Ciudad de México.- En el marco de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se lleva a cabo esta semana en la ciudad de México, se realizan foros paralelos convocados por distintas organizaciones civiles y redes regionales y el ocurrido hoy para escuchar la agenda de mujeres con discapacidad, sucedió lejos y fuera del recinto oficial, lo que pone en riesgo al Consenso de Tlatelolco, de dejar fuera esta perspectiva al excluir esta visión del marco general de trabajos.
En el tercer día de trabajos, en el llamado Pabellón de los Cuidados, ubicado en un rincón de la ciudad, en el Centro de Estudios Interculturales Nezahualcóyotl (CEIN) de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, se llevó a cabo el foro “El papel de las personas con discapacidad en los sistemas de cuidados y apoyos”.
Donde se lograron conjuntar experiencias de México, Argentina y Costa Rica, al ofrecer un panorama de los retos que enfrentan las mujeres con discapacidad para el ejercicio de sus derechos humanos. La educación, el empleo, la salud, la movilidad e incluso divertirse son un desafío todos los días para ellas ya que, en tanto no se garantice accesibilidad, requieren apoyos para su participación en la sociedad.
Cabe decir que en México hay 6 millones 179 mil 890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa 4.9 % de la población total del país. De ellas 53 por ciento son mujeres y 47 por ciento son hombres, según datos del Censo de Población y Vivienda 2020.
Gabriela Bruno de Argentina, denunció, la existencia de un silenciamiento, capacitismo, infantilismo y otros sesgos que niegan a las mujeres con discapacidad participar en la sociedad.
“Las mujeres con discapacidad no solo hablamos de discapacidad, nos atañen todas las políticas, no solo las de discapacidad, vivimos con interseccionalidades como ser mujeres, jóvenes, indígenas, entre otras, por ello, se debe garantizar que participemos con autonomía en todas las esferas de la vida”.
Wendy Barrantes integrante del Movimiento de Vida Independiente de Costa Rica, compartió la experiencia de la Red Latinoamericana de Vida independiente, un espacio autogestionado que constituye una buena práctica que impulsa que las mujeres con discapacidad tomen sus propias decisiones.
Barrantes junto con dos hombres con discapacidad motriz y nueve asistentes, recorrieron 2 mil 883 kilómetros de la zona costera de Costa Rica para llamar la atención sobre la necesidad de crear una ley que impulsara la autonomía de las personas con discapacidad.
Así se creó la Ley para la Promoción de la Autonomía de las Personas con Discapacidad 9379, basada en la filosofía de vida independiente que busca hacer conciencia sobre las necesidades de las personas con discapacidad, de asistencia y materiales de ayuda para su participación plena.
Las participantes coincidieron en que “desfeminizar el trabajo de cuidado beneficia a toda la sociedad” toda vez que reconoce la asistencia como parte de un derecho que libera a las mujeres de estas tareas.
Martha García denunció que en México, el movimiento de discapacidad parece un “movimiento aparte” pues los movimientos sociales siguen hablando “desde la teoría y la observación pero no desde la vivencia” y no logran incorporar esta mirada a sus demandas.
“La asistencia personal debe ser derecho reconocido en la ley en México”, para Martha García, concentrar el cuidado de las personas con discapacidad en las familias, particularmente en las madres, reproduce sistemas familiares precarios que condicionan la calidad de vida.
Margarita Garfias, madre cuidadora de un joven con discapacidad en México, destacó que urge romper el pacto patriarcal que supone que las mujeres son las únicas responsables de las personas con discapacidad y llamó a ONU Mujeres y CEPAL a cumplir con el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para garantizar vivir en igualdad de condiciones y se incorpore la discapacidad en el Observatorio de Igualdad de Género.
Asimismo, reconocer e implementar los Centros de Vida Independiente por tratarse de una buena práctica que puede replicarse en la región y comprometerse a crear líneas presupuestarias específicas para personas con discapacidad y personas cuidadoras.
