Ciudad de México.- Al momento, la esfera política del país ha diseñado varias propuestas para apoyar a la población afectada por el huracán Otis y la reconstrucción del puerto de Acapulco, la principal fuente de ingresos del estado, pero ninguna atiende de manera directa a las mujeres, quienes representan el 51.4 por ciento de la población del estado (1 millón 741 mil 826) y también son mayoría en Acapulco, con el 52.3 por ciento.
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, aceptó la propuesta del presidente López Obrador para destinar a los damnificados por el huracán Otis, los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial.
En la conferencia matutina de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador, propuso destinar el dinero de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), recién extintos por el Congreso de la Unión, y que suman 15 mil millones de pesos para la reconstrucción y apoyo a la población guerrerense.
En un comunicado, la ministra señaló que la propuesta “representa una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado, en defensa de su población. Trabajaremos en conjunto por la recuperación de las personas más afectadas, para devolverles el derecho al futuro que les fue suspendido y buscar asegurarles, en el menor tiempo posible, condiciones de igualdad para continuar con su proyecto de vida”.
La propuesta del presidente se dio luego de tres semanas de conflicto con el PJF por la eliminación de 13 fideicomisos, los cuales fueron extintos definitivamente el 25 de octubre de 2023, cuando en el Senado de aprobó con 67 votos a favor, 48 en contra y cero abstenciones su eliminación, en la misma fecha que el huracán Otis, categoría 5, tocó la costa de Acapulco, Guerrero. Ese día el senador José Narro Céspedes (Morena), de la Comisión de Estudios Legislativos, indicó que del total de los fondos y fideicomisos del PJF seis fueron creados en el Consejo de la Judicatura Federal; seis, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y dos, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al cierre del segundo trimestre del 2023, los fondos contaban con un patrimonio total de aproximadamente 21 mil 500 millones de pesos, los cuales serán devueltos a la Tesorería de la Federación para su uso en temas fundamentales para la nación.
Por su parte, elcoordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, señaló que la propuesta para que los 15 mil mdp del recorte a fideicomisos se destinen a los damnificados es viable, debido a que son fondos disponibles que no están sujetos a la instrumentación de la política recaudatoria establecida en Ley de Ingresos, como es el caso del Presupuesto de Egresos.
“Bienvenida la participación y la colaboración, más aún cuando es obligación del Estado mexicano en su conjunto buscar soluciones para darle una salida institucional al problema que se está viviendo, derivado de la devastación de Acapulco, por parte del huracán ‘Otis’”, señaló en conferencia de prensa.
Informó que en el propio dictamen disolución de los 13 fideicomisos, se establece el tiempo de extinción de 120 días, y eso se puede agilizar a dos semanas si se llega acuerdos con las fiduciarias, que son instituciones del Estado mexicano: Banjercito, Nafin y Banobras.
La instrumentación de los recursos involucraría a los tres Poderes de la nación: el Ejecutivo obligaría al Legislativo a que quedara establecida la instrumentación de recursos para la reconstrucción y esta debería ser aceptada por el Poder Judicial.
La propuesta de Morena
Mier Velazco, también fue el portavoz de las y los diputados de la coalición “Juntos hacemos historia” (Morena, PVEM y PT) para anunciar que acordaron donar un mes de ingresos directos para los damnificados, ello en atención a la invitación de Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, con lo cual se recaudarían 25.7 millones de pesos.
La diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Partido del Trabajo, hizo votos porque la unidad y la solidaridad del pueblo de México serán clave para que el estado sureño en el que nació se levante de la tragedia. Mientras que el coordinador de la fracción Verde Ecologista, Carlos Alberto Puente Salas, exhortó a mantener la responsabilidad y la unidad. Por el momento ningun otro partido ha aceptado esta propuesta.
La propuesta del Frente Amplio
Por su parte, el Frente Amplio (PRI, PAN y PRD) propuso la creación de Ley de Emergencia, Reestructuración y Reactivación Económica Frente a Eventos no Esperados, la cua consiste en aplicar 50 mil millones de pesos a la atención de los efectos del huracán Otis, en Guerrero.
“Reconocemos las medidas fiscales anunciadas por el Gobierno Federal para enfrentar la emergencia, pero también decimos claro que éstas son insuficientes, debe darse un paso más. Como Frente Amplio, proponemos una ley moderna e innovadora para la atención de emergencias y su impacto en el bienestar social y la economía de la región”, expresó en el Palacio Legislativo de San Lázaro la senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) y responsable de la Construcción del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruíz.
Agregó que también se propone crear un seguro de desempleo para que los afectados tengan un ingreso fijo ante este tipo de emergencias por desastres naturales. Además, la figura de empleo temporal daría trabajo a miles de personas que colaboren en la reconstrucción de sus ciudades, en este caso de Acapulco.
Los integrantes del Frente Amplio piden al Gobierno Federal declarar el estado de Emergencia en Acapulco, con lo cual las micro, medianas y pequeñas empresas podrían deducir hasta en un 100 por ciento las contribuciones que derivadas de los pagos de sueldos y salarios y la federación, de manera inmediata, estableceraía convenios de apoyo solidario con los empresarios, para evitar el despido de personal, así como también se podrían exceptuar a todas las concesiones de transporte en el ámbito federal con hasta el 50 por ciento del IEPS a gasolinas por el tiempo que dure la declaratoria de emergencia.
La propuesta de Movimiento Ciudadano
El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, ha solicitado al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el senador Eduardo Ramírez, que reactive el grupo de trabajo que se creó en 2020 por la pandemia por covid-19, para analizar mecanismos de apoyo a trabajadores y trabajadoras que perdieron o vieron disminuidos sus ingresos, pero ahora con motivo del huracán Otis.
“Hemos impulsado la creación de una Ley que establezca un Ingreso Mínimo Vital, de carácter nacional, como derecho de las personas cuando exista una causa de impacto temporal económico en la que se vean disminuid0s sus ingresos personales o familiares o que hayan perdido su empleo durante una emergencia, como lo es ahora con el impacto que ha generado el huracán Otis”, señala la solicitud enviada por la senadora Patricia Mercado.
El ingreso vital que señala la propuesta de ley, consiste en la entrega, durante tres meses, de una compensación económica a las personas damnificadas y podría ser renovada por dos meses adicionales, si es que la situación no mejora.
La senadora ha señalado que Congreso tiene la posibilidad de generar una legislación para que el Ejecutivo inmediatamente active este ingreso mínimo vital de emergencia.
