar. La omisión representa una violación al derecho ciudadano, y especialmente una afectación directa a las mujeres, quienes históricamente han cargado con el trabajo de cuidados no remunerado.
La Ley del Sistema Público de Cuidados busca establecer un marco integral para garantizar el derecho al cuidado en la Ciudad de México, promoviendo políticas públicas que reconozcan, reduzcan y redistribuyan el trabajo de cuidados, el cual, históricamente ha recaído en las mujeres, con impacto directo en sus proyectos de vida y una salud integral.
La iniciativa contempla la creación de un sistema coordinado entre autoridades locales y federales, la participación de la sociedad civil y la asignación de recursos para servicios como guarderías, atención a personas mayores y apoyo a personas con discapacidad. Aunque representa un avance formal, expertos advierten que su éxito dependerá de la voluntad política para implementarla y de la asignación presupuestal suficiente.
La iniciativa del Sistema Público de Cuidados de Clara Brugada incluye la construcción paulatina de 100 “Utopías” donde se habla de 200 centros de desarrollo infantil, comedores comunitarios, lavanderías sociales, casas de día para personas mayores y escuelas de masculinidades. Esta última consistirá en enseñar a los hombres una nueva forma de convivencia y corresponsabilidad en el sistema de cuidados.
En el Presupuesto 2025 de la CDMX —aprobado con un total de 291 mil 525 millones de pesos, un aumento del 8.8 por ciento respecto a 2024— se etiquetaron mil 700 millones para las Utopías, 223 mil 6 millones para Casas de Salud Preventiva y 261 mil 8 millones para el programa Salud Casa por Casa, que apoya a personas adultas mayores y con discapacidad, también advirtió que se considera una meta de 30 años para lograr una mayor cobertura del sistema público de cuidados.
“El trabajo de cuidados es el pilar fundamental que sostiene la vida y el desarrollo económico. Con esta iniciativa de reforma a nuestra constitución local, seremos la primera ciudad en América Latina en elevar el Sistema Público de Cuidados a la categoría de derechos humanos, un avancé histórico” señaló Clara Brugada, durante la Conferencia Regional en el Palacio Virreinal.
En la Ciudad de México, como en el resto del país, el trabajo de cuidados no remunerado recae de forma desproporcionada en las mujeres, quienes representan el 72% de quienes lo realizan, según el INEGI. Este trabajo, aunque muchas veces invisible, tiene un peso económico enorme: representa el 24.3 % del Producto Interno Bruto nacional, superando incluso a sectores como la industria o el comercio.
Esta carga desigual limita el acceso de las mujeres al empleo formal, la educación y la autonomía económica, y evidencia la urgencia de una política pública con enfoque de género, por tanto, al no traducirse en leyes ni presupuestos concretos, el derecho al cuidado quedó sin mecanismos efectivos de garantía, perpetuando desigualdades estructurales de género.
Ante esta situación en menos de un año, el Congreso de la CDMX ha recibido no uno, sino al menos dos órdenes judiciales vinculantes por su omisión legislativa. En el amparo 324/2024, el 19º Tribunal Colegiado reconoció formalmente la omisión y otorgó al Congreso hasta mayo de 2026 para aprobar la ley del Sistema Público de Cuidados.
Además, el amparo 495/2024 -resuelto por el Juzgado Séptimo- obligaba al Congreso a legislar antes del 15 de diciembre de 2025, y ordenó a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, iniciar medidas concretas de apoyo a personas con discapacidad y cuidadoras, sin existir aún la ley.
Con una iniciativa finalmente presentada y un presupuesto inicial asignado, Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México ha respondido —aunque forzada por presión judicial y social— al mandato constitucional pendiente desde 2017. Sin embargo, para que el Sistema Público de Cuidados trascienda el papel y la propaganda, todavía falta lo más complejo: la construcción institucional, la articulación efectiva entre dependencias, la vigilancia ciudadana y la garantía de continuidad más allá de un sexenio. El verdadero reto ya no es legislar, sino implementar con enfoque de género, con corresponsabilidad real y con resultados tangibles para quienes históricamente han cuidado sin apoyo ni reconocimiento.
