Colombia.- Los casos de violencia reproductiva que vivieron 31 mil 378 niñas y adolescentes en su mayoría afrodescendientes e indígenas colombianas durante el conflicto armado de 1957 al 2016 y quienes representan el 89.2 por ciento del total de víctimas agredidas por grupos paramilitares, las Farc-EP y agentes del Estado serán llevados de forma histórica a investigación y se juzgarán centrándose en factores de la cultura patriarcal.
Un análisis provisional de hechos documentó que existen 35 mil 178 víctimas de todos los actores del conflicto, de las cuales 89.2 por ciento son mujeres y el 35 por ciento de ellas, en su mayoría afrodescendientes e indígenas, sufrieron las violencias cuando eran niñas o adolescentes, principalmente a manos de grupos paramilitares, el 33 por ciento; las Farc-EP, 5.8 por ciento y agentes del Estado, 3.1 por ciento. En el 30 por ciento de los casos, las víctimas no identificaron al presunto actor armado responsable.
Este periodo se conoció como el Macrocaso 11, y será llevado a juicio por primera vez con el tema de violencia reproductiva, estas violencias incluyen el aborto, la anticoncepción, la esterilización o el embarazo forzados, así como la esterilización coaccionada y la violencia obstétrica.
Por primera vez en el mundo los crímenes de violencia basada en género, violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes cometidos por prejuicio basados en la orientación sexual serán investigados, juzgados y sancionados.
“La violencia reproductiva es una forma de violencia que no necesariamente se comete de manera sexualizada; no ocurre por medio de un acto sexual. Es una forma frecuente de violencia de género en contextos especialmente violentos o represivos como los conflictos armados y las dictaduras, pero al igual que la violencia sexual, también puede ocurrir en la cotidianidad y en tiempos de paz”, señaló en conferencia de prensa, María Cecilia Ibáñez, abogada senior de Women’s Link Worldwide, organización que forma parte de la Alianza 5 Claves, coalición de organizaciones sociales que han presionado al Estado a investigar estos crímenes.
En un hecho histórico, el pasado 27 de septiembre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia, anunció la apertura del Macrocaso 11 y señaló que:
“No se trata de un caso que se limita a investigar determinadas conductas o crímenes, sino de una investigación centrada en los motivos y las lógicas de las organizaciones armadas, los cuales se sustentan en relaciones dominantes de género que se reproducen en el conflicto armado a través del uso de las armas y el ejercicio del poder. Los hallazgos preliminares revelaron factores como cultura patriarcal”.
El caso de Helena
Un punto de partida para que la Alianza cinco claves, conformada por las organizaciones feministas y de personas LGBTIQ+: Corporación Humanas, Colombia Diversas, Sisma Mujer, Red Nacional de Mujeres y Women’s Link Worldwide, solicitara abrir esta investigación fue el caso de Helena.
Cuando tenía 14 años, en el 2003, Helena fue reclutada de manera forzada por las FARC; mientras hacía parte de las filas del grupo guerrillero fue forzada a utilizar anticonceptivos en forma de inyecciones y forzada a abortar, producto de una relación consentida y aún cuando ella sí quería tener al bebé.
El aborto fue a los seis meses, realizado de forma irregular para la etapa gestacional que presentaba, le retiraron el feto por medio de una cesárea mal practicada que le dejó graves secuelas, tanto físicas como emocionales. Tuvo cálculos en la vejiga y, al día de hoy, todavía presenta problemas físicos. Helena sufrió distintas violaciones en el contexto del conflicto armado, incluyendo violencia reproductiva.
A partir del caso de Helena, se documentaron otros hechos de violencia relacionados a la ‘política de control de natalidad’ al interior de las filas de las Farc, la maternidad no era compatible con la guerra, por eso las mujeres fueron forzadas a usar anticonceptivos y abortar en caso de quedar embarazadas. Si bien, no se trataba de casos de violencia sexual, sí eran violaciones a su autonomía reproductiva.
“Lo que concluimos es se trata de una forma de violencia diferente, no es violencia sexual; empezamos a investigar de manera comparada, casos similares en el mundo y nos encontramos con una invisibilización histórica de la violencia reproductiva”, comentó María Cecilia Ibáñez.
Derivada de esta investigación surgio el informe «Una violencia sin nombre: violencia reproductiva en el conflicto armado colombiano», en la cual Women’s Link Worldwide, señala que los jueces, los órganos de justicia transicional o los órganos de derecho internacional se enfocan en asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, pero todo lo que es conectado con violencias basadas en género, siempre queda relegado a un segundo lugar y la violencia reproductiva, específicamente, simplemente se normaliza, los actos que configuran violencia reproductiva como los abortos, los embarazos o las esterilizaciones forzadas se incluyen bajo la categoría sombrilla de violencia sexual.
Para la abogada, es importante distinguir entre los derechos sexuales y los derechos reproductivos: los sexuales implican el derecho a tener relaciones sexuales consensuadas, mientras que el derecho reproductivo es el derecho a decidir libremente si se desea o no tener hijas o hijos, así como a decidir libremente sobre el número de hijos que se quiera tener, de tal forma la violencia reproductiva es cualquier acción u omisión que vulnera los derechos reproductivos mediante la fuerza o la coacción y que genera daños físicos, mentales o emocionales a las mujeres. La violencia reproductiva es una forma frecuente de violencia de género en contextos especialmente violentos, pero también puede ocurrir en la cotidianidad y en tiempos de paz.
América Latina contra el derecho reproductivo
Un caso hito en este tema es el del conflicto armado (genocidio) en Guatemala durante el periodo 1981-1983, entonces era común la violación sistemática de mujeres indígenas mayas por parte de miembros de la fuerza pública, a quienes, cuando las iban a violar, les inyectaban métodos anticonceptivos para evitar que quedaran embarazadas. El crímen siempre estuvo vinculado a la violencia sexual, en ningún momento se analizó o se tuvo en cuenta cuáles fueron los impactos en las mujeres indígenas.
Otro caso fue en Perú, durante la dictadura de Alberto Fujimori, cuando se forzó a mujeres indígenas y campesinas a esterilizarse. Aquí, en el informe de la Comisión de la Verdad no quedó asentado nada sobre las esterilizaciones forzosas y a la fecha, se continúa litigando.
En México es conocido el caso de la esterilización forzada a indígenas. En 2003, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó que en clínicas rurales del país se obligaba a mujeres a esterilizarse bajo amenaza de perder apoyos gubernamentales.
A la fecha, los casos de anticoncepción forzada continúan repitiéndose. El Instituto Nacional de Estadística y Geografia (Inegi), reportó que entre 2016 y 2021, 2 millones de mujeres de entre 15 y 40 años sufireron violencia reproductiva en su tipología de violencia obstétrica, es decir, o les negaron información sobre sus recién nacidos, sobre su embarazo o las coaccionaron para aceptar tratamientos como cesáreas o esterilizaciones, siendo la Ciudad de México la entidad con el mayor porcentaje de incidencia en este tipo de violencia, con cuatro de 10 mujeres violentadas.
Al respecto, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) ha señalado que la cifra de mujeres que han sufrido violencia reproductiva podría ser mucha más alta, debido a que muchas mujeres ven como un milagro salir bien del parto, y por eso hay quienes no se preguntan si la presión de los médicos para consentir ponerse un DIU es anticoncepción forzada o no.
Búsqueda de justicia
En 2016, el gobierno de Colombia, entonces representado por el presidente Juan Manuel Santos, firmó un Acuerdo de Paz con las desaparecidas guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP) y a partir de ese acuerdo se crearon diferentes instituciones para ser parte de la transición hacia la paz. Una de esas instituciones fue la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal de justicia transicional que tiene el mandato de investigar, esclarecer, juzgar y sancionar a las personas responsables de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. En este tribunal, participan organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos y las propias víctimas, quienes participan activamente los procesos.
La JEP tiene ‘macrocasos’ donde agrupa hechos similares o patrones por tema o por región para que sea más fácil identificar exactamente qué fue lo que pasó y dar con los máximos responsables de los hechos mas graves del conflicto armado y, tras años de insistencia por parte de organizaciones de mujeres, personas LGBTIQ+ y víctimas que esperan justicia, decidió abrir el Macrocaso 11 que investigará tres formas principales de violencia:
- La violencia sexual,
- La violencia reproductiva y
- Otros crímenes cometidos por prejuicios basados en la orientación sexual, la expresión y/o identidad de género diversa.
Para los integrantes de la Alianza Cinco Claves, esta investigación es histórica y va a ser muy importante para la investigación de estas formas de violencia en los conflictos armados y en otros escenarios y, en particular, visibilizar la violencia reproductiva contribuirá a transformar a la sociedad en el sentido que cada vez más la gente entienda cuáles son los derechos reproductivos y por qué no pueden ser vulnerados por medio de la fuerza o de la coacción.
