- El caso de Celia Ramos llegó al principal tribunal regional de derechos humanos en las Américas, tras 26 años en busca de verdad, justicia y reparaciones integrales.
- El Estado peruano ya había reconocido su responsabilidad internacional por hechos similares, en el Acuerdo de Solución Amistosa del caso María Mamérita Mestanza, pero incumplió con los compromisos de reparación y justicia para las víctimas.
En la lucha por la verdad y la justicia, el caso de Celia Ramos, víctima de esterilizaciones forzadas en Perú, llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que juzgará al Estado peruano por esos hechos para su esclarecimiento y reparación lo que incluye a su familia y todas las mujeres que sufrieron debido a una política estatal sistemática.
A principios de 1997, Celia acudió a un puesto de salud buscando atención odontológica y desde entonces, igual que le ocurrió a María Mamérita Mestanza Chávez y a miles de mujeres más bajo el régimen de Alberto Fujimori, fue buscada y presionada para practicarse una esterilización.
El personal de salud le insistió en que era una operación sencilla, que le evitaría un embarazo riesgoso y le garantizaría acceso a programas sociales para sus hijas. Celia fue forzada a una esterilización en julio de ese mismo año. Debido a esa intervención, murió 19 días después.
“La llegada del caso de Celia a la Corte IDH es un primer paso para la verdad y la reparación de miles de mujeres y sus familias, que fueron víctimas de una política de Estado como lo fueron las esterilizaciones forzadas en Perú. A pesar de que estas violaciones ocurrieron durante el conflicto interno, la ausencia de mecanismos para repararlas integralmente persiste, por lo que la sentencia de la Corte IDH es una oportunidad para saldarla”, declara Florencia Reggiardo, directora adjunta del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe -CEJIL.
El caso de Celia Ramos tiene antecedentes importantes. En 2003, el Estado peruano firmó un Acuerdo de Solución Amistosa en el que reconocía su responsabilidad por un caso similar, el de María Mamérita Mestanza Chávez. En ese acuerdo, el Estado se comprometía a implementar medidas de reparación integral, pero 20 años después, las medidas de fondo aún no se han cumplido: los casos siguen en la impunidad, no se han implementado modificaciones legislativas y políticas públicas que garanticen que estos hechos no vuelvan a ocurrir.
Como lo explica Carmen Cecilia Martínez, directora asociada de estrategias legales del Centro de Derechos Reproductivos, «el envío del caso de Celia a la Corte Interamericana tiene un especial significado porque coincide con el aniversario número 20 del Acuerdo de Solución Amistosa del caso María Mamérita Mestanza Chávez, quien también murió como parte de una política cruel y sistemática de esterilizaciones forzadas en contra de mujeres, en su mayoría, indígenas, campesinas, que vivían en situación de pobreza. Celia, María Mamérita, y miles de mujeres vieron anulada su autonomía reproductiva, sin que hasta hoy reciban justicia por los daños irreversibles a su vida, salud, e integridad. Confiamos en que la Corte no solo pueda ampliar su jurisprudencia alrededor del consentimiento previo, libre, pleno e informado, sino que visibilice esta forma de violencia reproductiva a la luz de los estándares internacionales».
Las esterilizaciones forzadas hicieron parte del llamado Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar implementado por la dictadura de Alberto Fujimori. Según el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO, creado a partir del Acuerdo de Solución Amistosa del caso Mestanza), hoy hay 6 mil 504 víctimas inscritas en todo el país.
Milton Campos, abogado por Demus (organización feminista peruana) de la hija mayor de Celia Ramos, que es parte civil en la investigación judicial en curso contra el expresidente Fujimori, sus exministros de salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, entre otros; informa en este caso se han registrado mil 264 denunciantes. Precisa que la Fiscalía ha pedido que se amplíe esa investigación para incluir a 2 mil 264 denunciantes adicionales.
El abogado subrayó que miles de denunciantes han visto vulnerados sus derechos de acceso a la justicia y garantías judiciales. Cynthia Silva, directora de Demus, agregó que en el proceso de ampliación de la extradición de Fujimori, que se sigue por esta causa ante la Corte Suprema de Chile, el Estado peruano no cuenta con abogado, lo que ha generado un estancamiento en el proceso.
María Ysabel Cedano, abogada por Demus en el caso, enfatiza en que la Corte IDH tiene la oportunidad histórica de revertir el contexto de impunidad que han vivido miles de mujeres en el Perú estableciendo medidas de reparación y no repetición concretas, que a su vez puedan robustecer las obligaciones que tienen los Estados en materia del derecho al consentimiento, y la salud sexual y reproductiva.
