Ciudad de México.- En septiembre de 1995 se llevó a cabo la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, China. Esta reunión fue la más trascendental de las cuatro conferencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ya que consolidó los acuerdos políticos alcanzados en anteriores discusiones en busca de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres; sin embargo, aún existen retos para alcanzar lo que se planeó en esta hoja de ruta.
El encuentro logró una asistencia de más de 17 mil participantes entre la que destacaron personas delegadas gubernamentales, representantes internacionales, periodistas y defensoras quienes alcanzaron el resultado más significativo con la adopción por unanimidad de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing por 189 países.
Se trata de un documento considerado como el mayor plan en favor de los derechos de las mujeres, el cual estableció objetivos estratégicos en doce áreas: mujeres y pobreza, educación y capacitaciones, salud, violencia contra la mujer, conflictos armados, economía, participación en la toma de decisiones, mecanismos institucionales, derechos humanos, medios de comunicación, medio ambiente y la situación de las niñas.
De acuerdo con ONU Mujeres, Beijing representó un punto de inflexión al introducir de manera formal el enfoque de género en las políticas públicas reconociendo que todas las estructuras sociales e internacionales debían replantarse para garantizar la igualdad real entre mujeres y hombres. Aunque se lograron importantes avances, permanecen algunos retos que se deben resolver.
Principales obtáculos en datos
De acuerdo con el informe «Los derechos de las mujeres 30 años después de Beijing» de la ONU Mujeres, en la Plataforma de Acción de Beijing se reconoció la necesidad de integrar la igualdad de género en las políticas económicas para garantizar que las mujeres tuvieran oportunidades económicas. A pesar de esto, siguen enfrentándose a distintas desigualdades que se agravaron con la pandemia del COVID-19.
Ahora se puede encontrar que, en el mundo, 772 millones de mujeres trabajan en la economía informal con empleos que no cuentan con protección social. Desde 1995, ya suman 162 países que implementaron leyes para prohibir la discriminación por razón de género en el empleo.
Según determinó ONU Mujeres, las brechas de género en el empleo llevan décadas estancadas, ya que solo el 63% de las mujeres entre 25 a 54 años forman parte de la fuerza laboral en comparación con el 92% de los hombres. Esto significa que ellas siguen desempeñando 2.5 veces más el trabajo de cuidado no remunerado que sus compañeros.
Pobreza
Por otro lado, las crisis recientes han frenado los avances en la erradicación de la pobreza manteniendo a las mujeres y niñas entre los grupos más vulnerables no solo por la falta de ingresos, sino también por el acceso limitado a salud, educación, vivienda y servicios públicos. Si bien hay avances en algunas áreas, persisten brechas profundas, especialmente en zonas rurales y de bajos ingresos.
Datos de la organización establecen que, al ritmo actual, faltarían 137 años para terminar con la pobreza extrema en mujeres y niñas, siendo que ellas son 7.7 veces más probabilidades de vivir en hogares pobres. En 2024, 393 millones de mujeres y niñas vivía en pobreza extrema, aunque se estima que se puede reducir a 115 millones para 2020 a través de un conjunto de políticas que garanticen la igualdad en servicios esenciales. En relación, 2 mil millones de mujeres y niñas no tenían derecho a la protección social en 2023.
Violencia
La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una de las violaciones más extendidas y graves de los derechos humanos, con raíces en la desigualdad de género y las normas discriminatorias. Aunque la Plataforma de Acción de Beijing reconoció su carácter estructural y los Estados han avanzado en leyes y servicios para enfrentarla, la respuesta aún resulta insuficiente frente a la magnitud del problema.
A lo largo de su vida, alrededor de 736 millones de mujeres sufrieron violencia física o sexual a manos de su pareja, es decir 1 de cada 3 mujeres en el mundo. Desde 2019, el 90% de los Estados aprobaron o reforzaron leyes sobre este rubro, así como su aplicación y cumplimiento. De estos, el 79% elaboró, actualizó o amplió sus planes de acción a nivel nacional.
La esfera digital se constituye como otra forma de violencia de género donde la proporción de mujeres que utilizó internet aumentó del 50% al 65% entre 2019 y 2024, pero fueron 277 millones más de hombres que mujeres quienes usaron internet en el último año. Además, en 12 países de Europa y Asía, el 53% de las mujeres adultas que accedieron a internet, sufrieron alguna forma de violencia de género facilitada por la tecnología.
Participación política
La participación plena y equitativa de las mujeres en la vida política y pública es indispensable para la democracia, la igualdad y el desarrollo. Aunque se han logrado avances, estos siguen siendo lentos: los hombres mantienen la mayoría de los espacios de decisión y persisten obstáculos como la violencia política, los ataques en línea y el debilitamiento de mecanismos de igualdad de género.
Si bien más de la mitad de los países han adoptado cuotas y muchos han incorporado la perspectiva de género en sus planes nacionales, la falta de cumplimiento, financiamiento y rendición de cuentas limita su efectividad. Acelerar el progreso requiere garantizar paridad, fortalecer instituciones sensibles al género, ampliar la producción de datos y proteger el espacio cívico para que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos.
Actualmente solo 87 países están dirigidos por una mujer, asimismo, ellas ocupan el 23% de las carteras ministeriales, el 27% de los escaños parlamentarios y el 37% de los puestos en los cuerpos legislativos locales. Entre 1995 y 2024, se impulsaron mil 531 reformas legislativas en relación con la igualdad de género en el mundo; sin embargo, las mujeres solo gozan el 64% de los derechos que tienen los hombres. En 2024, el 38% de los Estados informó medidas para combatir la violencia contra las mujeres. El 54% de los Estados hace un seguimiento del presupuesto nacional que se invierte en igualdad de género.
Militarización
En un contexto global marcado por crisis, militarismo y violencia creciente, la igualdad de género retrocede, especialmente en países en conflicto armado donde aumentan los ataques a servicios de salud y la violencia sexual contra mujeres y niñas. Pese a que la Plataforma de Acción de Beijing subraya desde hace tres décadas la importancia de su participación en la paz y la seguridad, las mujeres siguen siendo mínimamente incluidas en procesos formales, aun cuando su presencia ha demostrado fortalecer la durabilidad de los acuerdos.
Aunque 112 países han adoptado planes de acción en esta materia, la falta de financiamiento y el gasto militar desproporcionado evidencian el incumplimiento de los compromisos. Existen señales positivas, como la atención internacional al vínculo entre conflictos y derechos de las mujeres y los avances para reconocer el apartheid de género como crimen internacional, pero alcanzar sociedades pacíficas e inclusivas exige corregir las raíces estructurales de la desigualdad, la discriminación y el militarismo.
En 2023, el gasto militar mundial alcanzó un máximo histórico de 2.44 billones de dólares anuales, el doble que en 1995. En ese mismo año, alrededor de 616 millones de mujeres y niñas vivían a menos de 50 kilómetros de al menos 1 de los 170 conflictos armados. Pese a que, la participación de las mujeres refuerza los acuerdos de paz, en ese tiempo apenas el 10% fungió como negociadoras, 14% mediadoras y 27% designatarias.
Medio ambiente
Los modelos de producción y consumo insostenibles profundizan la crisis ambiental y amplifican las desigualdades de género, afectando de forma desproporcionada a las mujeres y niñas, quienes enfrentan mayor pobreza, inseguridad alimentaria y riesgos de violencia. La falta de derechos sobre la tierra y de participación en la toma de decisiones agrava esta vulnerabilidad.
En los últimos años, la igualdad de género ha ganado reconocimiento como parte esencial del derecho a un medio ambiente sano y de políticas de biodiversidad, mientras emergen propuestas de justicia climática feminista que buscan articular redistribución, representación y equidad intergeneracional. Pese a avances en leyes ambientales con enfoque de género y en el acceso de mujeres a tecnologías resilientes o empleos verdes, la transición hacia la sostenibilidad sigue anclada en modelos económicos que no son plenamente justos ni ecológicos.
En el peor de los escenarios climáticos, 236 millones de mujeres y niñas podrían verse abocadas a la inseguridad alimentaria en 2050. En suma, el 53% de los Estados aprobaron o reforzaron leyes y políticas con perspectiva de género sobre la reducción del riego de desastres y la resiliencia climática y ambiental. La representación política de las mujeres se asocia con políticas más firmes contra el cambio climático, pero solo el 28% de las carteras ministeriales de medio ambiente son ocupadas por mujeres.
