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El mundo enfrenta aumento de violencia sexual contra mujeres como arma de guerra

Por Paola Piña

Ciudad de México.- En 2024, el uso de la violencia sexual en conflictos bélicos como mecanismo de control aumentó un 25% respecto a 2023, así lo reportó la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su más reciente informe “Violencia sexual relacionada con los conflictos”, en el que se documentan actos de lesa humanidad perpetrados principalmente contra mujeres y niñas por agentes estatales y grupos armados.

De acuerdo con la ONU, el 92% de las víctimas de violencia sexual en contextos de guerra son mujeres y niñas, pues es a través del control de sus cuerpos que se ejerce represión política, terrorismo y tortura, consecuencia de crisis políticas, humanitarias y de seguridad.

Sin embargo, pese a que el incremento es alarmante, la organización advierte que este aumento no refleja con certeza la realidad mundial, ya que solo se incluyen casos verificados por la ONU en 21 países. En varios territorios aún no ha sido posible comprobar el uso de la violencia sexual debido a la denegación de acceso a la información, pero eso no quiere decir que no esté sucediendo.

Afganistán

En Afganistán se documentaron distintos incidentes de violencia sexual, como violaciones y matrimonios forzados contra cinco mujeres, cuatro niñas y dos niños. En varios casos estuvieron implicados funcionarios talibanes y hombres no identificados. No obstante, bajo un clima de impunidad y criminalización, ha sido imposible vigilar y notificar con precisión la violencia sexual relacionada con el conflicto.

Esta situación se agravó en agosto de 2024, tras la imposición de la Ley sobre la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, que recrudeció las restricciones contra las mujeres mediante medidas como la obligación de viajar acompañadas por un familiar varón, la imposición de códigos de vestimenta estrictos y la segregación por género en espacios públicos.

En enero de 2025, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional concluyó que la violencia contra las mujeres afganas se incrementó desde abril de 2021, con el regreso de los talibanes al poder. Documentó violaciones y otras formas de violencia sexual contra mujeres acusadas de infringir las normas discriminatorias, de protestar contra ellas o incluso de manera aleatoria cuando se encontraban en público o en situaciones de vulnerabilidad, como al estar detenidas.

República Centroafricana

En la República Centroafricana, país sin litoral ubicado en África Central, la situación no es distinta para las mujeres. Según la ONU, en 2024, en las regiones occidentales y orientales las mujeres y niñas estuvieron expuestas a mayores niveles de violencia sexual relacionada con el conflicto, a raíz del deterioro de las condiciones de seguridad provocado por los enfrentamientos constantes en el contexto de las operaciones militares.

La Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA) documentó varios casos de violencia sexual relacionada con el conflicto, incluyendo violaciones individuales y colectivas, matrimonios forzados y esclavitud sexual. Estos crímenes afectaron a 215 mujeres y 191 niñas, perpetrados en su mayoría por grupos rebeldes.

En Bomú (localidad africana) mujeres y niñas fueron violadas y secuestradas por elementos del Frente Popular para el Renacimiento de la República Centroafricana (FPRC) y de la Unidad por la Paz en la República Centroafricana (UPC). Algunos de sus integrantes las agredieron bajo la sospecha de que colaboraban con las fuerzas de defensa nacional o con otros miembros de seguridad.

En cuanto a las fuerzas nacionales de defensa y seguridad, se registraron mil 679 casos de violencia sexual presuntamente cometidos por miembros de grupos armados, 165 por fuerzas de seguridad interior y 104 víctimas de violación dentro de bases militares.

República Democrática del Congo

En la República Democrática del Congo, las hostilidades entre las Fuerzas Armadas y los grupos armados dieron lugar a desplazamientos masivos que incrementaron el riesgo de trata con fines de esclavitud sexual y explotación en campamentos de personas desplazadas.

Entre 2020 y 2022 se registró una media anual de 10 mil casos de violencia sexual. En 2023, la cifra se duplicó con más de 22 mil casos solo en Kivu del Norte, cometidos principalmente por hombres armados. Esta tendencia continuó en 2024, cuando más de 17 mil víctimas fueron atendidas entre enero y mayo.

Además, se identificó un aumento de la explotación sexual como medio de supervivencia para las mujeres y niñas desplazadas, lo que puso de manifiesto la relación entre inseguridad alimentaria y violencia sexual. Los agentes estatales fueron responsables de 198 casos: 178 perpetrados por las Fuerzas Armadas, 13 por la Policía Nacional Congolesa y 7 por otros actores estatales.

Libia

En Libia, las mujeres en situación de migración han sido las principales víctimas de abusos y violaciones. En 2024, la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) verificó varios casos de violencia sexual relacionada con el conflicto que afectaron a 20 mujeres migrantes y solicitantes de asilo, además de 2 niñas libias.

Las víctimas fueron sometidas a violaciones y trata con fines de explotación sexual en centros de detención administrados por el Departamento de Lucha contra la Migración Ilegal. También se documentaron actos de esclavitud sexual y prostitución forzada en cárceles controladas por el Servicio de Seguridad Nacional en el este del país, como Kuwayfia y Guernada, así como en el centro de detención de Bir el-Ghanam, en el oeste.

Mali

En Mali, la persistencia del conflicto, el empeoramiento de la crisis humanitaria y la reducción del espacio cívico caracterizaron el año 2024. La intensificación de la violencia por parte de grupos armados y las operaciones militares en curso incrementaron el riesgo de que se cometieran actos de violencia sexual, especialmente contra mujeres y niñas desplazadas.

A pesar de las dificultades, la ONU confirmó la violación de 32 niñas en 2024, además de 157 casos de violencia sexual cometida por actores armados, incluidos matrimonios forzados, violaciones grupales y esclavitud sexual. Estos delitos afectaron a 120 mujeres y 37 niñas, con casos que derivaron en embarazos forzados.

Somalia

En Somalia, la grave situación humanitaria y la competencia por recursos escasos expusieron a mujeres y niñas desplazadas a la violencia sexual relacionada con el conflicto. El acceso restringido a las zonas controladas por el grupo armado Al-Shabaab y la protección que los clanes brindaban a presuntos agresores redujeron el número de denuncias frente a la magnitud real de los casos.

En 2024, la Misión de Asistencia de la ONU en Somalia (UNSOM) y posteriormente la Misión de Asistencia Transicional (UNTMIS) confirmaron violaciones individuales y colectivas, así como matrimonios forzados, que afectaron a 265 niñas, 24 mujeres y 2 niños.

La mayoría de los casos se atribuyeron a Al-Shabaab, seguido de otros autores armados no identificados. Se reportó un aumento de violaciones grupales y secuestros con fines de matrimonio forzado, empleados como compensación a combatientes. El Ejército Nacional Somalí y la Fuerza de Policía Somalí también participaron en este tipo de crímenes.

Ucrania

En Ucrania se documentaron 209 incidentes de violencia sexual relacionada con el conflicto, entre ellos violaciones, intentos de violación, amenazas, mutilación genital, descargas eléctricas, golpes en los genitales y desnudez forzada. De las víctimas, 46 fueron mujeres, 6 niñas y 1 niño.

Estos hechos fueron cometidos principalmente por fuerzas armadas rusas, fuerzas del orden y personal penitenciario. Se reportó que integrantes de la Federación de Rusia irrumpían en hogares, a veces ocupándolos durante períodos prolongados, retenían a los hombres y posteriormente violaban a las mujeres, llegando en algunos casos a asesinar a los esposos.

En 2024, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania concluyó que miembros de las autoridades de ocupación rusa habían cometido violaciones y otras formas de violencia sexual contra mujeres y niñas de entre 15 y 83 años durante registros domiciliarios y detenciones arbitrarias.


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