En México, de enero a agosto de 2022, se han contabilizado 600 feminicidios y mil 905 homicidios dolosos contra mujeres, lo que representa un total de 2 mil 505 mujeres asesinadas en lo que va del año, es decir, más de 10 mujeres cada día. A lo que se suman 2 mil 559 homicidios culposos contra mujeres dentro de los cuales existe la posibilidad de tipificaciones erradas, manipuladas o tardías.
Asimismo, y de acuerdo con el último informe del Secretariado Ejecutivo, en los primeros 8 meses del año se registraron 756.3 delitos de violencia familiar por día, siendo un aumento del 6.9 por ciento en comparación al mismo periodo del 2021. Además de las 417 mil 096 llamadas de emergencia por incidentes relacionados con violencia familiar, casi 50 mil sólo durante agosto del 2022.
Respecto a las violencias sexuales contra mujeres, en los primeros ocho meses del año han sido reportados 15 mil 871 delitos de violación, con una media de 65 al día y un aumento del 13.5% respecto a 2021.
Lamentablemente esto no es distinto en otras partes de Latinoamérica, en donde la mayoría de los países cuentan con legislaciones que sancionan las violencias contra las mujeres y han firmado convenciones internacionales, pero su aplicación es prácticamente nula. A esa violencia se suma la discriminación y exclusión estructurales que se agravan en el contexto de la movilidad.
El derecho a una vida libre de todas las formas de violencias para las mujeres latinoamericanas, de acuerdo con la Convención de Belém do Pará, dista mucho aún de ser una realidad. Las investigaciones, estadísticas y las voces testimoniales dan cuenta del dolor y sufrimiento que transitan en sus cuerpos las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado.
Las múltiples formas de violencias contra las Mujeres, en México y en diversos países de América Latina, se perpetúan en un contexto regional caracterizado por la exacerbación de la pobreza que tiene rostro de mujer y la desigualdad social, más la militarización, la criminalización de los movimientos feministas, así como de las organizaciones de la sociedad civil, aunado a ello, están el crimen organizado internacional y su conexión con agentes estatales, la debilidad institucional gubernamental, la austeridad, el desmantelamiento de programas dirigidos a prevenir y atender las violencias contra las mujeres en todas las etapas de su vida, más la impunidad y la corrupción.
No hay país de Latinoamérica seguro para las mujeres, la evaluación, denominada ‘Informe del Congreso sobre la paz y la seguridad de las mujeres de Estados Unidos, 2022”, señala que, de un total de 25 países con las tasas de feminicidio más altas, casi el 50 por ciento se ubican en América Latina. México tiene el lamentable récord de 736 mujeres asesinadas de enero a septiembre del año en curso, lo que representa un aumento del 5 por ciento con respecto al mismo período de 2020.
La Red Nacional de Refugios (RNR) informó que tan sólo de enero a septiembre de este año incrementaron 16 por ciento los ingresos de mujeres con sus hijas e hijos a Refugios, lo que significa 9 mil 013 mujeres con sus familias protegidas y acompañadas integralmente. En este mismo periodo atendieron a 22 mil 204 mujeres y sus hijas e hijos en los 75 espacios de protección. Y a 5 mil 814 personas, de las cuales el 80 por ciento son mujeres, a través de redes sociales y líneas telefónicas.
La misma Red acompaña gratuitamente al día a más de 103 mujeres en riesgo a través de los diversos espacios y medios de atención de la Red Nacional de Refugios. También, durante los primeros 8 meses del año, 429 mujeres fueron atendidas a través de las redes sociales y líneas telefónicas de la RNR quienes reportaron haber sido víctimas de violencia sexual y 134 mujeres reportaron intentos de feminicidio.
En su IX Foro Internacional, la RNR lanza dos acciones más para erradicar las violencias contra las mujeres, la primera, Sendero Violeta una aplicación móvil que busca generar comunidad entre mujeres y ofrece opciones ante diversas situaciones de violencias. La segunda acción, “Julia”, experimento social que articula la colaboración de Eli Moya, cantautora chilena y Santi Márquez, cantautor uruguayo. Cuyo objetivo es promover la desnaturalización de las violencias machistas y crear conciencia sobre estas trasgresiones de derechos humanos. Esta acción incluye la canción Julia que busca sensibilizar y concientizar al mismo tiempo que recaudar fondos para que la RNR continúe con su labor.
