Cuando se habla de migración, suele imaginarse a personas jóvenes o en edad productiva que buscan mejores oportunidades laborales. Sin embargo, cada vez, es más frecuente que mujeres adultas mayores se vean forzadas a emprender trayectos migratorios complejos, impulsadas por múltiples factores que comprometen su bienestar y dignidad.
En el caso de mujeres de la tercera edad, las razones para migrar suelen estar ligadas a contextos de violencia, pobreza, aislamiento social, falta de acceso a servicios de salud y ausencia de redes de apoyo. Estas condiciones estructurales no solo vulneran su derecho a una vejez digna en sus países de origen, sino que además las empujan a enfrentar nuevos escenarios de exclusión en contextos de tránsito o destino.
María, de 74 años, salió de Cuba hace dos años. Lo hizo, dice, porque ya no encontraba condiciones para envejecer con dignidad: “Cuando yo era niña, Cuba era linda. Ahora el lío es que no hay nada. Antes, por lo menos te daban algo pa’ terminar el mes, y aunque no era mucho, con eso más o menos podías comprar”. Su testimonio da cuenta de una realidad que afecta a muchas mujeres mayores: sistemas de protección social debilitados, servicios de salud colapsados y una economía que ha dejado de reconocer sus contribuciones.
Como ha señalado OnCuba News, “los bajos ingresos de una franja grande de las personas de la tercera edad, el aumento de familias en condición de pobreza, la baja capacidad de la economía para remontar la crisis, el debilitamiento de las instituciones y la emigración pesan con especial rigor sobre esta etapa de la vida”.
Muchas de estas mujeres dedicaron toda su vida al trabajo de cuidados, ya sea remunerado o no. Este trabajo —esencial para el sostenimiento de las familias y las
comunidades— ha sido históricamente invisibilizado y subvalorado. Al llegar a la tercera edad, estas mujeres se encuentran sin pensión, sin protección, sin reconocimiento.
“Yo únicamente me dediqué a cuidar a mi familia. Me casé muy chica y mis actividades siempre fueron cuidar a mis hijas y a mi esposo. Si me preguntas qué cosas me gusta hacer para distraerme, no sé qué decir, porque nunca hice algo que no fuera atender mi hogar”, comparte otra mujer migrante cubana.
Según ONU Mujeres, el trabajo de cuidados representa entre el 10% y el 40% del Producto Insterno Bruto (PIB) de los países, superando incluso a industrias como la manufactura o el transporte. En Cuba, se estimó que en 2016 este trabajo representaba el 19.5% del PIB. Sin embargo, las mujeres que lo realizan siguen estando fuera de los sistemas de seguridad social, lo que incrementa su vulnerabilidad y limita sus posibilidades de autonomía económica.
Migrar no resuelve, por sí solo, las causas estructurales que las orillaron a salir. Al llegar a países como México, las mujeres mayores migrantes enfrentan nuevas barreras: discriminación por edad, género, nacionalidad y estatus migratorio. Enfrentan sistemas institucionales que no contemplan sus necesidades específicas, ni garantizan su acceso a servicios sociales, de salud o apoyo emocional. A menudo, quedan fuera de los programas sociales, pese a vivir situaciones de alta vulnerabilidad.
Muchas intentan construir redes de apoyo en sus nuevas comunidades. María nos cuenta: “Desde que llegué a México estoy sola. He intentado hacer amigos y llevarme bien con las personas de los negocios y con el joven que me renta el departamento, porque es muy difícil llegar a un país nuevo, ver todo tan distinto y sentirme sola”.
La salud mental de las mujeres migrantes de la tercera edad es un tema urgente y frecuentemente ignorado. El aislamiento, la incertidumbre, la ruptura de redes familiares y comunitarias, así como las múltiples formas de discriminación que viven, impactan profundamente en su bienestar emocional. El acompañamiento psicosocial en estos contextos no es un lujo: es una necesidad.
Desde el equipo psicosocial del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) consideramos indispensable que instituciones gubernamentales, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil reconozcan a las mujeres adultas mayores en movilidad como sujetas de derechos. Esto implica generar programas transversales con enfoque de género, edad y salud mental, que respondan a sus necesidades específicas. También requiere integrarlas en los programas sociales existentes y garantizar el acceso a servicios de salud, atención psicosocial, vivienda, y espacios comunitarios que fortalezcan su sentido de pertenencia y bienestar.
La migración en la tercera edad no debe seguir siendo invisible. Reconocer y atender esta realidad es parte de una agenda de justicia social que aún está en deuda.
