Ciudad de México.- De acuerdo con el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco, la defensora de la tierra, Sandra Miranda Ortega, enfrenta una campaña de desprestigio a través de difamaciones y filtración de información personal por la denuncia que emprendió contra el proyecto de la presa Milpillas, la cual busca captar agua de la comunidad para solucionar la falta de abastecimiento en el estado de Zacatecas.
El proyecto de la presa Milpillas consiste en la construcción de un sistema de agua potable para llevar agua al corredor Fresnillo-Zacatecas y beneficiar a 514 mil habitantes, así como disminuir la sobreexplotación de acuíferos, específicamente por parte del sector público-urbano y tendría una inversión estimada de 9 mil millones 690 millones 930 mil pesos, según describe la página de Proyectos México Oportunidades de Inversión.
Este proyecto dio marcha sin hablar con la comunidad del municipio de Jiménez de Teúl, quienes demostraron con varios estudios que el proyecto no es viable, ya que entre las consecuencias afectaría de manera irreversible a las comunidades aledañas. Desde que se presentó el proyecto, Sandra Miranda fue una de las personas lideresas en oponerse creando así el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco que contempla los ejidos de Atotonilco, Potrero, Estancia de Guadalupe y Corrales.
Su voz ha sido importante para que la población evite la entrada del personal de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) quien es la institución responsable junto con la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento. Sandra Miranda es una figura importante en su comunidad gracias al apoyo que constantemente ofrece como trasladar al hospital a personas con discapacidad o enfermas en su camioneta u ofrecer orientación sobre trámites institucionales.
Su labor como defensora la llevó a ser elegida como delegada de la comunidad entre 2019 a 2021 y desde 2018 defiende el territorio contra la instalación de la presa Milpillas. Desde ese momento enfrentó varios intentos de desprestigio en su contra siendo que el último acto se registró el pasado 18 de agosto, cuando Sandra Miranda tuvo que comparecer ante un juez comunitario para un careo con Liliana Nayeli Herrera Muro, directora de Obras Públicas.
El motivo del encuentro fue esclarecer los señalamientos de la funcionaria por una compraventa de terrenos que realizaron familiares de la defensora, sin ella tener una relación directa en dicha acción. También se difundió un documento y fotografías de las personas implicadas en el Ejido de Atotonilco, acompañado de una serie de difamaciones para generar una campaña de odio por la comunidad.
Durante el careo, Liliana Herrara señaló a la defensora de impedir que el personal de la CONAGUA «beneficie a la comunidad con el proyecto de presa Milpillas» cuando son las ejidatarias y ejidatarios quienes deben autorizar su entrada. Para la organización Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco este tipo de prácticas pone en riesgo la seguridad de quienes defienden el territorio, erosiona el tejido comunitario y debilita los procesos de justicia que ellos sostienen.
«Las declaraciones de la funcionaria pública, y el uso de información personal o familiar como herramienta de agresión o deslegitimación contra la defensora constituye una violación a sus derechos humanos y al derecho fundamental de defender derechos» -Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco
Otros intentos de presión y desprestigio
A raíz del proyecto, los ataques han escalado contra Sandra Miranda, el 23 de julio de 2025 diversos vehículos particulares con trabajadores de la CONAGUA entraron al Ejido de Atotonilco, pese a haber recibido documento del Comisariado Ejidal donde se les prohibió la entrada sin un permiso, el cual fue enviado a través de la regidora Joana Cristina Torres Gallegos. La acción de esta institución violentó la decisión de las ejidatarias y ejidatarios, según acusó el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco.
«Esto en una clara estrategia de coacción con el fin de reventar el tejido social y debilitar la lucha que las y los ejidatarios están dando por defender su territorio» -Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco.
En adherencia, la organización denunció el hostigamiento que ha recibido el actual delegado de la comunidad, Adrián Ramos Torres, por ejemplo, concertar reuniones en horarios inapropiados, así como llamadas durante la madrugados, acciones que emplearon como medidas de presión e intimidación.
«Estos actos representan los más recientes en contra de las personas defensoras de su territorio que se oponen al proyecto de la presa Milpillas, sin embargo, forman parte de un patrón continuo y sistemático de difamación, desinformación, hostigamiento y criminalización hacia ellas y ellos desde hace 10 años» -Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco.
El pasado 14 de agosto de 2025, durante un evento en la comunidad de Las Bocas para promover el proyecto de la presa Milpillas, el presidente municipal de Jiménez de Teul, Daniel Cisneros Esparza, también realizo señalamientos contra la defensora por la compraventa de terrenos generando así un ambiente de desconfianza y división sobre información que no tenía que ser divulgada.
La seguridad de las defensoras de la tierra
Cabe mencionar que México es uno de los países más letales contra las defensoras de la vida, la tierra y el territorio. El último informe «La tierra, para quienes la trabajan y la defienden» de la Iniciativa Mesoamericanas de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) señala que, entre 2012 a 2024 se registraron 35 asesinatos y 9 mil 629 agresiones contra defensoras y organizaciones. Tan solo en el país, el 13.4% de los ataques contra una mujer defensora son dirigidos a quienes defienden la vida, la tierra y el territorio.
Centroamérica vive bajo un sistema económico, político y cultural marcado por la herencia colonial, que se traduce en opresiones estructurales y en la reproducción constante de violencias patriarcales, capitalistas y racistas que recaen sobre los cuerpos y territorios de las mujeres. Este modelo, responsable de una crisis global multidimensional, intensifica la desigualdad, pobreza, violencia y los efectos del cambio climático.
Frente a la amenaza que representa para las comunidades y pueblos originarios, diferentes defensoras de la tierra se organizan para emprender acciones y contrarrestar a quienes detentan el poder y se benefician de este sistema. Entre ellas se encuentran las mujeres indígenas, afromexicanas o garífunas (pueblo afroindígena) que habitan en zonas rurales en donde mantienen contacto con la tierra y los recursos naturales. De esta manera protegen sus saberes, el derecho a la autonomía e identidad cultural, los territorios y los bienes naturales.
Desde 2019, Sandra Miranda ha sido víctima de varios incidentes que atentaron contra su seguridad. En enero de ese año su domicilio fue vigilado por policías estatales cuando la defensora viajó con integrantes de la Red de Afectados por la Minería (REMA) a la Ciudad de México para hablar con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
En abril de 2019, se publicó una nota periodística donde se le acusó de liderar la retención del Subsecretario de Gobierno, Érick Muñoz Román en conjunto con mujeres ejidatarias de Atotonilco, ejido del cual ella era la delegada de la comunidad. Por ello, para la organización los últimos señalamientos en su contra están orientados a desacreditarla como defensora para llevar a cabo el proyecto de la presa Milpillas.
Ante este panorama, el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco exigió cesar los actos de hostigamiento y difamación contra Sandra Miranda y Adrián Ramos o cualquier integrante de la organización; garantizar la seguridad de ambos; acatar lo dispuesto en los pactos y convenciones internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por México; así como la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas y del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas.
«Hacemos un llamado urgente a la presidenta de México para que tenga conocimiento de que los supuestos “permisos” que se presumen obtenidos para la presa Milpillas, se han conseguido mediante coacción, intimidación y violaciones a derechos humanos, lo cual también la responsabiliza a ella por ser la titular del Estado y de la actual administración que promueve la realización del proyecto de la presa Milpillas como parte del Plan Nacional Hídrico» -Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco
