Ciudad de México.- A casi 11 años de los hechos ocurridos en Ayotzinapa en Guerrero que dejó como saldo la desaparición de 43 jóvenes estudiantes en septiembre del 2014, de nueva cuenta se suscita otro caso de represión, pero ahora contra 105 mujeres de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán” del municipio de Teteles, en Puebla.
Estas jóvenes estudiantes sufrieron uso de la fuerza excesiva, tratos crueles e inhumanos y tortura por más de 400 elementos policiales estatales y municipales quienes fueron enviados por parte de las autoridades estatales para contener las protestas que iniciaron.
La Normal de Teteles vive momentos de tensión, ya que las alumnas están detectando la inscripción de estudiantes externas que no utilizan el internado de la institución. Para ellas, esto podría dar motivo para que las autoridades disminuyan el presupuesto destinado a la escuela, por ello, solicitaron la destitución actual de los directivos de la Normal de Tételes, la eliminación de la matrícula externa y la entrega de un kit escolar.
De acuerdo con Amnistía Internacional «el derecho a la protesta pacífica está bajo ataque, tanto en México como en gran parte de América Latina y el Caribe. Las detenciones arbitrarias, el uso excesivo de la fuerza e incluso los homicidios ilegítimos son algunas de las tácticas represivas a las cuales recurren las fuerzas de seguridad en varios países de la región para castigar y disuadir a quienes se atreven a ejercer sus derechos a la libertad de expresión y la reunión pacífica».
Es importante resaltar que la lucha magisterial también ha sido emprendida por las mujeres, como lo fue en el 2003, cuando miles de normalistas de Puebla y Tlaxcala se unieron para evitar que se eliminara el sistema de internado y autogobierno quienes además se unieron en todo el país para evitar la clausura de las normales rurales de 17 entidades.
El acceso a la educación es un derecho humano fundamental. En comunidades remotas y marginalizadas, escuelas como Mactumactzá y Ayotzinapa representan un bastión para la formación de personas que se convierten en agentes de cambio positivo. Son fuentes vitales de superación y subsistencia en zonas donde las alternativas suelen ser la migración forzada, la delincuencia organizada o trabajos en condiciones precarias. Amnistía Internacional, 2022.
Ahora, en este 2025 de nueva cuenta las jóvenes estudiantes enfrentan a una nueva protesta. Por eso convocaron a las autoridades a un dialogó en la Casa Aguayo, sede del Palacio de Gobierno en el estado de Puebla, el 2 de septiembre antes de la agresión documentada en el Bulevar Héroes del 5 de Mayo para denunciar el hostigamiento policial y la falta de diálogo con las autoridades.
La Escuela Normal Rural “Carmen Serdán” de donde son las estudiantes, es una de las 17 normales que aún subsisten en el país y que está afiliada a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), la cual lucha por causas populares.
Fue creada en 1961 y el 100% de su matrícula está conformada por mujeres. Los últimos datos de Data México señalan que hasta el 2022 había 391 estudiantes y cuenta con las carreras de enseñanza y aprendizaje en telesecundaria, educación primaria y educación preescolar.
Como todas las escuelas normales, las estudiantes también se enfrentan el abandono del Estado y el reciente episodio de violencia no es el único que han vivido por parte del gobierno de Puebla. En 2021, Cimacnoticias documentó cuando las normalistas fueron arrestadas por protestar en la Casa Aguayo, semanas después de que dos de ellas murieran en la autopista Huamantla-Apizaco, en Tlaxcala, tras intentar tomar prestado un autobús para movilizarse entre los estados. Desde entonces ya solicitaban al gobierno de la entidad un medio de transporte, pero la demanda no fue atendida.
Detienen y desalojan a normalistas en Puebla tras protesta – cimacnoticias.com.mx
De acuerdo con el artículo «Las normales rurales: historia y proyecto de nación» de Tanalís Padilla, las escuelas rurales surgieron como un proyecto educativo posrevolucionario para dar respuesta a la falta de opciones educativas para el sector campesino del país. A más de 100 años de su creación, continúan funcionando; sin embargo, se han enfrentado al olvido del Estado lo que ocasionó que las y los normalistas opten por diferentes medidas para que sus demandas sean atendidas.
Las normales rurales provienen de las escuelas normales regionales que se dedicaban a formar maestras y maestros en breve tiempo para que pudieran enseñar a leer y escribir, así como técnicas de agricultura. Más tarde, con las escuelas centrales agrícolas se incluyeron maquinaria y una organización cooperativista. Ambos modelos se fusionaron para crear estos centros, así se volvieron la única vía por el cual los campesinos podían ascender socialmente para trabajar en las regiones más pobres de México.
Además, estas Normales, permiten que mujeres hijas del campesinado mexicano tengan la oportunidad de formarse profesionalmente y educar en comunidades y colonias apartadas.
La agresión contra las normalistas de Teteles ocurre en un contexto de violaciones de derechos humanos que vive Puebla. Ejemplo de ello fue la publicación en el Diario Oficial estatal de una reforma con la que se creó el delito del «ciberasedio» a solicitud del actual gobernador. Esta normativa contempla la sanción de quien utilice cualquier espació digital contra otra persona, ganándose el título de «Ley Censura» por los alcances que podría tener esta ley.
Los hechos
«En Puebla se respetan los derechos sociales y se aplica la ley», declaró el gobernador Alejandro Armenta Mier en medio de una conferencia de prensa para rendir cuentas ante el momento de represión que vivieron las normalistas, no obstante dos hechos lo contradijeron.
El primero de ellos fue un día antes de la represión contra las 105 normalistas, pues se llevó a cabo una agresión contra 4 feministas que se manifestaban durante la conmemoración por el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, en Puebla. Ellas acudieron a una plaza pública, pero 20 policías municipales, federales y de tránsito las encapsularon para privarlas de su libertad a través de fuerza excesiva, así como con empujones y jaloneos.
El segundo momento con el cual se contradijo el gobernador Armenta fue el 2 de septiembre, cuando 105 mujeres normalistas, 35 alumnos de Ayotzinapa, 5 choferes y 1 asesor quedaron encapsulados en las inmediaciones de la Casa Aguayo en la ciudad de Puebla.
A través de varios videos que compartieron organizaciones defensoras de derechos humanos, se puede observar que mientras las normalistas —quienes se encontraban arriba de un autobús que tomaron durante la protesta— están entablando diálogo con una mujer policial, otro elemento subió al vehículo y comenzó a sacarlas a la fuerza.
Una de las normalistas contó su testimonio a personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, acción que quedó documentada en un video y difundido en redes sociales, en el que expuso que, una vez que fue bajada del autobús la arrastraron con intentos de ahorcamiento y jaloneos al mismo tiempo en que intentaron desnudarla. Ante la violencia con la que fue sometida le dio una crisis de ansiedad, pero el personal médico no quiso atenderla argumentando que «se estaba haciendo y estaba de dramática».
Después de la declaración de la estudiante, el personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos explicó que podía interponer una queja en la instancia y una denuncia formal en la Fiscalía General de Justicia del Estado sobre la violencia que experimentó ella y el resto de las normalistas sacadas del vehículo a la fuerza.
Por otro lado, el gobierno del estado de Puebla argumentó que fueron las normalistas quienes permitieron la revisión de los autobuses para evitar el traslado de explosivos y que el personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos verificó su integridad. También explicaron que las estudiantes retomaron su camino en los autobuses y se les citó para una mesa de diálogo para atender sus peticiones.
«Como gobierno respetamos su libre manifestación, sin embargo, reprobamos actos de vandalismo. Cabe mencionar, que se continuará con las investigaciones por parte de las autoridades competentes para dar con los presuntos responsables de los hechos ocasionados en los autobuses del transporte público y en las vías de comunicación.» -gobierno de Puebla.
La explosión de un autobús que desató la represión
La intervención por parte de 400 elementos de seguridad estatal supuestamente fue por la protesta que incluyó la toma de autobuses de la Red de Transporte Articulado (RUTA), no obstante, las normalistas denunciaron que fueron personas encapuchadas ajenas a su manifestación quienes incendiaron uno de los vehículos.
Hasta el momento se desconoce quién alentó a estos actos, ya que durante la protesta se identificaron a integrantes de la organización Unión Popular de Vendedores Ambulante (UPVA) 28 de Octubre.
El gobernador Alejandro Armenta Mier apuntó como responsables a la organización Unión Popular de Vendedores Ambulante (UPVA): «los poblanos saben lo que pasó ayer y saben quién está detrás de esos incidentes (…) las mujeres en Puebla tienen nuestra protección» sentenció y agregó que las autoridades correspondientes están haciendo las investigaciones sobre los hechos ocurridos.
Cuando los elementos de la policía llegaron al lugar en el que explotó el autobús, estos rodearon el resto de los vehículos en los que se encontraban las estudiantes y desenfundaron sus armas. Esta acción fue calificada por la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida como un acto intimidatorio, ya que mientras lo llevaron a cabo, las normalistas fueron encapsuladas.
«Estos actos de represión son una muestra más de racismo, misoginia y violencia del Estado contra los pueblos originarios, de las normal rurales y de las mujeres. Es la segunda vez esta semana que la policía de Puebla ha reprimido con violencia y privado de su libertad a mujeres jóvenes que decidieron alzar la voz ante injusticias que el Estado comete contra el pueblo.» -Asamblea Nacional por el Agua y la Vida
